Por Sebastián Chavarría Domínguez

La concentración de poder en la familia Ortega-Murillo ha traído un contra fenómeno al interior del FSLN: la lucha desesperada de las corrientes que se resisten a morir. Continúa funcionando el gobierno anterior, es decir, siguen al frente de las instituciones los mismos funcionarios del periodo 2007-2012.

Pareciera que existe un statu quo inamovible en la sociedad, pero eso no es cierto: la lucha política se ha trasladado ahora al interior del FSLN y se expresa en protestas callejeras.

Desplazando a la “vieja guardia”

En sus 50 años de historia, desde la guerrilla hasta la toma del poder, el FSLN se ha caracterizado por ser un partido muy disciplinado y extremadamente centralizado. Aunque siempre han existido corrientes en su interior, muy pocas veces los sandinistas discuten en público, muchos menos ante sus enemigos.

Desde mucho antes de la última victoria electoral de Daniel Ortega, se conocía del malestar de la “vieja guardia”, compuesta por algunos de aquellos militantes que vienen de la guerrilla, o que combatieron a la contra, o que se mantuvieron fieles en los 16 años del periodo neoliberal, por la irrupción de una nueva generación de militantes, con mayor preparación académica, y que ocupan mejores posiciones en el aparato del Estado.

La lucha de poder entre la “vieja guardia”, cuyos máximos exponentes son el  Comandante de la revolución, Bayardo Arce Castaño, y el coronel en retiro, Lenin Cerna Juárez, y la nueva generación de militantes sandinistas, que constituyen la base de apoyo interno de la corriente emergente de Rosario Murillo, comienza a rebasar las estrictas fronteras del partido FSLN.

Rosario Murillo ha sido la jefa de campaña de las últimas dos elecciones presidenciales (2006 y 2011), en las que ha salido vencedor Daniel Ortega, superando el estigma de 16 años de derrotas continuas. La autoridad y el prestigio  de la “compañera Rosario” han aumentado en las filas sandinistas, en detrimento de las otras corrientes que han sido acorraladas y desplazadas.

Bayardo Arce, por ejemplo, no ocupa ningún cargo gubernamental, solo el honorífico cargo de “asesor económico” del Presidente Ortega. Su corriente interna, el llamado Movimiento de la “Generación de los 80”, terminó siendo desarticulado. El coronel Cerna, que ocupó durante mucho tiempo el vital cargo de secretario de organización, ya no tiene vida pública. Tomás Borge ocupa el cargo de embajador en Perú, sin mayor incidencia en la vida partidaria.

La mayoría de los actuales diputados dentro de la Asamblea Nacional pertenecen o son proclives a la corriente emergente que lidera la poderosa “compañera Rosario Murillo”.

Forcejeo por la elección de candidatos

Aprovechando el reciente y aplastante triunfo electoral, la corriente de Rosario Murillo ha iniciado una maratón para depurar el aparato electoral del FSLN, desalojando los últimos escondites donde se habían refugiado las otras corrientes: las alcaldías municipales. Recientemente Rosario Murillo anunció que, para la campaña electoral municipal del año 2012, el FSLN tiene la meta de obtener 150 alcaldías, es decir, el 80% de las mismas. Es una meta muy ambiciosa.

El FSLN quiere aprovechar la estabilidad macroeconómica y el ambiente de relativa calma social, para consolidar aun más su hegemonía. No obstante, en las últimas semanas se han producido pequeñas manifestaciones callejeras de sandinistas en contra de la imposición de candidatos en los departamentos de Masaya, Ocotal, Matagalpa, y la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), entre las más importantes.

Lo más relevante de esta rebelión interna fue la marcha de protesta de militantes sandinistas ante la propia secretaría general del FSLN, el pasado 7 de febrero. En sus pancartas, estos militantes simpatizantes sandinistas reclamaban la intervención de Daniel Ortega en el proceso de escogencia de candidatos a alcaldes.

El imperialismo aprieta la tuerca

Este conflicto interno, que ha dejado de ser un rumor, para adquirir la forma de mítines y marchas de protesta, se produce en el marco de una creciente presión de Estados Unidos y la Unión Europea contra Nicaragua, en sentido de obligar al gobierno de Daniel Ortega a aprobar una reforma electoral y tratar de incidir en la elección del combo de 35 altos funcionarios, cuyos cargos están vencidos.

El apriete de tuercas se manifiesta en el retiro del “apoyo presupuestario” por parte de los donantes europeos, y por la reciente amenaza de Estados Unidos de revisar con lupa los préstamos a Nicaragua. Todo ello es la antesala de una negociación, cuyos resultados no podemos prever.