Por Sebastián Chavarría Domínguez

Antes de las elecciones del 6 de Noviembre del 2011, cuando ya se había roto el pacto entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Daniel Ortega había impuesto su hegemonía, se fueron venciendo, uno a uno, los cargos de los altos funcionarios.

La gran consigna de la oposición burguesa, antes y después de las elecciones generales del 6 de noviembre del 2011, fue la de cambiar a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), especialmente a Roberto Rivas, a quien acusan de organizar los fraudes electorales a favor del FSLN.

Pero el FSLN respondió al clamor de la oposición con el Decreto Ejecutivo 03-2010: “Ante la omisión de dichos nombramientos [por parte de la Asamblea Nacional]  se crea un vacío de Poder en los Órganos e Instituciones de Estado que obstaculizan el libre funcionamiento y el correcto desempeño de éstos. En virtud de lo anterior y para evitar un vacío de poder, se ratifican y prorrogan en sus cargos a todas las Autoridades de los Poderes e Instituciones del Estado mencionados en el artículo anterior a quienes se les venza el período en el futuro inmediato, hasta tanto la Asamblea Nacional no nombre a nuevos funcionarios o ratifique a los actuales”.

Daniel Ortega utilizó el segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución, creando una polémica entre los constitucionalistas, sobre el hecho que los funcionarios con periodo vencidos debían permanecer en sus puestos, hasta que la Asamblea Nacional lo ratificara o eligiera un sustituto.

La desesperada búsqueda de los altos cargos

Desde mucho antes de la última reelección de Daniel Ortega en 2011, la oposición burguesa ha reclamado de manera insistente que se elija el combo de 35 altos funcionarios de los poderes e instituciones del Estado.

Y es que ante los magros resultados electorales en las elecciones generales del 2011 y las elecciones municipales del 2012, la  oposición burguesa, ahora representada por el Partido Liberal Independiente (PLI), esta urgida de colocar a sus cuadros al frente de estas instituciones, para obtener recursos económicos y fortalecer su clientela política.

Para los partidos burgueses, el programa y los principios solo son escalones para llegar al poder, y lo más importante del poder son los cargos y los privilegios que de ellos se derivan. Nada más!!

La Iglesia y empresarios insisten en la elección

Actualmente el FSLN tiene una mayoría del 60% de los diputados en la Asamblea Nacional, lo que permite aprobar leyes y hasta reformar la Constitución, sin necesidad de negociar nada con otros partidos.

No obstante, la llamada “comunidad internacional” le presiona para hacer concesiones y compartir algunas cuotas de poder, le obliga a incorporar a la oposición en algunos altos cargos, para con ello cumplir con el principio de “representación proporcional” consagrado en la Constitución.

En abril del 2012 se produjo un primer intento de acuerdo entre el FSLN y el PLI, para arribar a un acuerdo sobre cuantos cargos les corresponderían a esta última agrupación política. En junio del 2012, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) demandó “que el gobierno solucione la crisis que se deriva de la no elección de los cargos vencidos en el Estado, raíz principal de la incertidumbre política y económica que se verá incrementada de no alcanzarse el acuerdo correspondiente por el bien del pueblo nicaragüense”.

En Diciembre del 2012, monseñor Leopoldo Brenes, jefe de Iglesia Católica, muy crítica al gobierno sandinista, insistió una vez más que “la Asamblea Nacional está debiendo a la población la elección de aquellas personas a las que ya se les venció su plazo. Ojalá pues que al comenzar la nueva legislatura -después de las vacaciones- puedan trabajar, y puedan responder y complacer a ese grito unánime que hay de gran parte de la población de que se elijan a aquellas personas que ya tienen su tiempo vencido”.

En enero del 2013, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), en relación a la elección de los 35 altos funcionarios planteó una posición amplia, en el sentido que “lo más conveniente es que sea una decisión no unilateral, sino negociada con la clase política que permita destrabar este tema y se nombren estos cargos indistintamente de que hoy están ejerciendo esa posición los mismos funcionarios que estaban anteriormente”.

Primeros intentos de acuerdo

El tema de la elección de los funcionarios volvió al tapete, cuando Rafael Solís, magistrado sandinista, declaró recientemente que probablemente la elección del combo de 35 altos funcionarios se realice antes del receso de mediados de años de la Asamblea Nacional: “la idea es respetar ese equilibrio político. Eso no es una cuestión matemática”. (La Prensa, 9/01/2013)

El diputado Eliseo Núñez Morales, miembro de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN)  del PLI, ha aceptado públicamente que se han producido los primeros acercamientos con el gobierno, pero nadie se atreve a dar declaraciones en un sentido u otro, debido a que el año pasado fracasó la comisión negociadora conformada entre el FSLN y el PLI. En un inusual gesto conciliatorio, Núñez Morales dijo que el reciente envío de lista de ministros y altos funcionarios para ratificación a la Asamblea Nacional, mostraba un interés del gobierno por volver a la institucionalidad.

Mientras tanto, Eduardo Montealegre, el controversial dirigente del PLI, negó las negociaciones secretas con el FSLN y dijo que prefiere no tocar el tema en los medios de comunicación, confirmando los rumores de acuerdos preliminares por debajo de la mesa de negociaciones.

Los cambios en el régimen político

Bajo la segunda presidencia de Daniel Ortega (2007-2012) se produjo un silencioso cambio en el régimen político, hasta ese momento caracterizado por el bipartidismo y por una preeminencia de la Asamblea Nacional sobre el resto de poderes del Estado.

En ese periodo, tras una serie de hábiles movimientos políticos, el FSLN rompió el pacto con Arnoldo Alemán, e instauró su hegemonía bonapartista sobre el conjunto de la sociedad y de las instituciones del Estado. El control de Daniel Ortega y del FSLN es casi total. Por ello la elección de los 35 altos funcionarios se ha convertido para el gobierno, en un problema secundario. Todos los funcionarios electos en los periodos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, abandonaron el PLC y se pasaron de cuerpo entero al nuevo gobierno. Los poderes  e instituciones del Estado mantuvieron la estabilidad y la continuidad, en detrimento del PLI que es el partido político emergente que pasó a ocupar el espacio del PLC en el plano electoral, pero que no tiene un solo magistrado y no controla una sola institución.

Las propuestas de la sociedad civil

En diferentes oportunidades, los ONGs que se hacen llamar pomposamente “sociedad civil” han hecho sus propuestas de personas supuestamente honorables y apolíticas para ocupar los altos cargos. Con ello se abona supuestamente a la lucha contra la corrupción.

Durante los años 2011 y 2012 el PLI apoyó las propuestas de la sociedad civil pero en la medida en que se van acercando las fechas para la elección de los altos funcionarios, el discurso se ha vuelto moderado hasta caer en el silencio. En un momento determinado el PLI criticó al PLC por pactar cuotas de poder, pero hoy el PLI lucha desesperadamente por ocupar esas cuotas de poder, lo que ha creado serias contradicciones internas.

La crisis interna del PLI

Y este tema se ha vuelto sensible para Montealegre y su grupo, quienes reciben acusaciones de “traidor” por el ala dura que precisamente fue captada con el discurso contra el pacto y la corrupción. En momentos en que negocia secretamente con el FSLN, el PLI muestra una enorme debilidad interna que amenaza con destruirlo.

El proceso de elección interna y de renovación de las autoridades del PLI se ha transformado en una verdadera guerra civil, por el control de los sellos y del aparato del partido sucesor del PLC.

Elección popular de todos los funcionarios

Que el PLI termine ocupando el papel del PLC no debe extrañar a nadie. Los partidos burgueses luchan por cuotas de poder y no por el beneficio de los trabajadores y el pueblo. Y el FSLN está montado en el poder, y hará todo tipo de maniobras para conservarlo. Una de ellas es ceder cuotas a la oposición, a pesar que la tiene arrinconada contra las cuerdas.

Estos pactos y repactos antidemocráticos deben terminar. No es un problema de cambiar a los sujetos de los pactos secretos, sino democratizar el conjunto de la sociedad nicaragüense. Que los trabajadores y el pueblo sean por primera vez los actores que decidan la conformación del gobierno y de los poderes del Estado.

No podemos permitir que los altos funcionarios públicos sean negociados en la oscuridad, entre las fracciones burguesas.

Se requiere la participación directa y democrática de los ciudadanos en la elección de estos funcionarios. Las Constituciones de Centroamérica, en el siglo XIX, muy impregnadas del liberalismo de la Revolución Francesa, contemplaban que los magistrados debían ser electos directamente por el pueblo, aunque no todos tenían derecho a votar.

Ahora que todos tenemos derecho de votar, se le debe volver contenido y capacidad de decisión al voto, eligiendo directamente y destituyendo a los altos funcionarios, los cuales no deben ganar más allá del salario de un obrero calificado.