Por Melchor Benavente

El auge de la extracción de oro en Nicaragua, ha provocado conflictos sociales con los mineros artesanales. Actualmente, el oro ha desplazado al café como principal rubro de exportación. La crisis financiera internacional ha provocado que los especuladores compren oro en vez de papeles, pero este boom de la minería no favorece al pueblo ni a los mineros artesanales, sino que engorda las ganancias de las transnacionales.

Comienza la Rebelión

A inicios de septiembre del 2012, alrededor de unos mil mineros artesanales, conocidos como “guiriseros”, iniciaron una protesta contra de la nueva concesión del Ministerio de Energía y Minas (MEM) a favor de la transnacional B2Gold.

Los mineros montaron un “tranque” (barricada) en el lugar conocido como El Aserradero, dos kilómetros antes de Santo Domingo, que impidió el paso de vehículos de la transnacional B2Gold, también rodearon la alcaldía municipal, exigiendo una revisión del estudio de impacto ambiental otorgado por el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente (MARENA) que autorizaba la explotación de la veta Jabalí Central.

Las tensiones se han mantenido, con altos y bajos. Bajo el pretexto de garantizar la libre circulación, en la madrugada del 8 de Febrero, la Brigada Antimotines de la Policía Nacional  procedió a desalojar el tranque de 500 mineros artesanales, en el sector de El Cafetal, provocando un enfrentamiento a garrotazos, morterazos, palos y piedras. El resultado fueron 47 mineros capturados, y alrededor de 30 mineros y 17 policías heridos.

Los mineros del sector de El Cafetal, son apenas una parte del movimiento de los mineros artesanales, quienes han levantado la demanda de indemnización por 15 millones de dólares. Juan José Morales, uno de los dirigentes, resumió su principal reivindicación: “Si no nos indemnizan con los 15 millones de dólares, que se vayan del pueblo. (La empresa B2Gold) nos desalojó de donde nosotros trabajamos y ahora no tenemos dónde trabajar”. (El Nuevo Diario, 10/2/2013)

La transnacional B2Gold, presionada por el rechazo del pueblo minero, ha hecho algunas propuestas conciliadoras pero que también han sido rechazadas: “establecimiento del derecho al 1% en un área de 40 manzanas para extracción de mineral dentro de la concesión de Desmenic S.A; procesamiento de 100 toneladas en las instalaciones de Desmenic S.A., en La Libertad; compensación a mineros artesanales por afectaciones y desplazamiento comprobados”.

La situación es tan tensa, que la Policía Nacional prácticamente ha ocupado el poblado de Santo Domingo, una zona de tradición antisandinista.

Proceso penal contra dirigentes

A pesar que los enfrentamientos se produjeron en el departamento de Chontales, la Policía Nacional trasladó 12 de los principales dirigentes de los mineros prisioneros a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua, con la intención de desmoralizar al movimiento minero.

Posteriormente, fueron colocados  a la orden del juez penal de distrito de Juigalpa, Chontales, quien dictó prisión preventiva, y ahora la Fiscalía los está acusando a 37 mineros (12 detenidos, 16 acusados no están detenidos porque están lesionados y nueve están libres) de los delitos de “amenazas de muerte, lesiones graves y leves, obstrucción de funciones de la labor policial, y por el delito de conexión y desplazamiento en el municipio en perjuicio de la ciudadanía”.

Dividiendo la resistencia

Mientras se procesa penalmente a los dirigentes, aprovechando el atemorizamiento creado por la represión policial, la transnacional B2Gold ha firmado acuerdos con algunos grupos de mineros, como los Lavadores del Río Artiwas, Barrio “Carlos Fonseca”, que aglutina a unos 120 miembros, creando una pequeña empresa que priorizaría la mano de obra local en las operaciones de la nueva mina Santo Domingo, así como el establecimiento de un mecanismo de trabajo conjunto.

¡Alto a la criminalización de la protesta social!

El gobierno sandinista ha abierto la puerta a las transnacionales mineras, en detrimento de los mineros artesanales. La lucha de estos es en el fondo una lucha directa contra las transnacionales mineras.

La repuesta del gobierno ante la intransigencia minera, fue la represión y la criminalización de la protesta de estos. Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) exigimos la inmediata liberación de todos los mineros detenidos, la anulación del proceso penal en su contra, y la inmediata suspensión de todas las concesiones a favor de las transnacionales mineras.

Las minas pueden producir oro con estos trabajadores y bajo su control y administración .Esta es la única manera que la minería no dañe el medio ambiente y sus ganancias sean reinvertidas a favor del pueblo de Nicaragua.