Por Josefina Arguello.

Actualmente existe un amplio debate en Nicaragua, sobre los alcances de la Ley No 779, Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641, Código Penal, la cual está siendo criticada y atacada en la Sala Constitucional, por supuestas violaciones a la Constitución.

Continúan los femicidios

“Yo la maté porque andaba con otro, le di con un garrote en la nuca, la amarré de las manos, le tapé la boca porque quería gritar, la arrastré, hice un hoyo y después la enterré, aún estaba viva". (El Nuevo Diario, 04/02/2013).

“A 60 años de prisión fueron sentenciados Noel Ernesto Altamirano, alias “El Pinol”, y David Carazo Díaz, apodado “La Cabra”, quienes por segunda vez fueron declarados culpables por el doble asesinato perpetrado la madrugada del 24 de diciembre de 2009 en la comarca Los Membreños. Altamirano y Carazo fueron sentenciados a pagar con 60 años de privación de libertad por el asesinato de la doméstica María Cristina Guido Orozco y el de su hija Rubí Orozco, quien en ese entonces tenía siete años”. (El Nuevo Diario, 9/4/2013.)

Estas son algunas de las noticias que los ensangrentados titulares presentan en los diferentes medios de comunicación. Sin embargo, todavía hay unos daltónicos que al igual que en un ruedo, no ven por ningún lado el sufrimiento del toro y piensan que están justificadas las corridas, porque la cultura violenta es algo a lo que están acostumbrados.

La Ley 779 entró en vigencia en Junio del 2012, la cual estipula que la violencia contra las mujeres tiene que ser sancionada y tipificada como “feminicidio”. Esta ley se aprobó, según algunos especialistas en derecho, sin ser debidamente consultada y que fue un proyecto personal de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Alba Luz Ramos.

Durante este tiempo se han incrementado las denuncias de abusos y violencias contra las mujeres. La cuestionada ley ha sido al menos un respaldo para que las mujeres acudan a las distintas Comisarías e Instituciones responsables de darles respuestas a sus demandas.

El Doctor Zacarías Duarte, Director del Instituto de Medicina Legal lo confirma: “Se han incrementado las pericias sicológicas en un 287 por ciento porque antes la valoración médica estaba enfocada a buscar daño anatómico, en el cuerpo como moretones, fracturas, en cambio ahora a la víctima se investiga de manera integral físico y psicológico, es decir se investiga presencia de alteraciones psicológicas, mentales” (La Prensa. -09-04-2013)

La ley ha sido motivo de polémicas a nivel de los medios de comunicación, porque en la realidad, entre las cuatro paredes donde se genera la violencia y los asesinatos estas elucubraciones que si la ley es incluyente o excluyente, que sí es constitucional o inconstitucional, pero no frena los impulsos de abusos de poder que ciertas personas presentan al cometer delitos contra las mujeres, niñas y niños.

Según el informe presentado por las Redes de Solidaridad, el cual indica las estadísticas de mujeres asesinadas en el 2012 en el país, esta cierra un total de 85 que en comparación al 2011 tuvo un aumento de 9 víctimas.

“De las 85 mujeres asesinadas, 13 de ellas habían puesto denuncias en las comisarías de la mujer y niñez en Managua, distrito IV, distrito V, distrito VI, en la comisaría de Tipitapa, Nagarote, Matagalpa, Chinandega, RAAN, RAAS, por reiteradas ocasiones, sin que las autoridades dieran las debidas medidas precautelares para salvaguardar la vida de las víctimas, el resto de ellas nunca denunciaron las agresiones, 13 mujeres fueron violadas antes de ser asesinadas y 2 niñas antes de ser asesinadas fueron secuestradas, torturadas y sus cuerpos fueron encontrados en predios baldíos semienterradas” Red de solidaridad, (Informe de Feminicidios 2012).

La red de mujeres contra la violencia señala que el sistema judicial no tiene la capacidad suficiente para dar respuesta a las denuncias, hay poco seguimiento a los procedimientos y muchas veces caso omiso a la demanda de las mujeres.

“Se evidencia en 29 femicidas prófugos de la justicia, 15 la policía no sabe a quién buscar, 24 presos, 4 condenados, 5 se quitaron la vida, 2 feminicidios impunes (fueron condenados sólo por el delito de robo agravado y violación y no por el de femicidio) 1 quedó libre de toda culpa por vencimiento de término y 2 están detenidos en Costa Rica.” Red de solidaridad, (Informe de Feminicidios 2012).

El debate jurídico está limitado a un pequeño grupo de personas que al parecer no están al tanto de las cifras mostradas y temen ser las “próximas víctimas” de la secta llamada “Red de Mujeres contra la Violencia”.

¿Una Inquisición contra los hombres?

“Aún se habla de reformar la ley, cuya vigencia no tiene un año, más los estragos y destrozos lo sienten miles de familias divididas y destruidas por la draconiana legislación. A regañadientes algunos diputados han tenido que reconocer el desastre, pero eximen de culpa a la ley, culpan de las abusos y arbitrariedades a la Policía Nacional, cuando en verdad la ley fue redactada de tal modo que obliga a las comisarías de la mujer a proceder conforme el principio inquisitorial: “verdad sabida buena fe guardada”, al punto que todo lo que diga la mujer en la policía es “palabra de Dios”, Valentín Barahona, (El Nuevo Diario. 04-08-2013)

Así como el señor Barahona, hay muchos que satanizan la ley y la minimizan a ser un instrumento de persecución de brujos misóginos creados por nueva Inquisición llamada Ley 779. Formulada en los laboratorios de las Ongs feministas para justificar su trabajo de género y amparados por la Magistrada Alba Luz Ramos, la Ley No 779 es la nueva “Torquemada” de los hombres asesinos confesos.

Pensar de esta manera utilizando argumentos jurídicos, a conveniencia de ciertos hombres, y ver estos atroces asesinatos como un asunto de exclusión de la ley y no de un problema social radicado en los cimientos familiares que obedecen a una cultura postguerra, una cultura donde la codependencia emocional de las mujeres y el abuso de poder que ejercen los hombres dentro de la familia, es precisamente lo que tiene divididos los hogares en el país. Afirmar que la ley como tal es la responsable de destruir familias, es igual a decir que los alcohólicos toman porque Jesús convirtió el agua en vino.

Si tomamos como verdad absoluta que la ley está ajusticiando a inocentes almas sin pecado original, no tendríamos confesiones tan escabrosas como la de Omar Arauz, de 19 años quien después de matar a su compañera, por presuntos celos, la violó y la enterró todavía viva. Si esto es ficción feminista, hay que redactar novelas al estilo del escritor estadounidense Stephen King y llevarlas a la pantalla grande.

Desconocimiento de la realidad de las mujeres

Hay un total desconocimiento de lo que está sucediendo con detalle en las Comisarías de la Mujer cuando las agredidas llegan a interponer una denuncia por abusos por parte de sus cónyuges. Lo registrado por la red de solidaridad desmitifica totalmente lo que algunos quieren demostrar para desprestigiar la razón de ser de la ley.

“El informe presentado sobre la Diseminación de la Ley 779, se encontró en cuanto a procedimientos que aún:

• No se están aplicando las medidas precautelares y cautelares, que pudieran hacer la diferencia entre la vida y la muerte de las mujeres víctimas de violencia.

• Se continúan recomendando mediaciones. Por ejemplo, en la Comisaría Distrito V, en Matagalpa y en Masaya. Y no se recepcionan las denuncias conforme Ley.

• Procesos investigativos débiles y con vicios. Falta personal especializado en la Policía y las Comisarías.

• Estrategias dilatorias por parte de la defensa del victimario, acción que violenta el principio de celeridad y tráfico de influencias que genera impunidad y procesos amañados que absuelven a agresores y femicidas.” Red de solidaridad, (Informe de Feminicidios 2012).

En el punto dos, según registro de este informe, se continúan recomendando mediaciones, esto contradice lo que señala un artículo de opinión de El Nuevo Diario “que todo lo que diga la mujer en la policía es palabra de Dios”. Recomendamos al distinguido Doctor Barahona que salga de las suposiciones fundamentalistas, visite un poco más las comisarías de las mujeres y levante una estadística más seria. De lo contrario seguirá dando golpes de ciego en su infructuosa campaña de desprestigio de la Ley No 779.

Incapacidad del Estado

No obstante, tanto los críticos de la ley, como la misma Red de Mujeres contra la Violencia y la Magistrada Alba Luz Ramos, si en algo coinciden es que el aparato jurídico todavía no está preparado totalmente para dar cumplimiento a la misma.

“Veremos la creación de redes de apoyo en las zonas, con la participación de la comunidad. Las medidas precautelares contempladas en la Ley 779 no se están aplicando por falta de quién les dé seguimiento y necesitamos mejorar la aplicación de la Ley”, dijo Ramos. También dijo que a medida que los recursos del Estado mejoren para la aplicación de la Ley y la población colabore, también mejorará su aplicación en el territorio”. (La Prensa 09-04-2013)

Este vacío es el que pone en riesgo la vida de muchas mujeres que buscan la protección de las Instituciones al verse amenazadas en sus hogares y estas no dan respuesta de manera efectiva. Por otro lado, el abuso de las autoridades debilita la efectividad de la ley porque agentes de la policía se han visto también involucrados en bochornosos casos de abusos sexuales a mujeres y niñas.

El silencio de Aminta Granera

Es de dominio público en Nicaragua el caso de tres policías que abusaron de una niña con capacidades diferentes, a escasos metros de la casa presidencial y despacho del F.S.L.N. Así como el reciente caso de una mujer abusada dentro de las cárceles de Tipitapa, detenida por tráfico de drogas.

“La jueza del caso y titular del juzgado segundo especial de violencia de Managua, Aleyda Irías, declaró culpables a los ex oficiales Timerson Parrales, Edwin Jarquín y Walter Téllez, que previo al juicio fueron dados de baja deshonrosa por la Policía Nacional. Irías inculpó a Parrales y Jarquín por violación agravada y a Téllez por abuso sexual en perjuicio de una niña de 12 años con discapacidad intelectual. Efe. 2013-01-02

“La Policía Nacional detuvo y dio de baja deshonrosa a dos policías del Distrito Ocho de esa institución, por estar vinculados a la violación contra una detenida en esa delegación. El vocero de la Policía, comisionado mayor Fernando Borge, confirmó que los sospechosos en este caso son Ariel Antonio García Martínez, del área de control de detenidos en ese distrito y principal sospechoso de la agresión y Samuel Martín Casanova Mercado, jefe de sector, quien habría actuado en complicidad con García. La víctima, una mujer de 37 años, había sido conducida a esa delegación después de haber pretendido introducir marihuana a la cárcel Modelo de Tipitapa, durante una visita conyugal”. (La Prensa 05-04-2013)

No obstante, la primera comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera, todavía no hace un pronunciamiento oficial de estos dos casos y el de violaciones múltiples ocurridos en Nueva Guinea donde también hay oficiales de la policía involucrados.

Combatir el silencio

Algunas instituciones de la sociedad civil, ven con preocupación estos incidentes los cuales reiteran como se manifiesta el círculo de la violencia pero a niveles más altos.

Cuando un víctima sufre de abuso sexual, o violencia la primera reacción es ocultar que existe el hecho como tal, callando o negándolo; ya sea por vergüenza porque nadie le creerá por su condición de mujer o porque el abusador tiene una posición de poder que utiliza para amenazar con la muerte.

Ante una víctima que se atreve a denunciar un hecho de esta naturaleza, muchos hacen caso omiso. Primero diciendo que puede ser un invento de la víctima, minimizando los hechos y protegiendo al abusador.

Mónica Zalaquett, directora del Centro de Prevención de la Violencia (Ceprev), declaró ante el programa televisivo “Esta Noche” lo siguiente, en relación al silencio mostrado por la comisionada: “Sería fundamental que la primera comisionada, Aminta Granera, se pronunciara ya respecto a estos casos. Yo creo que es el momento de ponerle un alto a este tipo de actuaciones policiales. Es su oportunidad y ojalá lo haga” (Confidencial 10-04-2013)

¿Es inconstitucional la Ley No 779?

El artículo 27 de la Constitución Política de Nicaragua ordena que: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social”

Amparados bajo este artículo, algunos juristas comentan que la Ley 779 tiene sesgo porque siempre protege el género femenino, la Constitución establece que no pueden haber leyes proscriptivas o discriminatorias.

En materia constitucional, la ley es clara porque dice que todo ciudadano tiene igualdad de derecho a la protección, sin embargo las mujeres organizadas se vieron obligadas a pedir una ley especial para su protección por el alto índice de víctimas asesinadas, violadas y abusadas en manos de los hombres.

Si la ley no puede ser proscriptiva ni discriminatoria porque se debe regir bajo el principio de igualdad, las cifras y los hechos nos demuestran que las mujeres, niñas y adolescentes no gozan de este principio de protección ni en sus hogares, ni en las calles, ni en la policía donde se debe brindar protección civil a todo ciudadano sin distingos de ninguna naturaleza.

La Policía, la sociedad civil, y el estado son responsables de garantizar que cese esta cultura de odio y escarnio hacia las mujeres que desde el seno de las familias son reproducidos y que algunas instituciones gubernamentales están aprovechando su condición para perpetuar el ciclo de violencia.

¿Cuál es el lugar más seguro para las mujeres?

“Femicidios Íntimos (63)*: Crímenes cometidos por hombres con quienes la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia. El femicidio íntimo, indica que no debe rotularse el asesinato de “pasional”, porque de esta manera se esconden y se justifican la violencia extrema.

Femicidios No Íntimos (19)*: Crímenes contra mujeres cometidos por hombres con quienes la víctima NO tenía relaciones íntimas, no existía vínculos familiar, ni de convivencia, sin embargo la saña y crueldad fueron las mismas.” Red de solidaridad, informe de feminicidios 2012.

En un cuadro estadísticos presentado por la Red de Solidaridad, informe de feminicidios 2012 tomamos los siguientes datos: De las 85 mujeres asesinadas el año pasado, 63 mujeres fueron por manos de sus cónyuges, ex parejas o familiares, 19 fueron por desconocidos. El 49 % de estos sucesos ocurrieron en el hogar, el 26 % en la calle y un 5 % en el centro de trabajo. Las armas de mayor popularidad siguen siendo los machetes y los cuchillos, el 37% utilizó este medio, seguido por arma de fuego 29 %. La mayoría de las mujeres antes de su muerte fueron violadas y golpeadas.

85 mujeres registradas en una nómina del 2012 no pudieron gozar del derecho a su seguridad integral que tanto pregonan los especialistas en Leyes Constitucionales. Si la Ley 779 es la responsable que los hombres sientan su libertad amenazada porque se está favoreciendo de manera desigual a las mujeres hay que preguntarse cuál es el lugar más seguro para que éstas puedan ejercer su individualidad de manera plena sin discriminación alguna y sin ver amenazada su vida y la de su familia.

¿Cuál es la salida?

Algunas teóricas del feminismo, escribieron hermosos ensayos sobre el papel de la mujer a través de la historia y su rol en los distintos modelos económicos y sociales. La francesa Simone de Beauvoir, en su libro “El segundo sexo” planteó el feminismo desde el punto de vista existencialista expresando que el problema de la mujer siempre ha sido un asunto de hombres. ¿Qué es la mujer? pregunta la Beauvoir y la respuesta es que las mujeres siempre se les han definido como la “otra” “es definida y diferenciada con referencias al hombre y no él con referencias a ella”

La norteamericana Evelyn Reed, feminista socialista señala que es el patriarcado que mantuvo las propiedades del capitalismo principal responsable de crear esa brecha entre hombres y mujeres. Para ella, el surgimiento de las clases sociales desde la separación del trabajo entre la comunidad primitiva fue degradando la labor comunitaria que se ejercía donde hombres y mujeres tenían igualdad de condiciones, privilegios y decisiones.

Pero, en un país como Nicaragua, que ocupa el lugar 129 del Índice de Desarrollo Humano (IND) donde el 70 % de la población son menores de 35 años, un buen porcentaje está considerado “Ni-Ni” (ni trabajan ni estudian), de acuerdo a la nomenclatura del PNUD, muchos no completan la educación primaria y el sistema educativo no tiene los suficientes recursos económicos para fomentar un programa de educación en equidad de género, estas ostentosas teorías son exclusivas para una élite que debate en el mundo de las ideas y en los pasillos de las aulas universitarias.

En el mundo real, donde no hay empleo, donde la mujer promedio está sometida a cualquier tipo de abusos para sostener sus hogares, donde muchas de ellas tienen doble jornada laboral y no gozan de seguridad ni en sus hogares, ni en la calle ni en centros de trabajo; los nombres de estas feministas les sonarán a artistas de cine, marca de ropa o perfumes que también le serán inaccesibles.

El problema de la violencia tiene que enfrentarse con el acceso a la educación, con mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, especialmente de las mujeres, el sector doblemente oprimido y explotado. El Estado debe ser el protector y no perpetuador de abusos de todo tipo.

La violencia hacia las mujeres, no es una novela de crimen organizado que actualmente las grandes televisoras presentan. La violencia hacia las mujeres empieza en nuestros hogares, donde no hay oportunidad de cambiar el canal y ver una novela romántica mexicana donde las pobres encuentran un hombre millonario, que les garantiza bienestar económico y emocional.

La violencia contra las mujeres en Nicaragua, si no la empezamos a nombrar con todas sus consonantes, seguiremos cancaneando y teorizando un asunto que una sola ley no pondrá fin. La ley debe ser una de las tantas medidas que se deben tomar para cambiar los paradigmas que nuestra sociedad enferma.

Si hablamos del principio de igualdad, son los hombres los llamados a contribuir con el cumplimiento de la ley a dar acompañamiento a las mujeres víctimas de esta violencia, no desde el punto de vista de amenazados, sino desde la reflexión profunda y realizar estos cambios. 85 mujeres asesinadas es una cifra alarmante, detrás de cada una de estas mujeres hay hijos, madres, hermanos familias enteras que demandan justicia, reclaman un cambio en las instituciones, en el Estado y en las Iglesias, donde también se esconde el abuso.