El oportunista Agustín Jarquin Anaya, antiguo aliado del FSLN, ahora es dirigente de la derecha
    

Por Sebastián Chavarría Domínguez

La alianza política de 13 años entre el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la diminuta Unión Demócrata Cristiana (UDC) que lidera Agustín Jarquín Anaya, entró en crisis a mediados del año 2012 cuando esta organización tomó distancia del gobierno sandinista y manifestó su intención de participar de manera independiente en las elecciones municipales de noviembre de ese mismo año.

Cancelación de la personalidad jurídica

La UDC había logrado salvar su personalidad jurídica, en la medida que participó en la alianza electoral liderada por el FSLN en las elecciones del 2001, 2006 y 2011. Pero las intenciones de la UDC de tener un perfil propio, fueron coartadas cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE) emitió una resolución que negó la posibilidad de que participara en las elecciones de Noviembre de 2012 y, meses después, dictó otra resolución, el 16 de abril del 2013, cancelando la personalidad jurídica de la UDC, por no haber completado el requisito mínimo de completar el 80% de los candidatos en los 153 municipios (solamente presentó el 31%).

Acercamiento con el PLI

En las elecciones generales del 2011, Agustín Jarquín fue electo nuevamente diputado por la alianza “Unida, Nicaragua Triunfa”. Desde su condición de diputado, Agustín Jarquín comenzó a acercarse paulatinamente a la Bancada Democrática (BD), que está compuesta por diputados del Partido Liberal Independiente (PLI) y del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ingresando en junio del 2013 a la misma, después de romper públicamente con el FSLN.

Destitución de la diputación

El régimen bonapartista del FSLN no podía tolerar semejante atrevimiento. El 27 de Julio 2013, el CSE dictó una nueva resolución, amparándose en el artículo 82 de la Ley Electoral, que destituyó a Agustín Jarquín de su condición de diputado, argumentado que con sus actitudes ha “traicionado el mandato de sus electores al cambiarse de partido y al mismo tiempo contradice la decisión orgánica del partido que lo postuló como candidato, disminuyendo y poniendo en riesgo la acción y estabilidad de la bancada a la que pertenecía” (Nuevo Diario, 27/07/2013).

El artículo 82 se refiere a la cantidad de candidatos por tipo de elección, pero no contempla la destitución de los diputados. Incluso, la antidemocrática Ley Electoral no contempla ninguna sanción o castigo para el llamado “transfuguismo”, ese fenómeno por medio del cual oportunistas cambian de bando desde su cargo de diputados o concejales.

Derrumbe de paradigmas democráticos

Con estas resoluciones, el CSE ha dinamitado los principios de la democracia burguesa, referidos a la soberanía popular. Según el artículo 2 de la Constitución de Nicaragua, “el poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación”.

No existe la figura de la destitución de los diputados, porque son elegidos directamente por el pueblo, y supuestamente se debe respetar el mandato popular. La Asamblea Nacional puede destituir, bajo ciertos requisitos y procedimientos, a los funcionarios que ella misma elige, como magistrados y funcionarios de las instituciones estatales, pero no puede tocar a sus propios diputados.

Amenazas contra los opositores

Lo anterior no significa –para nada- un apoyo político al oportunista Jarquín Anaya, que antes estaba junto al FSLN y ahora está con el PLI, sino que los trabajadores y jóvenes deben comprender que el endurecimiento del régimen bonapartista, cambia las reglas del juego de la débil democracia burguesa nicaragüense.

El CSE había sentado un nefasto precedente cuando en el año 2007 anuló del cargo al diputado conservador Alejandro Bolaños Davis, y en este año ha destituido a la diputada sandinista Xochilt Ocampo y ahora al oportunista democristiano Agustín Jarquín Anaya.

El problema es que si el CSE tiene capacidad de castigar o destituir a los diputados, por sostener un criterio diferente al gobierno, entonces ya no tiene sentido realizar elecciones.

Independientemente de las posiciones políticas que sostenga un diputado, sea de derecha o de izquierda (¡no hay diputados de izquierda!) se debe respetar la voluntad de los electores. El problema de fondo, es que estas resoluciones del CSE fortalecen el control de las cúpulas partidarias sobre sus propios diputados y sobre los mismos electores. Por ello es urgente una reforma que democratice el sistema electoral, permitiendo, entre otras cosas, la presentación de candidaturas independientes. Los únicos que pueden elegir y destituir o revocar el mandato, son los propios electores.