Por Diego Lynch

La lucha de la Unión Nacional del Adulto Mayor (UNAM) ha venido dando frutos a pasos de hormiga. En el año 2013 el Presidente Daniel Ortega emitió un Decreto por medio del cual se estableció que se les pagara una pensión reducida proporcional a todos los adultos mayores que no habían logrado cotizar las 750 semanas que establece la Ley.

No obstante el decreto emitido, los pagos de las pensiones reducidas han sido un fracaso. Hay meses en los que no salen y existen pagos retrasados, sin contar algunos que jamás salieron. El decreto ha sido una salida de baño para aplacar las constantes luchas de los adultos mayores, quienes siempre son engañados con promesas que no se cumplen o con migajas.

Iniciativa de Ley

Ante las constantes mentiras y manipulaciones del Gobierno de Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la UNAM ha promovido una iniciativa de ley para exigir el pago de estas pensiones, y de no ser así que existan mecanismos para hacerlos cumplir.

La Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) presentará ante la Asamblea Nacional una iniciativa de Ley para establecer que sus casi 30 mil afiliados a nivel nacional puedan recibir una mejor pensión reducida…“Con esta iniciativa de Ley el objetivo es lograr que el decreto emitido por el presidente en 2013 en el que se establecen los montos para pensiones reducidas adquiera rango de Ley de la República”, expresó Alma Mendoza, vicepresidenta de la organización…La directiva precisó que a través de esta norma jurídica todos los adultos mayores que no lograron completar las 750 semanas de cotizaciones establecidas por la Ley General de Seguridad Social podrían tener la certeza de que recibirán el beneficio de una pensión reducida sin importar qué gobierno esté en el poder (El Nuevo Diario; 15 de Abril del 2015).

Lo que se busca

Con esta iniciativa de ley se pretende hacer cumplir el Decreto Presidencial número 28-2013, y que se hagan efectivos los pagos a todos los jubilados, dinero que durante muchos años cotizaron al Instituto de Seguridad Social (INSS) y que jamás se les regresó.

La propuesta contempla agregar dos escalas más de pensiones reducidas tomando como referencia el salario mínimo vigente para la industria manufacturera, fijado por el Ministerio del Trabajo en C$ 4,062.79, para este primer semestre. El decreto presidencial número 28-2013 publicado en julio del año 2013 estableció que aquellos asegurados que alcanzaron la edad de retiro (60 años), y que cotizaron al menos 250 semanas al seguro social tienen derecho a una pensión reducida proporcional a la cantidad de semanas cotizadas. Así, por ejemplo, quienes cotizaron entre 250 y 400 semanas reciben C$1,200 mensuales; aquellos que tienen entre 451 y 600 semanas tienen derecho a C$2,000 y finalmente quienes cotizaron entre 601 hasta 749 semanas les pagan C$2,800. Las dos nuevas escalas propuestas por la UNAM contemplan que aquellos adultos mayores que cotizaron entre 550 y 640 semanas reciban C$3,290 y quienes aportaron al seguro social entre 650 y 749 semanas puedan percibir C$3,656 mensuales. (El Nuevo Diario; 15 de Abril del 2015).

Los empresarios se oponen

Los Empresarios no ven con buenos ojos el pago de la pensión reducida y mucho menos que se regule mediante una ley; para ellos este pago implica un deterioro en la economía y una posible quiebra del INSS.

José Adán Aguerrí, presidente del Cosep, estima que al término de este año el Seguro Social estará pagando más de 35 mil pensiones reducidas. El representante empresarial insistió en que el Cosep no aceptará negociar con el Gobierno una nueva reforma paramétrica porque ya recae sobre el empresariado el incremento de tres puntos porcentuales de la cuota patronal acordada en la reforma pactada en 2013. “Ya el sector privado dio lo que tenía que dar (…) No hay ningún otro ajuste de parte de la patronal ni lo habrá en el corto ni mediano plazo”, aseguró. (La Prensa; 29 de Abril del 2015).

Apoyamos una pensión justa

Desde el Partido Socialista Centroamericano nos solidarizamos con esta lucha justa y digna de los adultos mayores; no es posible que después de tantos años cotizando al INSS estos no vean ni un solo centavo de ese dinero y que el gobierno se robe los mismos para beneficiarse económica y políticamente con sus allegados.

Para evitar una crisis financiera en el INSS es necesario que los gastos sean menores que los ingresos; además evitar el mal uso de estos fondos y las prebendas que los jefes y directores del INSS se recetan con el dinero de las cotizaciones.

Es hora de exigir el pago del robo millonario que hicieron los gobiernos liberales y restablecer las finanzas de la seguridad social; no podemos permitir que sean los trabajadores y jubilados quienes paguen las consecuencias de los malos manejos y robos que los gobiernos han hecho con la seguridad social.