Por Diego Lynch

En el año 2013, tras varios años de lucha por parte de la Unión Nacional del Adulto Mayor (UNAM), quienes exigían al gobierno del Frente Sandinista y al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se les reconocieran un sinnúmero de beneficios y las semanas cotizadas a todos aquellos que no cumplían con las 750 que establece nuestra legislación, Daniel Ortega decidió emitir un decreto mediante el cual se establecía que se les pagaría una pensión reducida y proporcional a todos aquellos que no cumplieron con las semanas que establece la Ley, pero que al menos cumplieron con un mínimo de 250 semanas cotizadas.

Aun con la emisión de dicho Decreto Presidencial los problemas continuaron, ya que no siempre se lograba cumplir con dichos pagos, y la realidad de la UNAM va más allá de una pensión reducida y exigir el pago de la misma, por lo que ésta decidió continuar su lucha y exigir que dichos pagos fuesen regulados por Ley y no solo por un decreto.

La ley es aprobada

Tras la constante presión por parte de la UNAM, el gobierno del Frente Sandinista se vio obligado a dar paso a la iniciativa de Ley de Pensión Reducida y aprobarla en el plenario de la Asamblea Nacional, tratando de quedar como los abanderados y defensores de estos señores.

La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Pensión Reducida, que viene a dar carácter de ley al Decreto emitido por el presidente Daniel Ortega en el 2013, para restituir derechos a los adultos mayores que no lograron cumplir las 750 semanas cotizadas en el Sistema de Seguridad Social. El señor Porfirio García, presidente de la UNAM, junto a otros agremiados, fue testigo de la aprobación de la ley, señalando que están sumamente satisfechos con el respaldo dado por el gobierno y la bancada sandinista (El 19 Digital; martes 12 de mayo del 2015).

No obstante estas declaraciones, la realidad es otra; el gobierno de Ortega le ha dado largas a esta lucha con el fin de desgastar en las calles a los adultos mayores, sin embargo ante la presión de éstos y de la población, y tomando en cuenta que este año es pre-electoral, se vieron obligados a dar paso a dicha solicitud.

Olvidando las protestas de junio 2013, cuando los adultos mayores se tomaron las instalaciones del Instituto Nicaragüenses de Seguridad Social (INSS) en demanda de la pensión reducida de vejez, lo que les valió una golpiza de la Policía Nacional, el coordinador de la bancada del partido gobernante, Edwin Castro, le atribuye el crédito de lograr la aprobación de una Ley de Pensión Reducida de Vejez al Gobierno de Daniel Ortega. El diputado sandinista también quiso aclarar que su bancada no fue la que realizó la iniciativa de Ley de Pensión Reducida, sino los adultos mayores, sin embargo, no explicó por qué no permitió que fueran los propios adultos mayores quienes introdujeran su iniciativa ante la Primer Secretaría de la Asamblea Nacional, el pasado 15 de abril. En cambio, la delegación de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), encabezada por su presidente Porfirio García, fue llevada a la oficina de Castro, ubicada en el quinto piso del edificio parlamentario, de donde la iniciativa salió cambiada, porque eliminaron de la propuesta los montos de las pensiones y solo quedó establecido que se aprobará por ley la pensión, la cual se asignaba por decreto (La Prensa; martes 12 de mayo del 2015).

Otro engaño más

Dicha Ley es una mentira y una manipulación más del Gobierno; lejos de ser una gran victoria para la UNAM se corre el riesgo de que muchos de los beneficiados salgan perjudicados con el monto a recibir en el pago de sus pensiones, ya que el Decreto emitido en el año 2013 establecía los montos a recibir, sin embargo ahora estos serían discrecionales a como le convenga más al INSS.

La Ley de Pensión Reducida fue aprobada por unanimidad en lo general, con 90 votos de los diputados presentes, sin embargo, en la aprobación de los cuatro artículos de esta ley, los diputados de la Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli) propusieron dos mociones (modificación a un artículo de la ley) que fueron rechazadas por los sandinistas. Una de las mociones solicitaba que se establecieran los montos de las pensiones reducidas de acuerdo al número de cotizaciones que lograron los ancianos, en correspondencia a cuatro escalas de porcentajes con base en el salario mínimo vigente de la industria manufacturera, establecido actualmente en 4,062.79 córdobas. La moción detallaba los siguiente: 50 por ciento del salario mínimo para los que alcanzaron de 250 a 299 cotizaciones; 60 por ciento para los que alcanzaron de 300 a 499 cotizaciones; 70 por ciento para los que alcanzaron de 500 a 649 y 80 por ciento para los que alcanzaron de 650 a 749… Sin embargo, esto fue rechazado por los diputados del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quienes son mayoría en el plenario y los diputados de la Alianza PLI votaron en contra en lo particular (La Prensa; martes 12 de mayo del 2015).

Esto viene a dejar sin efecto los montos ya establecidos en el Decreto No. 28-2013 publicado en La Gaceta Diario Oficial número 135 del 22 de Julio del año 2013, el cual establecía: “Artículo 56. En los casos en que el asegurado que ha cumplido 60 años de edad no acredite el período de calificación prescrito, pero ha cotizado al menos 250 semanas, tendrá derecho a una pensión de vejez reducida proporcional, de acuerdo a los siguientes parámetros: a) Desde 250 hasta 450 semanas cotizadas: C$ 1,200.00 (Un mil doscientos córdobas); b) Desde 451 hasta 600 semanas cotizadas: C$ 2,000.00 (Dos mil córdobas); c) Desde 601 hasta 749 semanas cotizadas: C$ 2,800.00 (Dos mil Ochocientos córdobas)”.

Pensión Justa y Digna

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) se solidariza con la justa lucha de los adultos mayores en Nicaragua y llama a toda la población a acompañarles en las negociaciones que se harán de los montos a recibir en concepto de pensión reducida; de igual forma exigimos a Daniel Ortega y el Gobierno del Frente que no jueguen ni con el dinero ni el hambre de estas personas, que ordenen al INSS que acuerde una pensión reducida justa y digna para vivir, así como atención medica de calidad, entre otros beneficios que deben de ser reconocidos para todos y cada uno de los pensionados.