La redefinición del pacto

Los acontecimientos políticos en Nicaragua tienden a repetirse de manera casi permanente. Es un círculo vicioso donde siempre observamos el mismo estancamiento. Una oposición burguesa impotente que formalmente tiene la mayoría de diputados en la Asamblea Nacional, pero que es incapaz de hacer absolutamente nada, porque se encuentra dividida en dos alas: una liderada por Arnoldo Alemán y la otra por Eduardo Montealegre. Estas dos facciones declaran pomposamente y juran ante sus bases que su principal objetivo es luchar por la unidad del liberalismo, pero al final resulta que el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el momento álgido de la lucha política, siempre inclina la balanza a favor del gobierno.

A pesar que Arnoldo Alemán declaró que el FSLN se había robado las elecciones, y que la democracia no se negociaba, él y la cúpula del PLC desarrollaron una negociación secreta con el FSLN para repartirse los cargos dentro de la Junta Directiva y las comisiones de la Asamblea Nacional, a cambio de obtener la ansiada sentencia que declaró libre a Alemán de todos los cargos sobre la condena de 20 años de prisión, dejando colgados de la brocha al sector de Montealegre. El pacto legislativo a inicios del 20O7 entre el FSLN y el PLC contemplaba la alternancia de la presidencia de la Asamblea Nacional cada dos años, pero en esta ocasión el PLC cedió nuevamente su turno a favor del FSLN.

Últimamente el PLC se ha mostrado incapaz de garantizar las cuotas de poder que devienen del pacto del año 1999, que permite repartirse los cargos públicos a nivel del 50% para cada uno. Después que el FSLN impuso su voluntad de retener 105 alcaldías, y que el PLC aceptó de manera sumisa esta imposición, estamos ante una redefinición del pacto en la que el FSLN ejerce una indiscutible la hegemonía. Las cuotas ahora las asigna el FSLN a su gusto y conveniencia.

El único sector de la oposición burguesa que se ha opuesto a esta nueva hegemonía es el sector de Eduardo Montealegre, en alianza con el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), pero este sector todavía no ha logrado acumular la fuerza necesaria para imponerse. Este bloque político se perfila como una alianza electoral cuya estratégica es derrotar el FSLN, enarbolando las banderas de la democracia.

Frágil base económica

El FSLN es un partido político que viene de la guerrilla, con tradiciones centralistas y autoritarias, propias de los “partidos-ejércitos”. Desde el gobierno, transmite e impone sus tradiciones a toda la sociedad. Durante la revolución (1979-1990) el FSLN desarrollo un régimen bonapartista, con una dirección colectiva: la Dirección Nacional. A partir del 2007, nuevamente en el gobierno, el FSLN intenta imponer un nuevo régimen político basado en su hegemonía, con la gran salvedad de que no tiene un caudal electoral lo suficientemente amplio, como durante los primero años de la revolución, ni una base económica estable que le permita consolidar el nuevo régimen bonapartista con formas parlamentarias, basado en el control del poder por parte de la familia Ortega-Murillo.

La fragilidad de la economía nicaragüense salta a la vista. Producto de la derrota de la revolución, de la guerra civil y de la agresión imperialista, el país se hundió en la miseria y la barbarie. Nicaragua tiene más de 30 años de no ser un país autosuficiente. A partir de 1990, el presupuesto general de la república ha dependido hasta en un 50% de las migajas de la llamada “cooperación internacional”. En los últimos años, producto de cierta reactivación de la economía, ese 50% del subsidio de los “donantes” se ha reducido hasta un 33%. Cada año el país pasa serios apuros y el gobierno de turno debe desarrollar intensas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para tener un presupuesto, que de por sí es muy limitado ya que corresponde al segundo país más pobre de América Latina.

El pleito con los “donantes”

En estas condiciones de extrema pobreza y de falta de recursos financieros, para muchos analistas burgueses resulta incomprensible la tozudez de Daniel Ortega al enemistarse con los países de la mesa de donantes. Ya hemos explicado que el pleito con los donantes comenzó cuando estos comenzaron a financiar “marchas cívicas” contra el gobierno sandinista, organizadas por los organismos no gubernamentales.

El pleito se profundizó con las denuncias de fraude electoral en las pasadas elecciones municipales. Como un mecanismo de presión, Estados Unidos suspendió el desembolso de 65 millones de dólares de la llamada “Cuenta Reto del Milenio” y la Unión Europea, congeló 150 millones de dólares destinado para completar el presupuesto del año 2009.

Durante la III Cumbre Extraordinaria de países que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), Daniel Ortega declaró que el corte de la ayuda presupuestaria “no nos amedrenta. No nos va a hacer ir para atrás. Eso nos hace sentir, incluso, más libres” (DPA 27/11/2008)

Todo indica que el FSLN prefirió pagar el alto costo político de ser acusado por los “donantes” de haber organizado un fraude electoral, antes de someterse al escarnio que hubiera significado, por ejemplo, que los liberales hubiesen ganado la mayoría de las alcaldías o que Eduardo Montealegre hubiese salido electo alcalde Managua. Esta última variante hubiera conducido en el corto plazo a un debilitamiento del gobierno y a su inminente caída.

Pero las leyes de la economía son más poderosas que los discursos. Una vez que el Consejo Supremo Electoral (CSE) juramento a los 105 alcaldes sandinistas, se disipó la posibilidad de una negociación sobre el tema de las elecciones. No obstante, esa misma noche Daniel Ortega dio un abrupto giró hacia los donantes, en busca de los preciados recursos que necesita para completar el presupuesto general de la república.

En ese sentido, el proyecto bonapartista del FSLN tiene patas cortas, no tiene condiciones nacionales o internacionales favorables para su consolidación. Las habilidades del sandinismo para imponer su agenda en la negociación con un PLC domesticado no implican que su proyecto triunfe. No es lo mismo negociar con un PLC debilitado, que con los países imperialistas que subsidian el presupuesto.

En los últimos años el FSLN ha desarrollado un estilo de negociación basado en la firme voluntad de imponerse a cualquier costo. La constante del sandinismo ha sido negociar al borde del abismo, en el filo de la navaja, incidir sobre la realidad en base a la firme determinación de lograr sus objetivos estratégicos. Bayardo Arce recientemente declaró que la discusión de los donantes sobre el fraude electoral “es capítulo cerrado. Ya pasó. No lo reabrimos con nadie. Ni con historiadores” pero a reglón seguido admitió que “Ah, bueno, estamos dispuestos a hablar de las elecciones de 2011; si hay que cambiar las elecciones, si las banderas deben ser blancas, rosadas, amarillas, si hay que cambiar las siglas, lo que sea permitido. Para adelante todo, para atrás nada”. (El Nuevo Diario 22/01/09) Pero de estas declaraciones se desprende que el sandinismo se prepara para negociar con los países donantes las condiciones de las futuras elecciones del año 2011.

Reformas constitucionales cocinadas

Desde hace mucho tiempo Daniel Ortega ha insistido en la necesidad de instaurar un régimen político basado en la Asamblea Nacional, y que esta sea la encargada de nombrar al gobierno. Lo que no ha dicho Ortega es que pretende evitar una polarización en su contra a partir de la discusión que genera la candidatura presidencial. Por esta razón, el FSLN quiere debilitar la institución del Presidente de la República, y que el gobierno sea electo por el parlamento, donde el sandinismo tiene al menos el 40% de los votos.

En pocas palabras, bajo un régimen parlamentario el FSLN puede conseguir los votos necesarios para constituir un gobierno o al menos cogobernar durante un largo periodo. El tema de la reelección presidencial pierde importancia porque los diputados no tienen prohibiciones para reelegirse.

Debido a que el PLC se ha debilitado mucho por las constantes concesiones de Alemán, la tendencia es que Montealegre puede terminar agrupando a las bases del liberalismo, incluso una alianza nacional mucho más amplia. Las reformas constitucionales pretenden que ese realineamiento pierda fuerza dentro de una Asamblea Nacional dominada por el FSLN. Pero este es el esquema ideal, otra cosa es la realidad.