Por Victoriano Sánchez

La crisis del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) es una realidad que nadie puede negar. Esta crisis se ha acumulado en el tiempo, y tiene sus orígenes en diversas causas que se combinan: quiebra del INSS durante la revolución (1979-1990), el recargo de pensiones para viudas y lisiados de guerra (estas personas no cotizaron al INSS), privatización parcial de la seguridad social a partir de 1990, debilidad y atraso de la economía, etc. A lo anterior habría que agregar que el actual gobierno sandinista no ha manejado correctamente los fondos del INSS, invirtiendo discrecionalmente en proyectos inmobiliarios que son manejados por la burguesía sandinista. En pocas palabras, el INSS ha sido utilizado para financiar a los allegados al gobierno, perjudicando las pensiones y la atención medica de los asegurados.

Silencio sobres las previsionales

Un factor que desangra al INSS es la privatización parcial de los servicios y la creación de empresas previsionales. Una gran parte de estas empresas, como SERMESA, pertenecen a la burguesía sandinista. Una gran parte de los recursos del INSS se drena a través de estas empresas previsionales. La privatización parcial es lo que mas daño ha causado a las finanzas del INSS

La larga lucha por la pensión reducida

Durante muchos años, los adultos mayores que no lograron completar las 750 cotizaciones para obtener la pensión, marcharon por las calles, demandando que se cumpliera el otorgamiento de la pensión reducida, que estaba contemplado en el Reglamento de la Ley de Seguridad Social.

El viernes 14 de junio de 2013, Porfirio García, presidente de la Unión Nacional del Adulto Mayor (UNAM), anunció la decisión de tomarse las inmediaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y las otras sedes de las cabeceras departamentales. Esta acción generó un movimiento de solidaridad conocido como “#OcupaINSS” que fue violentamente reprimido por el gobierno.

Para separar a los “viejitos” de la solidaridad de los grupos opositores, el gobierno sandinista terminó cediendo y publicó el Decreto 28-2013, Publicado en La Gaceta No. 135 del 22 de Julio del 2013, otorgando pensiones reducidas, bajo los siguientes criterios: a) Desde 250 hasta 400 semanas cotizadas: C$ 1,200.00; b) Desde 451 hasta 600 semanas cotizadas: C$ 2,000.00; c) Desde 601 hasta 749 semanas cotizadas: C$ 2,800.00. Estos montos fueron ajustados posteriormente.

En mayo del 2015, la Asamblea Nacional, a instancias de la UNAM, aprobó la Ley No 900, Ley de Pensión Reducida por Vejez para las Personas aseguradas por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, convirtiéndose en un derecho adquirido.

Para finales del 2017, el INSS había otorgado 49,4751 pensiones reducidas, equivalentes al 24,7 % del total de pensionados, acumulando un gasto de 1,632,327,626.07 millones de córdobas (U$ 52,665,729 dólares). El reclamo por la pensión reducida era justo, pero al aumentar la cantidad de pensionados, aceleró la crisis financiera del INSS. Los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y el Fondo Monetario Internacional (FMI), manifestaron su desacuerdo con tal medida, tachándola de “populista”.

La reforma “consensuada” del 2013

La crisis financiera del INSS fue motivo de análisis por parte del FMI, quienes hicieron las respectivas recomendaciones neoliberales de aumentar las cotizaciones, reducir el monto de las pensiones y beneficios y, por supuesto, aumentar la edad de jubilación de 60 a 65 años.

Aprovechando las vacaciones del fin del año 2013, el gobierno de Daniel Ortega, después de negociar con los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), basado en la famosa política de “diálogos y consensos”, emitió el Decreto No 39-2013, publicado en La Gaceta del 20/12/2013, que reformó el Reglamento de la Ley de Seguridad Social, reduciendo la base de cálculo de las pensiones, del 40% al 37%; aumentando gradualmente el monto de las cotizaciones patronales del 6 hasta llegar al 10% en enero del 2017, para el trabajador el aumento llegó al 4%; cada año se elevaría la base del monto máximo cotizable, etc.

Esta reforma “consensuada” dio un respiro a la crisis financiera del INSS, pero afectó a los trabajadores en dos puntos centrales: aumento de la cotización (en régimen obligatorio y facultativo) y la rebaja en la base de cálculo para las futuras pensiones.

José Adán Aguerri, el presidente del COSEP, un verdadero super ministro sin cartera, se mostró satisfecho, aunque un tanto preocupado: “Otros temas que fueron planteados por COSEP sin alcanzar todavía consenso, fueron medidas para estimular la formalización; la regulación de las pensiones reducidas que permitiera, bajo una fórmula técnica y no un criterio político, normar su metodología de cálculo; y el tema de las víctimas de guerra, las cuales se han incrementado de 19,073 en el año 2007 a 31,610 en el año 2012, proponiendo una fecha tope para nuevos ingresos”. (La Prensa 14/01/204).

Sin lugar dudas, el COSEP presionaba para reducir aun mas la pensión reducida. El ingreso masivo de “victimas de guerra” es un mecanismo encubierto para otorgar pensiones o beneficios a la clientela política del FSLN, especialmente a los cuadros de la vieja guardia que tienen una situación material deplorable.

Como era de esperarse, la reforma del 2013 resultó insuficiente, lo que ha sido aprovechado por el diario La Prensa y la oposición derechista para montar una campaña mediática sobre el deterioro de las finanzas del INSS.

La reforma unilateral del 2018

Después de varias reuniones, al parecer los empresarios del COSEP no llegaron a un consenso con el gobierno sandinista, sobre los pasos a seguir. Sería el primer gran fracaso de la política de “diálogos y consensos”.

El día 16 de abril del año 2018, Roberto López, presidente del INSS, de manera unilateral dio a conocer la nueva propuesta del Consejo Directivo (con el voto en contra del delegado del COSEP): reducción de la base de cálculo de las pensiones del 37% al 30%, aumento de la cotización patronal hasta 13,5%, para el trabajador el aumento seria hasta el 4,75%; el seguro facultativo aumentaría hasta el 22,25% para el régimen integral, y 14% para el régimen facultativo de invalidez, vejez y muerte (no incluye atención medica); introduce una deducción del 5% del monto de las pensiones para atención medica de los jubilados (esta disposición es nueva y al parecer tendría efecto retroactivo), etc.

Como se puede apreciar, nuevamente se trata de un golpe contra los trabajadores.

Reclamos del COSEP y ANCHAM

En un extenso comunicado, el COSEP declaró: “(…)el proceso seguido ante las  reformas al INSS representan para el sector privado una señal política sobre temas económicos que provocan desconfianza, y cuestionan la continuidad del modelo de dialogo y consenso constitucional vigente (…) rechazamos en forma categórica la decisión adoptada por el Consejo Directivo del INSS por cuanto las medidas no constituyan una reforma integral que garantice la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas del INSS (…)”

Por su parte, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) expresó “su extrema preocupación por las resoluciones 1/317 y 2/317 del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) del 16 de abril del 2018, a través de las cuales de forma unilateral se incrementan las cotizaciones de los trabajadores, el sector privado y el Estado, y se crea una nueva cotización para los jubilados, afectando  los ingresos de miles de nicaragüenses en la economía formal y la competitividad del país (…) Hacemos un llamado al diálogo y al consenso en un tema tan trascendental para los y las nicaragüenses. Hoy es más importante que nunca una consulta sectorial incluyente, apoyada por todos los sectores económicos y productivos del país (…)”

Deterioro económico y presiones sobre el gobierno sandinista

Esta es la primera vez que los empresarios se quejan que se ha roto el modelo de diálogos y consenso. El gobierno sandinista esta aquejado por un deterioro de las finanzas (reducción de petrodólares) y de la economía (amenaza de la NicaAct), aunado a lo anterior están las presiones de Estados Unidos para reformar el régimen político, lo que implica una mayor apertura democrática precisamente en momentos en que crece el descontento social

La crisis financiera del INSS es uno de los puntos más álgidos de este proceso. El gobierno debe encontrar soluciones inmediatas. No obstante, rechaza aumentar la edad de jubilación y aumentar el numero de cotizaciones, descargando la mayor parte de la crisis sobre los trabajadores y pensionados.

Aunque Daniel Ortega todavía no ha publicado el decreto ejecutivo, avalando la ultima reforma al INSS, su esposa Rosario Murillo ya justificó la decisión debido a que “en todos los sistemas del mundo la seguridad social es un costo compartido, donde todos los protagonistas deben hacer esfuerzo para asegurar sostenibilidad y estabilidad a largo plazo".

Lo peor es que Rosario Murillo ha llamado a sus bases a movilizarse para defender la ultima reforma, pero lo que persigue en realidad es evitar que se generen movilizaciones espontaneas de rechazo a dicha reforma, para evitar incidentes como los que se produjeron durante el incendio de la reserva Indio-Maíz.

¿Hasta dónde llegará el gobierno sandinista en su divorcio temporal con los empresarios?  ... pronto lo sabremos!

Aportación patronal es deducible al IR

Los empresarios del COSEP no avalaron esta última reforma, porque ellos querían negociar una nueva reforma fiscal que los beneficiara aún más.

Poca gente conoce que el artículo 39, numeral 5, de la Ley de Concertación Tributaria vigente desde diciembre del 2012, estableció que “Son deducibles los costos y gastos causados, generales, necesarios y normales para producir la renta gravable y para conservar su existencia y mantenimiento, siempre que dichos costos y gastos estén registrados y respaldados por sus comprobantes correspondientes. (…) 5. Las cotizaciones o aportes de los empleadores a cuenta de la seguridad social de los trabajadores en cualquiera de sus regímenes del Impuesto sobre la Renta”.

En pocas palabras, el aumento de las cotizaciones patronales al INSS son deducibles del IR anual, los empresarios en realidad no se han sacrificado en nada. Lo que gastan por un lado es reembolsado por el otro.

Objetivo logrado

Las dos reformas (2013 y 2018) al INSS golpean únicamente a los trabajadores y pensionados. Aunque no se aumentó formalmente la edad para jubilarse, en los hechos los trabajadores deberán trabajar más tiempo para aspirar a una pensión decente. El objetivo de lograr que menos personas se jubilen, ha sido logrado.