Por Victoriano Sánchez

Entre diciembre de 2021 y febrero del 2022, utilizando el argumento que no cumplían con los requisitos legales exigidos por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), la dictadura canceló la personalidad jurídica de más de 18 universidades privadas, la mayoría de “zaguán”.

A finales de 2021, la dictadura también disolvió al Consejo Superior de Universidades Privadas (COSUP) que aglutinaba 14 universidades privadas, dejándolas sin coordinación para defenderse.

Desaparecieron 31 universidades privadas

Un año después, para mayo del 2023, la lista había subido a 31 universidades privadas, clausuradas vía la cancelación de la personalidad jurídica. Según los datos oficiales del CNU, para diciembre de 2021 en Nicaragua existían 54 universidades. Al desaparecer 31 universidades privadas, quedan funcionando 23 universidades, de las cuales 14 son universidades estatales y 9 universidades privadas.

Entre las universidades privadas que continúan funcionando podemos mencionar las siguientes: 1.- la Universidad Centroamericana (UCA); 2.- Universidad de Managua (UdeM); 3.- Universidad Católica (UNICA); 4.- Universidad Americana (UAM); 5.-  Universidad Central de Nicaragua (UCN); 6.- Universidad de Tecnología y Comercio (UNITEC); 7.- Universidad del Valle (Univalle); 8.- Keiser University; 9.- Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT).

¿Un nuevo plan en la educación superior?

La cancelación de las universidades privadas ha dado origen a todo tipo de especulaciones. Algunos grupos opositores y plataformas digitales de oposición se han rasgado las vestiduras y han denunciado el cierre de las universidades de “zaguan” como un feroz ataque a la autonomía universitaria, lo que se traducirá en una reducción de la calidad de la enseñanza. Constituye, además, una venganza política contra los estudiantes que encabezaron la lucha democrática en abril del 2018.

Una simple revisión de las cifras de universidades privadas canceladas nos indica que, aparentemente, hay un contradictorio proceso de reestatización de la educación superior, aunque algunas de las nuevas universidades estatales que surgieron siguen cobrando total o parcialmente los aranceles que tenían las universidades privadas. Por eso, la principal reivindicación en esta coyuntura debe ser el acceso ilimitado a la educación gratuita en todas las universidades públicas. La existencia de 8 universidades privadas, nos indican que la dictadura realmente no tiene planes de una estatización de la educación superior, como debería ser.

En términos generales, las universidades privadas, por muy buena calidad que ostenten algunas, constituyen un lucrativo negocio que no beneficia a los estudiantes de escasos recursos, más bien los excluyen. Muchas de las universidades canceladas recibían aportaciones del presupuesto del 6% destinado a subvencionar la educación superior, es decir, recibían dinero del Estado para un negocio privado.

¿Que obligó a la dictadura a tomar esta drástica medida? Sin lugar a dudas, la dictadura se vio forzada a cancelar esas universidades de “zaguán” para calmar el descontento estudiantil contra los excesivos cobros de matrículas, aranceles y pagos para la titulación. Fue una astuta movida para evitar luchas estudiantiles contra las universidades privadas, que pueden encender nuevamente la llama de la rebelión.

Para evitar protestas, la totalidad de los estudiantes de las universidades canceladas fueron reabsorbidos por las viejas y nuevas universidades estatales, pero en el año lectivo 2023 muchos estudiantes de primer ingreso no obtuvieron cupo en las universidades estatales, quedaron en el limbo.

Lamentable posición de la CUDJ.

Que el diario La Prensa y los grupos de oposición de derecha lloren por la cancelación de las universidades privadas es comprensible, pero es repudiable que la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), un grupo que participó en la rebelión estudiantil de 2018 y cuyos lideres actualmente se encuentran en el exilio, haya declarado lo siguiente: “(…) nos unimos en solidaridad para denunciar y condenar enérgicamente el cierre de tres universidades más en Nicaragua (…) Con más de 20 universidades cerradas y confiscadas, el régimen ha privado a miles de jóvenes nicaragüenses de la oportunidad de formarse y alcanzar su máximo potencial”, continúan (…) Instamos al gobierno de Nicaragua a poner fin a estas prácticas represivas y respetar el derecho a la educación y la libertad académica”.(100% noticias, 25/04/2023)

La lucha por la independencia estudiantil

No se debe confundir la justa lucha por la autonomía y la defensa de la libertad de catedra, con la defensa de la privatización de la educación. No es lo mismo. La educación superior debe estar en manos del Estado, y se debe aumentar el presupuesto universitario del 6% al 10%, pero del PIB, para garantizar el acceso de los pobres a la educación superior.

Obviamente, debemos seguir luchando contra la dictadura desde adentro de las universidades, defendiendo el acceso a la educación superior, para que los estudiantes y la comunidad universitaria puedan controlar los gastos del presupuesto universitario. La misión de cualquier grupo estudiantil debe ser defender los intereses de los estudiantes, bajo cualquier gobierno.