Por Olmedo Beluche

Es sorprendente que en Panamá, la mayor parte de lo que podría llamarse “izquierda” repite los mitos históricos creados por la burguesía para justificar la “venta del Istmo” (palabras de Belisario Porras) ocurrida el 3 de Noviembre de 1903: llamar “independencia” a la separación de Colombia por las tropas norteamericanas; la instalación de un gobierno títere integrado por los agentes de la Panama Railroad Company, proclamando una “nueva república” que no era más que un “protectorado” (es decir colonia); la creación de la Zona del Canal en la cual Estados Unidos mandaba “como si fueran soberanos”, por efecto del Tratado Hay – Bunau Varilla firmado 15 días después.

Los hechos son tan abrumadores que basta calentar los sesos un poco para darse uno cuenta de las mil mentiras de que está plagada la leyenda dorada que repiten los medios de comunicación y los programas de estudio de nuestras escuelas.  De la misma manera que la “izquierda” panameña carece de un proyecto político propio, incluso de un proyecto de país propio, carece de una interpretación propia de la historia nacional.

Los mismos prejuicios que llevan a muchos “izquierdistas” del patio a repetir los inveterados prejuicios conservadores sobre el matrimonio homosexual, o la despenalización del aborto, o la cuota electoral femenina, parecen operar en la mente de quienes repiten como papagayos los mitos históricos de la burguesía antinacional. ¿Habrá en ello cierto determinismo geográfico o climático que amodorra las conciencias? Porque la verdad está a la vista y sólo hay que leer un poquito.

Parte de tanta confusión se debe a la obra de los reformistas de izquierda (Ricaurte Soler o Diógenes de la Rosa o los teóricos del Partido Comunista) quienes creían que la lucha contra la presencia imperialista en Panamá debía ser fruto de un gran frente policlasista, en que los sectores populares y obreros marchaban de la mano de una inexistente “burguesía progresista o nacional”. Había que disfrazar de “patriotas” a los comerciantes que nos vendieron por unas monedas. Era la interpretación criolla de la teoría stalinista de la “revolución por etapas”.

La evidencia documental salta por todos lados: desde los escritos de la época, como de Porras y Pérez y Soto, hasta trabajos recientes como el de Ovidio Díaz, pasando por historiadores profesionales. Pero, por sobre todos los demás, destaca el panameño Oscar Terán, quien en 1934-35, publicó su libro “Del Tratado Herrán-Hay al Tratado-Bunau Varilla, historia crítica del atraco yanqui mal llamado en Colombia “La pérdida de Panamá” y en Panamá “nuestra independencia de Colombia””. Allí está todo, con abrumadoras y fehacientes evidencias fácticas. De modo que la ignorancia en esta materia es inexcusable.

Los especuladores de Wall Street y el Canal de Panamá

Oscar Terán dedica todo el primer tomo de esta obra, más de 400 páginas a probar con documentos lo que se insiste en negar: los actores centrales de los hechos de 1903 son un grupo de especuladores norteamericanos y franceses con fuertes intereses en la Compañía Universal del Canal de Panamá, luego Compañía Nueva del Canal, con estrechos vínculos con la Compañía del Ferrocarril de Panamá.

Evidencia recopilada por el abogado Oscar Terán de manera directa, ya que vivió los acontecimientos como político del Partido Conservador y miembro de la Cámara de Representantes de Colombia. Además de documentos extraídos del compendio denominado The Story of Panama, compilado en Washington a partir de diversos procesos judiciales que involucraron a Teodoro Roosevelt y al periodista Pulitzer, e incluso una serie de audiencias del Senado contra el ex presidente del Gran Garrote.

Los jueces del imperio registraron interrogatorios tanto a funcionarios y especuladores norteamericanos, como a los supuestos “próceres” panameños, que constituyen reales confesiones de los hechos.

Tratando de resumir en pocas líneas el asunto, la llamada “Compañía Francesa del Canal” (en sus dos momentos, “universal” y “nueva”) estuvo hermanada con la Compañía del Ferrocarril, de capital norteamericano. Un convenio de 1867, en su artículo 6, entre el gobierno colombiano y la Panama Railroad Co., le había otorgado a ésta el monopolio del tránsito entre ambos mares, lo que incluía la posibilidad de un canal. Para compensar este “derecho”, en 1881, la Compañía Universal del Canal, dirigida por Fernando de Lesseps, compró 68,887 acciones de la compañía del ferrocarril por 20 millones de dólares de la época, pese a lo cual la empresa siguió controlada por gerentes norteamericanos.

Parte del fracaso de la empresa francesa, que cerró operaciones en diciembre de 1888, se debió a sobreprecios especulativos que cobraron suplidoras y subcontratistas, y desvíos de dineros de los propios gerentes de la obra. Luego del escándalo en Francia, y el juicio contra sus administradores, se creó en 1894 la Compañía Nueva del Canal, que debía juntar el capital para terminar la obra, para lo cual obtuvo una prórroga que finalizaba en octubre de 1904.

Pero en realidad la Compañía Nueva actuó con dolo, pues nunca pretendió terminar la obra sino revenderla al gobierno de los Estados Unidos. Es más, la mayor parte del capital constitutivo no eran más que papeles y cuentas por cobrar de los mismos especuladores franceses (accionistas carcelarios o del Panóptico) que habían llevado a la quiebra la empresa original (Compañía Universal). Los únicos que pusieron capital real fueron pequeños ahorristas franceses que, al igual que en la primera empresa, serían estafados junto al estado colombiano (que poseía 5 millones de dólares de las acciones y que tenía derecho de cobrar la garantía si la obra no se terminaba, depositada en un banco londinense).

Para vender sus “derechos” la Compañía Nueva contrató (1894) al influyente abogado neoyorkino William Nelson Cromwell, representante de importantes sectores financieros de Wall Street, accionista y abogado de la Panama Railroad Co. y por ello también miembro de la Junta Directiva y abogado de la compañía francesa del canal.

Cromwell es el cerebro detrás de todos los hechos: convencer a las autoridades yanquis (Ejecutivo y Senado) de optar por el canal panameño, desechando la ruta de Nicaragua (preferida hasta ese momento), manipular y sobornar al gobierno y los negociadores colombianos de firmar un tratado que cediera la soberanía del canal a Estados Unidos (el Tratado Herrán- Hay) y, cuando este tratado fue rechazado por la opinión pública en Colombia y Panamá, montar la secesión del Istmo a partir de sus subalternos en la Compañía del Ferrocarril (entre ellos los “próceres” José A. Arango y Manuel Amador Guerrero).

Parte del asunto fue el “Plan de Americanización del Canal”, por el cual un grupo de especuladores norteamericanos, dirigidos por Cromwell, crearon una sociedad anónima en New Jersey, en 1899, denominada Panama Canal Company of America, modificada meses después por la Internacional Canal Co.,  que con un capital efectivo de 5 millones de dólares compró a través de un banco francés gran parte de las acciones de la Compañía Nueva que estaban en manos de pequeños tenedores que las vendieron a precios ínfimos por creer su inversión perdida.

Parte de los inversionistas norteamericanos eran poderosos empresarios, como el banquero Edwards Simmons,  para quien trabajaba Cromwell, pero también participaron personas como Douglas Robinson, cuñado de Teodoro Roosevelt, y Charles P. Taft, hermano del secretario de guerra William Taft y futuro presidente de Estados Unidos, lo cual dio al asunto un tufillo de corrupción, que es lo que denunció el periodista Pulitzer en su diario The World.

El negocio fue redondo pues estos especuladores yanquis, junto a algunos socios franceses (como Bunau Varilla) tuvieron su parte de los 40 millones de dólares pagados por el gobierno de Roosevelt por los derechos de la Compañía Nueva del Canal.

Para entender fácilmente las intríngulis del negociado recomendamos el Capítulo 11 (¿Quén obtuvo el dinero?) del libro de Ovidio Díaz Espino El país creado por Wall Street. Historia no contada de Panamá, de Editorial Planeta,  de fácil adquisición en muchas librerías del país.

William N. Cromwell fue el principal beneficiario de todo el negociado: como accionista del canal francés, como accionista de la compañía del ferrocarril y, para colmo, como cónsul y agente fiscal de Panamá en Nueva York por muchos años después de la separación, lo que le permitió manejar a su antojo parte de los diez millones pagados a la república ideada por él y que se quedaron en Estados Unidos bajo el eufemismo de “Fondo de la Posteridad”.

La confesión de Cromwell

Pero además Cromwell cobró 800 mil dólares a los franceses por sus servicios abogadiles, los cuales lo consideraron demasiado, forzando un juicio en el que éste tuvo que argumentar el alto precio de su factura. Terán reproduce el argumento (confesión) de Cromwell (Págs. 31 y 32):

“… en más de treinta años de activa y dilatada carrera profesional, la firma de “Sullivan y Cromwell” se había creado íntimas relaciones, susceptibles de ser aprovechadas ventajosamente, con hombre colocados en posiciones de poder e influencia en todos círculos y en todas partes de los Estados Unidos; y que no solo se hallaban los socios de la firma en pie de estrechas e íntimas relaciones… sino que habían llegado a conocer y a poder sobornar por la influencia a un número considerable de hombres  públicos figurantes en la política, en los círculos financieros y en la prensa. Y todos estos prestigios y relaciones fueron de utilidad grande y a veces decisiva y un enorme auxiliar en el descargo de sus deberes profesionales para con el asunto de Panamá… Ni sería posible ni quizás conveniente detallar y enumerar los modos y maneras innumerables con que fueron aprovechados en dicho asunto nuestra posición influyente y nuestro poder… la que contribuyó substancialmente al resultado obtenido y la que nos permitió, durante los críticos trances que atravesó este gran negociado, apartar lo que en varias ocasiones pareció el golpe de gracia de la empresa de Panamá, y cambiar en victorias decisivas los casos más desesperados”.

A confesión de parte… relevo de pruebas.

Los hombres de Cromwell en Panamá

Más adelante (Pág. 340) continúa Cromwell:

“Siendo como era yo abogado general de la Compañía del Ferrocarril lo mismo que de la del Canal, había mantenido durante diez años estrechas relaciones profesionales  con personas de influencia en el Istmo. Aprovechéme de su interés y celo, para suscitar o sacar de la nada (to crate) la actividad de esas personas en apoyo del Tratado, la que se fue manifestando por  peticiones a Bogotá y por otros medios a su alcance. Yo tenía a esos señores constantemente informados del estado de las cosas y ellos, por su parte, me tenían perfectamente enterado de la situación en el Istmo; yo me mantenía en la más cerrada intimidad con ellos y ellos a su vez contaban conmigo y se fiaban a mi dirección” (Tomado de The Story of Panama, pág. 281).

¿Quiénes eran esos? Todos empleados de confianza de la Compañía del Ferrocarril, actores centrales de los hechos del 3 de noviembre de 1903: J.R. Shaler, superintendente general; H. G. Prescott, superintendente auxiliar; J. R. Beers, agente de fletes del puerto de La Boca; José Agustín Arango, abogado residente; Manuel Amador Guerrero, médico a sueldo del ferrocarril;  Pablo Arosemena, abogado consultor;  Juan A. Henríquez, abogado en Colón, aunque estos dos últimos, tal vez por liberales, sólo fueron sumados el propio día 3 de Noviembre, como consta más adelante.

¿Por qué se separó a Panamá de Colombia?

Simple. Para que el negociado se concretara, es decir, la venta de las acciones del canal francés al gobierno de los Estados Unidos, Colombia debía refrendar un tratado aceptando. Oscar Terán prueba enjundiosamente cómo Cromwell movió todos los hilos, cómo manipuló a los negociadores colombianos, a sus cónsules y embajadores en Norteamérica, cómo redactó y les hizo firmar los primeros Memorandos que acabaron con la firma del Tratado Herrán-Hay, en enero de 1903, también de su autoría.

El problema es que el tratado violaba tanto la Constitución política de Colombia, que señalaba que un gobierno extranjero no podía poseer propiedades inmobiliarias en su territorio, como el propio Convenio Salgar-Wyse (1878) que impedía a la Compañía Francesa traspasar el Canal a un gobierno extranjero.

Desde el principio estuvo claro (1894) que Estados Unidos exigía un canal completamente controlado por su gobierno, y la propia letra del tratado creaba lo que era la llamada Zona del Canal, bajo jurisdicción norteamericana. Por ello, mal puede ningún historiador panameño argüir  que los “próceres” fueron sorprendidos por los resultados del Tratado Hay-Bunau Varilla, que sustituyó al Herrán Hay luego de la separación (18 de Noviembre de 1903).

Este aspecto, el de la soberanía, fue el que generó la principal repulsa de los colombianos y panameños honestos hacia el tratado, incluyendo algunos que meses después se cambiaron de bando. Aunque el gobierno colombiano, encabezado por Marroquín y su gabinete estaba dispuesto a ceder este aspecto.

Hubo otro aspecto lesivo, también repudiado por la opinión pública acá, y que congeló el tratado por parte de las autoridades colombianas: el dinero. El Tratado Herrán Hay propuso pagar: 40 millones de dólares a los accionistas de la Compañía Nueva, 10 millones de adelanto al estado colombiano y 250 mil de anualidad.

La anualidad se consideró una burla, pues ya la compañía del ferrocarril pagaba esa cifra en impuestos anuales (se habían pedio 600 mil) y los diez millones se consideraron pocos (se pidieron 25 millones).

Cuando el gobierno norteamericano se negó a dar ni un centavo más a Colombia, el gobierno de Bogotá trató de obtener una compensación de la Compañía Nueva del Canal, exigiendo el pago de 15 millones de dólares de su parte, por las obligaciones incumplidas y por las acciones compradas por el estado colombiano. Y ahí ardió Troya.

Cromwell y sus socios no pretendían ceder ningún pedazo de sus 40 millones al gobierno colombiano. Entonces, y sólo entonces, empezó a operar el “Plan B” (en una fecha no precisa entre marzo y mayo de 1903), separar a Panamá de Colombia, nombrar un gobierno títere que ratificara el tratado como lo querían el gobierno de EE UU y los accionistas de la Compañía Nueva.

El pueblo panameño, convidado de piedra de la separación

Los más inteligentes defensores de los hechos del 3 de Noviembre, no tratan de negar la existencia de Cromwell y sus intereses, sería tapar el Sol con la uña, sino que lo matizan diciendo que los panameños nos queríamos independizar de Colombia y que, ante los hechos consumados, los gringos se aprovecharon. Esta otra falacia, llamada “versión ecléctica” por el historiador Carlos Gasteazoro, es fehacientemente desmentida por Oscar Terán.

El segundo tomo de la obra Terán se prueba cómo los supuestos próceres tenían comunicaciones directas con Cromwell, inclusive se desmiente (usando sus propias cartas y documentos) cómo Amador Guerrero sí fue atendido por Cromwell en Nueva York, en septiembre de 1903, luego que el tratado fuera rechazado por el Senado colombiano el 12 de agosto.

Pero la parte más ilustrativa la dan los propios próceres en sus declaraciones juradas ante un juez norteamericano en Panamá, con motivo del juicio de Roosevelt contra Pulitzer por calumnia.  Tomás Arias admite (Págs. 52-53):

“P.- ¿Fue conocido de la población en general el movimiento revolucionario antes del 3 de Noviembre?

R.- ¿Quiere Ud. decir, en todo el Istmo o en la ciudad de Panamá?

P. - En todo el Istmo.

R.-  No.

P. - ¿Pero sí lo sería en la ciudad de Panamá antes del 3 de Noviembre?

R.-  Tampoco; de toda la ciudad, tampoco. No podíamos hacerlo conocer de todos. Sólo unos pocos tuvieron ese conocimiento.

P.- ¿Sólo unos pocos?

R. – Sí

P.- ¿Y esos pocos el día 3 de Noviembre?

R.- No, unos días antes enteramos a algunos más. Al principio sólo éramos siete u ocho y después entraron algunos más, pues nos interesaba hacer ver que el movimiento era popular.

P.- ¿Y encontró Ud. entre los panameños a quienes habló sobre el caso, alguno que no entrara voluntariamente en él?

R.- Nunca hablamos a ninguno que sospecháramos fuera leal a Colombia. Por supuesto, nosotros conocíamos las opiniones de las gentes y nunca nos acercamos a los que podían constituir un obstáculo contra el plan.

P.- Así, pues, el movimiento, por parte de la población de la ciudad de Panamá, fue espontáneo?

R.- ¿Espontáneo? No.”

Como bien confiesa Tomás Arias, la conspiración separatista se redujo en Panamá a un puñado de personas allegadas a la Compañía del Ferrocarril, sus familiares cercanos, a algunos potentados como los hermanos Ricardo y Tomás Arias, y Federico Boyd, y el dueño de La Estrella de Panamá (Star and Herald) José Gabriel Duque (de nacionalidad norteamericana). Los demás eran funcionarios de la compañía o miembros de ejército norteamericano.

Los liberales, que la historia oficial pretende poner como actores plebeyos de la “gesta”, en realidad fueron los mayores oponentes al tratado hasta el último momento. Por supuesto, los más radicales habían sido obligados a callar: Victoriano Lorenzo, convenientemente fusilado el 15 de mayo de 1903, cuando empezó a operar el plan de la separación; Belisario Porras exiliado en Nicaragua; la imprenta de su periódico El Lápiz, destruida meses antes.

Los liberales que acercaron al movimiento fueron los más moderados y venales, con vínculos profesionales con los conspiradores y, aun así, fueron informados la propia mañana del 3 de Noviembre (ver páginas 20- 203 del libro de Terán, tomo II).

José A. Arango admite:

“A don Carlos A. Mendoza y don Juan Antonio Henríquez con quines conferencié en nombre de la Junta Patriótica, les dí el encargo de preparar el acta de independencia y todo otro documento necesario para regularizar el procedimiento que en breve (ese mismo día) pondríamos en ejecución, lo cual debían hacer en asocio del doctor Eusebio A.. Morales, a quien ligeramente había tratado yo sobre el particular, dejando a su muy amigo don Federico Boyd que le explicara en sus detalles nuestro propósito… Don Eduardo Icaza, también conjurado, quedó encargado de entenderse con el General Domingo Díaz, vecino suyo…”.

Esto es corroborado por el propio Carlos A. Mendoza y por Pablo Arosemena. Este último dice: “Tuve conocimiento de la labor política que tenía por objeto alcanzar la independencia del Istmo de Panamá -…- en la mañana del 3 de Noviembre…”.

El supuesto “pueblo” que se presenta a la Plaza de Francia, donde estaba ubicado el cuartel del ejército, en la tarde del 3 de Noviembre, eran los bomberos convocados convenientemente por su jefe, José Gabriel Duque. Nada fue “espontáneo”,  como dijera Tomás Arias.

No hubo en los sucesos ninguna sublevación popular. Ni balas. Se dispararon billetes de dólar con que se mataron muchas conciencias. Los sobornados no sólo fueron “panameños” (varios de los próceres son oriundos de otras partes de Colombia), sino los propios gobernantes en Bogotá, el primer entre ellos Marroquín y el general Reyes.

Los actores armados que hicieron frente a las tropas colombianas llegadas esa madrugada al puerto de Cristóbal, en Colón, fueron las tropas norteamericanas del acorazado Dixie, fondeado ahí, a las que se sumó la llegada del Nashville la tarde del 5 de Noviembre, consolidando la “independencia”. Hasta diez acorazados y miles de soldados yanquis invadieron Panamá en los días subsiguientes.

Roosevelt reconoció la “nueva república”, hija suya y de sus “amoríos” con Cromwell, el 6 de Noviembre, cuando más de la mitad de la población del Istmo ni siquiera se había enterado de lo que pasaba, como señala Oscar Terán, y cuando en Bogotá ni se sabía nada, gracias a que las tropas del Norte habían corta el cable del telégrafo.

Para otros detalles remitimos a nuestros trabajos: La verdadera historia de la separación de 1903La separación de Panamá de Colombia, una historia desconocida, un debate inconcluso (Ediotorial Portobelo, 2010). (ARTICSA, 2004) y