Por Olmedo Beluche

El nombramiento de tres nuevos miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá por parte del presidente Ricardo Martinelli ha desatado una pequeña guerra verbal entre el oficialismo y la oposición. La lucha política y periodística es una expresión del conflicto entre dos  fracciones de la oligarquía financiera, las cuales disputan el control de la administración del principal recurso económico del país. Ambos sectores son fácilmente identificables, por un lado está el sector tradicional, vinculado al Banco General, que tuvo en Alberto Alemán Zubieta, ex administrador de la ACP recién retirado del cargo, a su pieza clave en el corazón de la ACP, y un sector emergente con poderes económicos y políticos crecientes, que gira en torno al presidente y Globalbank.

Martinelli ha propuesto para su ratificación por la Asamblea Nacional a Alberto Vallarino, Henri Mizrachi y a Lourdes Castillo. Estos nombramientos darían al grupo de Martinelli una mayoría de miembros en dicha directiva, cuyas atribuciones constitucionales (Art. 319) incluyen: nombrar y remover al Administrador y Subadministrador del Canal; fijar tasas, peajes y derechos sobre el uso del canal y sus servicios conexos; contratar empréstitos; otorgar concesiones, etc.

Alberto Vallarino, el único de estos tres que no es criticado por la "oposición", es un conspicuo banquero perteneciente a otro de los grupos tradicionales de la oligarquía panameña, la familia Lewis que, hasta 2004, estuvo asociada a Banistmo cuando fue traspasado a HSBC. Vallarino tiene la ambivalencia de ser miembro del Partido Panameñista, dirigido por el vicepresidente J.C. Varela, ahora en oposición, pero cuyo suegro Samuel Lewis Galindo es uno de los pilares detrás de Martinelli. El poder de este grupo representado por Vallarino es tal que, aunque podría ser cuestionado por múltiples razones, entre ellas el haber sido beneficiario de una ley que le exoneró el pago de 400 millones de dólares por la venta del banco bajo el gobierno de Martín Torrijos (PRD), todos miran para otro lado.

Los más cuestionados son Henri Mizrachi, directivo de la Editora El Panamá América S.A. (EPASA), empresa editorial controlada por el grupo de Martinelli, y la Sra. Lourdes Castillo, representante legal de la empresa Naves Supply S.A., subcontratista de Panamá Ports (Evergreen) que controla el puerto de Balboa en la entrada del canal en el sector Pacífico. A Mizrachi se le acusa de ser peón de Martinelli, pero tampoco le atacan tanto, pues mal que bien es miembro de la importante comunidad empresarial judía de Panamá cuyas ramificaciones trascienden a ambos sectores en disputa. Por lo cual el ataque más furibundo se cierne sobre Castillo, a quien Martinelli ha presentado como hermana del mártir de la Gesta del 9 de Enero de 1964 por la soberanía en el canal, Ascanio Arosemena. Aunque el diario La Prensa la ha cuestionado esa afirmación, pues no es hermana sino hermanastra, el problema no es ese, sino que ella nunca ha sido parte de los sectores antiimperialistas que lucharon contra el enclave colonial y que han tenido en Ascanio un símbolo de esa lucha.

Se le cuestiona a Castillo que, como representante legal de Naves Supply S.A., tiene conflicto de intereses por ser beneficiaria de un contrato para dar servicios subsidiarios al canal, pero los ministros de Martinelli han respondido que, si así fuera, Alemán Zubieta tenía peores conflictos de intereses ya que su familia es dueña de Constructora Urbana S.A. (CUSA), empresa que tiene contratos directos con la ACP como parte del Grupo Unidos por el Canal, que construye el tercer juego de esclusas en la ampliación y que hizo la autopista de acceso al Puente Centenario.

Desde el punto de vista de los intereses de los sectores populares y asalariados, esas disputas por el control de la ACP no significan nada, pues como se dice en el refrán popular: "ellos son blancos, y entre ellos se entienden". El problema para la mayoría del pueblo panameño es que toda la estructura administrativa de la ACP está diseñada para que sea controlada por la oligarquía financiera y las empresas inmobiliarias, quienes son los principales beneficiarios del canal revertido a manos panameñas, por la vía de jugosos contratos, pero que en cien años de lucha anticolonialista nunca pusieron un mártir, ni movieron un dedo para rescatar la soberanía y acabar con el enclave de Zona del Canal, que sus abuelos le entregaron al imperialismo norteamericano.

 ¿Quién en la Junta Directiva de la ACP representa a los sectores obreros y populares? Nadie. Todos son representantes directos del capital financiero. ¿Quién representa la voz de nuestras comunidades originarias que claman para que los millones del canal se traduzcan en desarrollo humano para los más pobres entre todos los panameños? Nadie.

Así que, "la fiebre no está en la sábana". El problema no son los socios ungidos de a dedo por el presidente. El problema de fondo es el Título XIV de la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de la ACP, impuestos por acuerdo entre Estados Unidos y la oligarquía criolla, para mantener al canal como una "zonita" sin gringos, pero sobre la que el verdadero pueblo, que peleó por la soberanía, no puede opinar ni decidir.

Panamá 6 de febrero de 2013.