Por Polo Ciudadano

Se precipita un nuevo proceso electoral en la República de Panamá, con tiempos más perentorios en un Código Electoral bastante antidemocrático. Las reformas impuestas por la Asamblea Nacional mediante la Ley 247, de 22 de octubre de 2021, establecen en su artículo 330, que el Tribunal Electoral abrirá el proceso electoral el próximo 1 de junio de 2022 (“año tras anterior a las elecciones”), para los candidatos por libre postulación, y 1 de febrero de 2023 para los partidos políticos (“del año anterior”).

Quienes aspiren a un cargo de elección popular (presidencia, diputación, representante de corregimiento o alcalde) mediante libre postulación deberán inscribirse con una solicitud entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2022 (art. 360). Cualquier partido político que aspire a postular, deberá estar inscrito al 1 de febrero de 2023, cumpliendo obviamente con haber recogido el 2% de adherentes respecto a los electores del año 2019.

Entendiendo que bajo un régimen político antidemocrático y corrupto, como el panameño, controlado por la burguesía y sus partidos mediante prácticas clientelistas, la participación del movimiento popular y la izquierda es un asunto táctico. Es decir, la modalidad de la participación es algo que debe decidirse de acuerdo con las circunstancias: inscripción de partidos, libre postulación, voto nulo o en blanco, abstención, etc.

En los dos últimos procesos electorales, 2014 y 2019, sobre la base de que siempre es preferible postular candidatos propios como táctica privilegiada se usaron dos: la libre postulación (mal llamada “independientes”) y la inscripción de un partido (el FAD).

En esta ocasión, al acortarse los tiempos, el movimiento popular panameño tiene un dilema: inscribir candidaturas de libre postulación, lo que obliga a tomar decisiones en menos de un mes, o apostar a la inscripción del FAD que tiene medio año para inscribirse. Lo contrario, no inscribir candidaturas propias, por alguno de los dos métodos, llevaría a un retroceso a situaciones previas a 2009 (voto en blanco o por “Victoriano Lorenzo”).

Un sector de capas medias, apoyado por una parte de la burguesía y sus medios de comunicación, encabezado por el diputado Juan Diego Vásquez, ha organizado una “coalición” de candidaturas independientes bajo su liderazgo (que no incluye candidatura presidencial), la cual es claramente financiada por sectores vinculados al poder económico a los cuales responde, pero que se esconden bajo el ropaje de la “independencia”.

El Polo Ciudadano opina que la coalición del diputado Vásquez es parte del menú electoral de la burguesía panameña, es una candidatura del sistema que centra su denuncia tan solo en el tema de la corrupción, pero no cuestiona el modelo neoliberal. Polo Ciudadano propone: establecimiento de una coalición popular, con un programa antineoliberal, popular e independiente de la burguesía. Coalición que, con unidad, podrá vencer los obstáculos antidemocráticos del Código Electoral al eliminar la dispersión en que nos encontramos. Sobre esa base unitaria, decidir qué tipo de táctica electoral privilegiaremos en unidad.