Por Virgilio Araúz

Según varios economistas panameños Panamá, perdió cerca de 7,000 millones de dólares por efecto de la agresión económica (1987-1989) y por las destrucciones de la invasión, es decir más del Producto Interno Bruto para 1990.  Para solo dar un ejemplo: es como si todos los panameños dejáramos de trabajar por un año, sin producir ni un grano de arroz.

Dirigentes de los partidos burgueses de oposición como el Dr. Ricardo Arias Calderón, hablaron de planes de 1,000 millones de dólares para reconstrucción.  Al igual que en 1903, cuando nos entregaron los mercaderes pensando en la bonanza económica, la mezquindad imperialista se impuso.

Los norteamericanos impusieron en julio de 1990, un mal llamado “Convenio de Donación” que asignaba  para “asistencia” 243,850,000 dólares el cual según el segundo párrafo del artículo 1, “...consiste, en dos subprogramas: (1) la normalización de relaciones con las instituciones internacionales de finanzas (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (Banco Mundial) y el Banco Interamericano de Desarrollo), y (2) apoyo para el presupuesto de inversión del Donatario.  Con sujeción y conforme a los términos y condiciones de este Convenio, la AID proveerá $130 millones de dólares de la Donación para pagar las morosidades del Donatario a las IFIs para normalizar las relaciones del Donatario con esas instituciones y proveerá $113.85 millones de dólares de la Donación para apoyar el presupuesto de inversiones del Donatario en tres partidas de $29.85 millones de dólares, de $42 millones y de $42 millones de dólares respectivamente”.

Es decir, que se destinaron  a las finanzas públicas sólo 113.85 millones de dólares, en ningún momento, los 1,000 o los 420 millones que finalmente hablaron.

Pero eso no es todo, como quien gana una guerra, impone una serie de condiciones.  Para dar los primeros 29 millones exige: “a) un plan para el manejo de las finanzas del sector público que describa las acciones ya tomadas y las proyecciones para el plazo medio con relación a los ingresos, gastos, salarios, ahorros, reducción de la deuda interna, e inversión. B) Una carta que identifique las primeras empresas públicas que serán privatizadas ...y describa el plan para llevar a cabo estas privatizaciones” c) Un plan para rebajar los aranceles de importación, eliminar las restricciones comerciales cuantitativas, y reducir el número de productos sujetos a control de precios... d) Un plan para mejorar la competitividad de los productos panameños en los mercados mundiales”.

Para el segundo desembolso de 42 millones exige: “a) Prueba de que Panamá ha llegado a un acuerdo sobre un programa de reactivación económica a mediano plazo, respaldado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y por el Banco Interamericano de Desarrollo. B) Prueba de progreso aceptable en la ejecución de reformas de las políticas en las áreas de finanzas del sector público, privatización, política laboral y política comercial y mercantil... c) Prueba de que el Donatario ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio de registros de transacciones internacionales de cambio con relación a las investigaciones y procedimientos sobre narcóticos y que se está logrando progreso constante hacia la firma de un Tratado de Asistencia Legal Mutua”.

Y para el tercer desembolso de 42 millones exige: “a) Prueba de que Panamá ha recibido las primeras partidas del Banco Mundial y del BID bajo el programa de reactivación económica. B) Prueba de progreso satisfactorio respecto a la firma de un Tratado de Asistencia Legal Mutua. c) prueba de progreso aceptable en la ejecución de reformas  de las políticas en las áreas de finanzas del sector público, privatización, política laboral y política comercial y mercantil relacionadas a los planes identificados en las condiciones...antes mencionadas.

Y para terminar puede la AID dar por terminado el Convenio unilateralmente sino se cumple con lo que ellos han estipulado.  (Gaceta oficial 21,581, del 17-7-1990)

A todo el plan eufemísticamente le llamaron “Asistencia Económica de los Estados Unidos a Panamá”.  Además, en el Programa de recuperación Económica, existía un renglón de “Reactivación del Sector Privado” de 107.9 millones  que “se colocaron bajo la figura de Certificados Interbancarios de Depósitos (CDI’s) a la Tasa Libor más 2% adicional, en 18 bancos de la localidad con licencia general, y su vigencia iba a cinco años”. (Informe Contralor, 1996) Es decir, le prestaron para reactivarse a sus mejores aliados en la agresión económica de 1987-1989, cuando cerraron, impidiendo el circulante. Fueron los más favorecidos: El Banco General (32.1 millones), The Chase Manhattan Bank (17.3m.), Banco del Istmo (17.2m.), Bancomer (16.6m.), Banco Continental (14.9m.), PRIBANCO (14.8m.), BANAICO (10.6), Banco DISA (5.31m.), Towerbank (5.1m.)...

Según el Informe del Contralor (1996) “Se estima que los fondos colocados en los CDI’s, beneficiaron a diez sectores de la actividad económica, generando en total 18,122 empleos”.  Esto se dice porque fueron prestados a tasas efectivas, superiores al 15% en las diversas ramas de la economía. “Los principales sectores favorecidos fueron vivienda (34.7 m.), comercio 33.5m), ser-vicio (32.5), industria (25.7m.)”.

Para que se vea como el “Convenio de Donación” era el que más condiciones tenía es importante observar que en el Informe del Contralor de 1993, se publicaba el siguiente cuadro:

ASISTENCIA PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA (EN MILLONES DE DÓLARES

	TOTAL	DESEMBOLSADO
Morosidad con las IFI’s	130.0m	130.0m
INVERSIÓN PÚBLICA	113.9	71.8
INVERSIÓN PRIVADA	107.9	107.9
TOTAL	351.8	309.7

Es decir, que todavía  no se había cumplido con las condiciones para el desembolso de los últimos 42 millones de los 113, se había negociado el tratado de Asistencia Legal Mutua que es ponerse a los pies del imperio y se habían negociado nuevos empréstitos con el BM y el BID, pero no se había cumplido con la otra parte: “prueba de progreso aceptable en la ejecución de reformas  de las políticas en las áreas de finanzas del sector público (Fondo complementario, despidos, nota V.A.), privatización (1997, V.A.), política laboral (ley 44 con gobierno Doens-Pérez Balladares, V.A.) y política comercial y mercantil relacionadas a los planes identificados en las condiciones...antes mencionadas”.  Sin embargo, los 130m. de la deuda se pagaron lo que veremos más adelante, y los banqueros se tomaron todo el dinero en el mismo 1991.

Igual sucedió con el resto del plan, el cual incluía Garantías de crédito para las empresas norteamericanas que quisieran hacer negocios en Panamá por casi 500 millones, pero en el informe (1993) sólo se habían utilizado 93.2 millones y la otra parte de la “asistencia”, era para hacer el trabajo ideológico y de la ocupación: 15 millones de “obras públicas” para que los militares de EEUU se “pasearan como dadivosos” por todo el país; “donación de alimentos”(idem); 15 millones, “beneficios comerciales” para beneficiar a los “azucareros”(29m.) y la iniciativa de la Cuenca del Caribe (20m.); bienes excedentes (8.9 m.) los pupitres y otros que vimos en los ministerios y escuelas con símbolo de la USAID con la bandera norteamericana; lo que llaman “asistencia para el desarrollo (54.2 millones) que era la manera como intervenían directamente con becas, protección de la cuenca hidrográfica del canal, “mejoramiento a la policía”, “fortalecimiento de las instituciones democráticas”, como el tribunal electoral y la administración de justicia, entre otros.  Todo ello, sumaba alrededor de los mil millones, pero en términos reales no entraron a la economía nacional ni 400 millones, pero como veremos todo fue para cobrar la deuda externa y piratearse nuestras empresas.  En porcentaje, ni el 10% de lo que perdimos –sólo económicamente- por la agresión e invasión.

El gobierno de Endara, Arias Calderón y Ford, que se instaló tras la invasión, aplicó ese plan generado de ese “Convenio de Donación”, a pesar de reconocer el desastre de la agresión económica de los años 1987-1989 y la invasión.

En la Introducción de la “Estrategia Nacional de Desarrollo y Modernización Económica” (junio de 1990) se lee lo siguiente:

“Panamá tiene en el presente una situación económica crítica.  La producción interna ha caído en un 20%, estimándose el nivel de desempleo en más de 25%.  La banca, desde 1988 hasta mediados de 1990, ha estado operando con restricciones en los depósitos, lo que impide un funcionamiento normal del sistema de crédito.  Existen sectores paralizados tales como: la industria de la construcción y la de materiales de construcción, el comercio de muebles, la venta de automóviles y bienes de consumo duradero. El servicio de la deuda externa ha sido suspendido”

Y más adelante empiezan a aplicar el plan: “Los problemas económicos de Panamá no son sólo el resultado de la coyuntura política.  Han contribuido a ello las políticas económicas seguidas que desarrollaron una filosofía del ‘Estado Activista’, en contraposición a una de libre mercado”.  (MIPPE, 1990)

A renglón seguido aplicaron todo el programa elaborado días antes de la invasión en Washington y que se lo dieron a procesar a los fondomonetaristas del patio.  Si se ve el índice de la “Estrategia...” se pueden desglosar las condiciones impuestas en el llamado “Convenio de Donación”.

Lo hecho con la deuda externa es una muestra de hasta dónde llegan las imposiciones yanquis y la entrega de una burguesía de un país semicolonial. Según la propia “Estrategia...”, “...la deuda externa era de 3,813.5 millones, de los cuales 2,209.3 millones eran deuda al sector privado externo. Además había retrasos por B/.540 millones a los programas internacionales”.

La deuda privada estaba valorada en 0.13 centavos por cada dólar, debido a la destrucción del país, pero los señores Carles, Ford, Chapman y otros ni siquiera la negociaron, simplemente fueron a pagar. Y ese país devastado se comprometió a pagar y lo peor es que pagó, antes de cualquier cosa, los 540 millones con 130m. de la donación, 130 millones de aporte directo del dinero que los EEUU había retenido ilegalmente a Panamá en los dos últimos años (del canal, banano, depósitos, etc.) y se pidieron 280 millones más prestados, para pagar. (MIPPE. 1990).

Panamá después de la invasión del 20 de diciembre de 1989, quedó ocupada no sólo por las tropas norteamericanas que patrullaban nuestras avenidas y campos, sino que las finanzas públicas y las medidas económicas quedaron a merced del gobierno de los Estados Unidos, con la complacencia de los gobiernos que le siguieron.  Tanto los gobiernos del arnulfista Ernesto Endara, como el del Partido Revolucionario Democrático que creó Torrijos, con el gobierno de Ernesto Pérez Balladares y, el actual de la exesposa de Arnulfo Arias, han intentado cumplir al pie de la letra con los dictados del imperialismo después de la invasión.  Dictados que corresponden a los mismos que imponen a través de las IFi’s a todos los pueblos del mundo para resolver su crisis, la del sistema capitalista.

Para que los jóvenes, quienes eran unos niños cuando la invasión tengan una idea del significado en pérdidas humanas y económicas, es bueno compararlo con hechos que no compartimos, pero que sí se dan a conocer por y con los medios tecnológicos más sofisticados del mundo.  Nos referimos a los acontecimientos del 11 de septiembre de 2,001. Si aceptamos la cifra de la Iglesia católica de 650 muertos (que además, es la más baja) como cierta, en vez de casi 3,000 inocentes personas que murieron en los hechos de la torres gemelas  (que sí han contado los norteamericanos), para compararse con los asesinatos cometidos por el imperialismo en Panamá en 1989, tendrían que haber muerto más de 60,000 personas.  Y ni hablar de los efectos económicos.  Ellos hablan que perdieron 95,000 millones de un PIB superior a los dos millones de millones de dólares, nosotros perdimos todo el Producto Interno Bruto de un año.  Y podríamos hacer otras comparaciones, todo el mundo habla de la catástrofe del capitalismo neoliberal de Argentina –y de verdad que lo es- pero su pérdida del Producto Interno Bruto en los últimos cinco años no llega siquiera a la mitad del que tuvimos sólo en el año 1988.  Nosotros pasamos el 20% del desempleo y Argentina ha llegado, según los informes oficiales,  al 17.9% en el 2,002. (El País, 2,002).

Todo esto sin contar los traumas, sociales, sicológicos y culturales que no podemos contabilizar.

Sólo la política entreguista de la burguesía nacional hizo posible, que todavía no se hayan contado de verdad los muertos y no se haya exigido indemnización al imperialismo.

Esa entrega y unidad de la burguesía con los intereses y ocupación  imperialista a nuestro país se refleja en los engendros antinacionales que surgen de la llamada Asamblea Legislativa, sean reformas constitucionales, leyes o contratos leyes.  Todos esos mamotretos legales se realizaron en la década de 1990 para preparar la recuperación del canal y los territorios aledaños ocupados por bases militares norteamericanas.

De todos es sabido que los llamados planes de ajuste estructural se realizan por medio de leyes.  Esas medidas han estado afectando a los trabajadores del mundo con el incremento del desempleo, pérdida de conquistas en salud, educación, seguridad social y otros aspectos sociales;  y, a los estados semicoloniales, violentando su soberanía.

La invasión norteamericana por sus resultados –ver el Convenio antes citado- evidentemente tenía entre sus dos principales objetivos imponer el plan de las IFI’s, detenido parcialmente por las luchas populares previas a 1989.  El otro objetivo, seguía siendo parte de las relaciones entre ambos países, faltando diez años para que finalizara uno de los tratados firmados en 1977, “El Tratado del Canal de Panamá”.  El otro tratado “el de la neutralidad del canal” si bien sigue vigente y se refiere a pesar de su título también a aspectos económicos como los peajes, es solo una base general, era necesario ajustar la constitución y las leyes para garantizar en la nueva situación los intereses norteamericanos y de las navieras.

El Título Constitucional agregado a la Constitución de 1972 y la ley 19 de 1997 vienen a llenar ese vacío a favor de los EEUU, lo cual analizaremos en detalle más adelante.   En realidad todo el andamiaje de reformas constitucionales, forma parte de ello.  Por ello, pese a que el pueblo panameño las rechazó en un Referéndum, han sido impuestas a cuenta gotas con el mecanismo de “dos asambleas”.