Cuando el gobierno PRD de Martín Torrijos anunció su paquete de reformas tributarias, FRENADESO señaló que en un país como el nuestro, donde prevale la injusticia social, la inequidad,  es necesario que la base del sistema tributario sea de carácter progresivo, es decir, que quienes mayores ingresos perciben, mayores aportes entreguen. No obstante, desde el punto de vista tributario, Panamá se sigue caracterizando por contar con un sistema regresivo.

Es cierto que una de las principales fuentes de ingreso del Estado son los tributos (impuestos o gravámenes) que representan recursos necesarios que provienen de los contribuyentes con el propósito de cubrir las necesidades colectivas, sobre todo las de los grupos humanos marginados.

Todos los gobiernos que se han sucedido desde 1989 a la fecha aplican, desde su ascenso al poder, medidas que tienen como propósito aumentar los ingresos del gobierno con la excusa permanente de que los ingresos disponibles no son suficientes para asumir los «compromisos sociales» del Estado.  Sin embargo,  lo que no aceptan es que el principal destino de estos ingresos, invariablemente, desde los años setenta ha priorizado el pago de la deuda pública (cerca del 25% del presupuesto del Gobierno Central) así como los elevados gastos superfluos por parte del engranaje administrativo.

Son profundas y preocupantes las distorsiones del manejo del presupuesto público en Panamá.  Estas distorsiones, hace mucho debieron obligar a realizar una reforma fiscal de carácter integral, procurando que quienes mayores ingresos perciben aporten más, con la aplicación de mecanismos de control y penalización rigurosos y efectivos contra la evasión fiscal, eliminando los gastos innecesarios que realizan las instituciones incluyendo los jugosos salarios y privilegios que reciben los Ministros, Diputados, Magistrados, Directores y otros altos funcionarios.

Requiere, además, revisar las llamadas «exenciones fiscales» que se otorgan a las empresas transnacionales y al gran capital nacional, con el argumento de que contribuyen a la economía panameña, pero que en términos reales no resulta significativo.  Desde el año 1999 hasta el 2008 se han otorgado 1,981,266 millones de balboas en concepto de exoneraciones de impuestos de importación y otros incentivos que reciben las empresas, lo que representa un gran sacrificio fiscal para los que sí pagan impuestos.

Contrariamente, los cambios tributarios realizados hasta la fecha, incluyendo la propuesta Martinelli-Vallarino, y la política económica en general, han profundizado estas distorsiones, perjudicando las remuneraciones de los asalariados.  Esto se corresponde con el alto nivel de desempleo y subempleo existente en el país, con un aumento en la marginación que los programas asistenciales no pueden combatir.

LA PROPUESTA MARTINELLI-VALLARINO

El Gobierno utiliza los siguientes aspectos, como argumentos para imponer un aumento en los impuestos:

1.  Aumentar los ingresos del Gobierno para disminuir el déficit fiscal (Ingresos menos gastos públicos) proyectado de 5 a 7% del Producto Interno Bruto (PIB) por encima del límite legal (3%) para el período 2010-2014 (período del Gobierno Martinelli).  El documento de presentación de las reformas elaborado por el MEF afirma que «La reforma fiscal generará un aumento de 200 millones de dólares anuales en ingresos».

Esto significa que al no contar con un Plan Nacional de Desarrollo, elaborado en base a objetivos que beneficien a la población, su gestión seguirá priorizando (como hasta ahora) la realización de gastos innecesarios e injustificados,  como  los dos viajes mensuales del Presidente y sus comitivas, el avión exclusivo, la creación de nuevos cargos con altos salarios como los de la Caja de Seguro Social, la concentración de las inversiones de macroproyectos que no necesariamente se requieren en la Región Metropolitana, olvidando que en el resto del país viven otros panameños, entre otros.

2.  La posición de Panamá en cuanto a la participación (baja para el gobierno) de los ingresos tributarios con relación al PIB:

- Posición 17 antes de las reformas del 2009 (denominada primera ola) y 15 después, entre veinte países de América Latina.

- Posición 153 a 138 entre 179 países a nivel mundial

Esto quiere decir, que el Gobierno dirige su análisis sólo a aquellos indicadores que a su juicio le convienen, sin establecer relaciones  con la realidad que afecta a los sector populares como por ejemplo: que tenemos una de las peores distribuciones de la riqueza en América Latina y el mundo; que pese a que la economía crece gracias a los trabajadores, cada dos años hay que prácticamente mendigar un irrisorio ajuste del salario mínimo que luego desaparece en manos de los comerciantes inescrupulosos; que los más pobres de nuestro país consumen 13 veces menos de lo que consumen los más ricos;  que  la calidad de vida de países desarrollados con los que se pretende comparar a Panamá es superior a la nuestra, etc. etc.

Esto lo hacen con el propósito de hacernos creer que los panameños pagamos pocos y bajos impuestos, dejando de lado que el nivel de salarios de más del 40% de los trabajadores no permite cubrir siquiera el costo de la canasta básica familiar (que constituye el mínimo), y qué decir de los que no reciben remuneración alguna.

3.  Que Panamá está por encima del promedio de América Latina en el porcentaje de impuesto sobre la renta de empresas (30%) y que ésta no se ha modificado en 10 años, mientras que en el mundo ha disminuido y en América Latina poco.

Este argumento es falso ya que en Panamá se ha reducido el ISR a las empresas  de manera significativa desde la reforma Endara de 1992 pasando de un 50% hasta un 30%, sin diferenciar entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Hoy se pretende bajar aún más, hasta el 25%. Lo que contrario a su publicidad mediática, significaría que quienes más tienen pagarán menos.

4. Panamá tiene el impuesto al consumo (ITBMS o IVA) más bajo de la región y varios países lo han aumentado en los últimos años.  Se requiere aumentar este impuesto para cumplir con las promesas del gobierno: financiar el programa de inversión social e infraestructura (Metro y mejoras al Transporte Público, Mejoras en la seguridad pública y aumento a los policías, Subsidios y Programas Sociales), fomentar la equidad y fortalecer las finanzas públicas.

Esto confirma lo que FRENADESO siempre señaló acerca de las promesas  de campaña demagógicas de estos y otros partidos que se enfrentaron en la contienda electoral.  Martinelli y su grupo nunca anunció que aumentaría los impuestos a los más pobres del país así como tampoco jamás respondió a nuestra pregunta: ¿Cuál sería la fuente de los recursos para financiar las promesas que hacían cuando querían llegar al gobierno?

Otro engaño más de la partidocracia.

Este es el segundo paquete de reformas tributarias de Martinelli-Vallarino, para el cual se presentan estos objetivos:

1.  Cumplir con las Promesas del Gobierno

-      Disminuir los impuestos a personas naturales y jurídicas

-      Simplificar impuestos

-      Crear un Tribunal Administrativo Tributario

-      Eliminar el CAIR para personas naturales

2.  Promover la equidad

-  Asegurar que todos los sectores comerciales paguen tasas efectivas de impuestos razonables y similares

-    Asegurar que las personas sean gravadas de acuerdo a su capacidad de pago.

3.  Mantener la competitividad de Panamá

-  Asegurar que los impuestos sean iguales o inferiores a los países competidores.

4.  Aumentar la eficacia en la recaudación

-  Eliminar los impuestos onerosos que no aumentan significativamente los ingresos fiscales.

-    Hacer los impuestos más fáciles de calcular, pagar, y auditar.

5.  Aumento de los ingresos del gobierno

-  Aumentar los ingresos tributarios para financiar nuevas inversiones.

Frente a estos propósitos del Gobierno, FRENADESO sostiene lo siguiente:

-  Se engañó al pueblo porque durante el período de campaña su propuesta de gobierno no consultó el aumento de los impuestos a los pobres.

-  Las reformas propuestas mantendrán la regresividad del sistema tributario, lo que representa inequidad en contra de los más necesitados

- La competitividad no se puede obtener sobre la base de someter a la población a peores condiciones de vida

-  Son millones de dólares en préstamos de organismos internacionales, que pagamos con nuestros impuestos, los que desde hace más de dos décadas se han supuestamente destinado a la modernización del sistema de recaudación para mejorar la eficiencia en la recaudación. Sin embargo, seguimos siendo afectados con la evasión fiscal de los inescrupulosos empresarios que retienen impuestos y no los transfieren al fisco, o aquellos que inventan gastos de operación inexistentes que cargan a los precios de los productos y servicios que adquieren los consumidores.  Recordemos que los que evaden el pago de impuestos son los empresarios, no los asalariados.

- Las inversiones sociales a las que se refiere el Gobierno terminarán siendo financiadas por los más pobres porque lo que se pagará de más en impuestos regresivos (7%) es lo que se utilizará para supuestamente pagar los costos de esas inversiones.  Al final, serán los pobres los que cargarán con los costos de su propia pobreza. Es decir, estamos redistribuyendo la pobreza entre los pobres.

En términos concretos podemos señalar que la propuesta de reforma presentada por Martinelli-Vallarino:

- No es una reforma fiscal, en la medida que no incluye todos los elementos y principios que deben integrarla. La propuesta está dirigida a los ingresos (tributos y otras tasas). Su principal objetivo es reducir el déficit fiscal (a 3% del crecimiento del PIB), y a mejorar la imagen internacional para tener acceso a mayor endeudamiento y cumplir con las imposiciones de organismos de crédito y de las agencias calificadoras.

-  Es una propuesta incompleta, insuficiente por carecer de relación con un conjunto de temas estratégicos para el país; se presenta de manera aislada. Debe relacionarse, por ejemplo, con el aún pendiente y nefasto TLC con los Estados Unidos y sus efectos sobre las finanzas del Estado.

- Mantiene la regresividad del sistema tributario, pues aumenta la disminución de la tarifa de impuesto sobre la renta a personas jurídicas o empresas como tendencia desde las reformas de 1992 y profundiza la ampliación de la base de los impuestos indirectos (sobre el consumo) que aprobó el gobierno de Mireya Moscoso con la Ley 61.

- Carece de evaluación sobre el impacto de las varias modificaciones anteriores al régimen tributario y otros aspectos de política fiscal (leyes de incentivos, disminución de tarifa de impuesto sobre la renta a empresas, etc.).

- No contiene propuestas sobre el manejo de la deuda pública, determinante histórico del déficit fiscal, pese a constituir uno de los mayores gastos del Estado.

-  Es otra reforma «saca plata» porque su principal objetivo es obtener más ingresos a costa del empobrecimiento y sacrificios del pueblo.

LO QUE NO SE LE DICE AL PUEBLO

La propuesta niega la posibilidad de la población de aspirar a mejorar su calidad de vida, ya que considera que se mantendrá consumiendo el mínimo de algunos rubros de la canasta de necesidades básicas.  El gobierno considera que los productos que consumen los pobres no serán gravados con el 7% del ITBMS lo que no es cierto, ya que olvidan que al ser producidos estos bienes y servicios con insumos o materia prima gravados, automáticamente los empresarios se lo trasladan al consumidor.

El aumento en el ITBMS no es del 2% como publicitan, ya que representa un 40% sobre la tasa anterior (al pasar de 5% a 7%).  Casi el 30% de los gastos en productos que consumen los pobres está pagando ITBMS.

Además, de manera solapada se están aumentando y creando nuevos impuestos a bienes y servicios que consume el pueblo (Tarjetas telefónicas, telefonía fija o residencial, celulares, etc.).

El Gobierno olvida que los pobres también requieren comprar enseres para sus hogares (TV, estufas, lavadoras, refrigeradoras, muebles, aparatos de música, implementos de cocina, artículos de baño, etc.); que se tiene derecho a la recreación, al disfrute temporal de asistir a algún restaurante, al cine, a los parques; que este nuevo recorte al poder adquisitivo de la población se suma al producido ya por la gran cantidad de aumentos del precio de otros bienes y servicios (combustible, electricidad, transporte) y otros que están por venir (transporte/Metro, tasa de aseo, agua, etc.).

Con el aumento al ITBMS se afectan los que devengan menos de 800.00 balboas mensuales, los desempleados, los trabajadores del sector informal y la mayoría de los jubilados.  Si comparamos la cantidad de panameños que se perjudican con esta medida con los pocos grandes empresarios y trabajadores de altos salarios que obtienen beneficios de la disminución del impuesto sobre la renta, es evidente que los de menores recursos seguirán soportando la mayor carga tributaria.

La propuesta pretende confundir a la población asalariada, ya que establece una reducción en la tarifa de impuesto sobre la renta (ISR) y el beneficio del no pago de este impuesto para unas 17,800 personas.  Lo cierto es que sin las reformas, ya la mayoría de los asalariados  no tenía que pagar el ISR, ya que sólo 8 de cada 100 personas ocupadas en la actualidad son gravados con este impuesto.  El propio Gobierno reconoce que sólo 92,372 personas se beneficiarán de la reducción del ISR, de una población trabajadora que supera el millón y medio de personas, según cifras de la Contraloría General de la República.  Lo que tampoco dicen con claridad es que a los que lo que tengan que pagar no le harán deducciones por dependientes, la básica individual y otros reconocimientos legales que anteriormente se podían aplicar para disminuir la renta neta gravable, considerando los gastos necesarios para producir y conservar la renta.

Con la publicidad mediática y ejemplos que demuestran su irrespeto hacia los pobres, el Gobierno sugiere que los subsidios (que son financiados por los propios pobres) constituyen un complemento suficiente para cubrir sus necesidades de sobrevivencia.  Muchos de estos programas se han convertido en un mecanismo que garantiza las ganancias de algunas empresas que son las proveedoras de supuestos beneficios como el ejemplo de las empresas transnacionales de electricidad y el subsidio a las distribuidoras de gas; constituyen,  focos de corrupción y desfalco de los recursos del Estado (FIS, FECE, PRODEC, Red de Oportunidades, entre otros), sin ofrecer oportunidades reales de desarrollo a las comunidades y población en general.

Los pocos panameños que se benefician se ubican en sectores de altos ingresos que se caracterizan por tener un comportamiento consumista, actitud que produce un proceso inflacionario (aumento de precios generalizado) ya que su demanda de artículos importados suntuarios tiende a aumentar y tienen una mayor disponibilidad a aceptar los aumentos especulativos de los precios de artículos de primera necesidad pues sus ingresos le permiten adquirir éstos y otros bienes y servicios.

Finalmente, quien propone y defiende el nuevo paquete de reformas tributarias, el hoy Ministro del MEF, ALBERTO VALLARINO no tiene autoridad moral para imponerle al pueblo más sacrificios, cuando precisamente en el año 2006 logró una ley personalizada (caso BANISTMO) que le permitió beneficiarse con casi B/. 400 millones que afectaron los ingresos del Estado.  Situación promovida por el gobierno PRD de Martín Torrijos, quién en lugar de cumplir su promesa de campaña electoral de «modificar la reforma saca plata de Mireya Moscoso», termino creando su propia reforma saca plata, al igual que lo hace hoy Ricardo Martinelli. Recordemos que en aquella ocasión, el actual jefe de Vallarino, Ricardo Martinelli, donó su participación en el negocio a una institución de beneficencia, señalando que se trataba de una acción dudosa.

FRENADESO:  CRITERIOS BÁSICOS PARA UNA REFORMA FISCAL

Reconocemos los planteamientos emitidos por los trabajadores, que desde siempre han sostenido que la estructura tributaria de Panamá ha favorecido a los sectores de mayores ingresos, y que quienes han soportado una mayor carga fiscal son los asalariados y los consumidores de bajos ingresos, que no pueden evadir los pagos de los impuestos directos e indirectos. La desigual estructura tributaria ha sido denunciada por los sectores populares en múltiples ocasiones. Por tanto, hemos sostenido la filosofía que quienes más ganen más deben aportar a los ingresos del Estado, pero que además, el uso de estos ingresos, debe beneficiar a los más necesitados. La actual propuesta gubernamental dice descansar en este principio, no obstante, no hay claridad ni evidencia de que su resultado final sea una estructura más equitativa ni que produzca equidad social.

Sostenemos que lo que debe prevalecer en materia tributaria y fiscal es el principio de equidad con la aplicación de medidas específicas hacia ese propósito, de manera que se produzca un cambio real y no retórico.

Proponemos, entonces que una reforma fiscal debe contener los siguientes criterios básicos:

- Como pilar fundamental de la política económica del país, debe ser integral, incluyendo los temas estratégicos sobre desarrollo económico y social que interesan a toda la población, así como aquellos que pueden afectar el futuro de todos y todas.

- Debe contar con una estructura de gastos que priorice la provisión de servicios públicos colectivos, favoreciendo a los grupos sociales de menores ingresos.

- Es imperativo, en cualquier reforma fiscal, la existencia de mecanismos rigurosos y eficaces de control y fiscalización de las recaudaciones y las erogaciones que realice el Sector Público a través de todas sus instituciones para evitar la corrupción.

-  La reforma fiscal debe fundamentarse en los principios tributarios de universalidad e igualdad de manera que todo impuesto grave al contribuyente en proporción directa a su capacidad económica. Sólo así se podrá contar con un sistema tributario realmente progresivo y equitativo.

- Se requiere que forme parte de un plan de gobierno coherente y éste debe ser parte, a su vez, de un plan nacional de desarrollo.

Concretamente, y en base a lo anterior, proponemos:

1- Propuesta en cuanto a los Gastos y la Estructura Presupuestaria:

- En el caso de la estructura de gastos, se deben disminuir los salarios y privilegios de los puestos de mayor jerarquía del Sector Público (Ministros, Diputados, Magistrados, Directores), ya que tendrán un efecto recaudatorio mayor en las finanzas del Estado en comparación con la disminución del valor de la planilla y el número de funcionarios.

- Se debe cambiar la estructura del gasto público; éste no debe priorizar el pago del servicio de la deuda pública. Debe incluirse topes al endeudamiento y a su pago, así como información precisa acerca del origen, condiciones y uso de los recursos del crédito. De requerirse endeudamiento, debe garantizarse el uso exclusivo de esos recursos para gastos de inversión productiva y social.

- Deben eliminarse los gastos improductivos y los no transparentes de todas las instituciones (publicidad, celulares, alquileres, remodelación de la Presidencia y oficinas de Ministros-Diputados-Magistrados, viajes, partidas discrecionales, automóviles de lujo, etc.).

- Los salarios de las altas autoridades del Sector público (Ministros, diputados, magistrados, etc.) no deben ser superiores a 5 veces el salario mínimo.

-      Es imperativo que la estructura de gastos sea pública, realmente transparente, con la aplicación efectiva de mecanismos de control y fiscalización de las erogaciones que pueda garantizar la eliminación de actos de corrupción. La creación de comisiones con participación de todos los sectores podría apoyar esta tarea.

2- Propuesta en cuanto a los Ingresos:

- Cualquier propuesta debe dejar claramente establecida la estructura tributaria que resultará de las reformas (por ejemplo, carga fiscal para las empresas en comparación con los asalariados, por tipo de empresas, impuestos directos e indirectos, etc.)

-  Aplicar una tasa impositiva a los ingresos gravables de las grandes empresas en un rango del 5 al 10 por ciento, lo cual podría contribuir a una menor evasión y a mejorar la distribución de la riqueza. Esto se justifica por los beneficios que obtienen de exoneraciones y leyes especiales, así como por la evasión de impuestos que hacen los empresarios al registrar gastos que ocultan ganancias.

- Proponemos reestablecer las tarifas del impuesto sobre la renta para personas jurídicas vigentes antes de 1992.

- Los grandes capitales de bancos, aseguradoras, Zona Libre de Colón (ZLC) y otros, deben ser los que aporten más al fisco. Se deben gravar las operaciones exteriores de la ZLC, así como las actividades de la Bolsa de Valores, incluyendo los ingresos provenientes de capitales colocados dentro y fuera del país.

- El proceso de modificaciones de la política fiscal debe incorporar el manejo de la actividad financiera de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), ya que muchas de sus áreas reciben aportes del resto del Presupuesto General del Estado sin que las ganancias que recibe esta empresa pública beneficien significativamente a la población. Su manejo sigue representando un enclave económico que favorece a la marina mercante mundial y a su principal usuario, los Estados Unidos de América.

- Es correcto el criterio de gravar los gastos de representación de los sectores privado y público, garantizando con claridad que se le aplicarán todos los tributos directos que establece la ley, incluyendo las deducciones de seguro social.

- Planteamos un incremento sustancial de impuestos a bienes y servicios de lujo (impuesto de consumo selectivo). Quienes pueden pagar un automóvil de B/.30,000 y más, con seguridad podrán pagar un impuesto superior al que existe actualmente. A eso se debe añadir el uso de joyas, muebles lujosos, bebidas de consumo exclusivo, yates y similares.

-  Para generar más ingresos públicos se requiere gravar las rentas que rinden los depósitos a plazo fijo privados con montos superiores a B/50,000.00. Quien puede desprenderse del uso de unSe deben aumentar los impuestos a los dividendos distribuidos a los socios. Desde los años sesenta este porcentaje se ha mantenido en 10% y que representa niveles irrisorios de recaudación. En esta materia es claro que ha existido una falta de control fiscal por parte de todos los gobiernos.

- Proponemos que se elimine el ITBM a los servicios ya que está afectando, en mayor grado a los trabajadores y consumidores de bajos ingresos.

3- Propuesta de Administración Tributaria y Otras Acciones:

-  Hacer efectivos los mecanismos de recaudación y control fiscal (generalizar las auditorias fiscales). Compartimos que las sanciones y penas se aumenten considerablemente. Los trabajadores y los sectores de bajos ingresos, no tememos a dichas disposiciones porque no evadimos el pago de nuestros impuestos. Son los empresarios a quienes les preocupan dichas medidas.  Crear otra estructura burocrática, dependiente aún más del poder centralizado del Presidente, implica el aumento de gastos y demuestra la incapacidad de la Dirección General de Ingresos para mejorar la acción recaudatoria y fiscalizadora que le corresponde.

- Realizar un proceso real de investigación en todas las dependencias del Estado para determinar y sancionar los casos de corrupción.

- Estas acciones deben ser acompañadas por mecanismos de protección a los consumidores que impidan que los nuevos impuestos sean trasladados a la población. Por ello se requiere llevar a cabo un proceso de congelamiento general de precios, para evitar abusos de la clase empresarial contra los consumidores.

-  Aunado a ello, se debe establecer un aumento general de salarios (que hace más de 20 años  no se aumenta), tanto en el sector público como privado, estableciendo garantías de estabilidad laboral que permitan a los sectores marginados tener oportunidades para una vida más decorosa.

OTRO PANAMÁ ES POSIBLE

AHORA LE TOCA AL PUEBLO: ORGANIZARSE Y LUCHAR

FRENADESO

FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

Panamá, marzo de 2010.