La Asamblea de Diputados, una vez más, aprobó en unos cuantos días las reformas al Código Minero desoyendo la gran mayoría de organizaciones que asistieron a expresar su desacuerdo sobre esta Ley. El Presidente Martinelli no quiso esperar a que se secara la tinta para refrendar dicha ley, al igual que lo hizo con la Ley chorizo, la de que eliminó la carrera administrativa y legislativa, etc.

Esta ley permite a los Estados extranjeros incursionar en este negocio, violando nuestra soberanía y la Constitución política de Panamá, para obtener ganancias en perjuicio de las poblaciones indígenas y campesinas que habitan los alrededores de las minas, pues promueve la destrucción y contaminación de nuestros suelos, bosques, rÍos, lagos, fauna y la población que queda sufriendo de problemas de salud (dermatológicas, oculares y gastrointestinales), por el mercurio, cadmio, plomo, arsénico que se vierte en los alrededores de las minas.

Además, la industria minera a cielo abierto incrementa las acciones de cambio climático producto del efecto invernadero por la combustión de sustancias tóxicas. El gasto de agua para operar éstas es enorme, ya que una mina pequeña gasta unos 250 000 litros de agua por hora, equivalente a lo que usa una familia campesina en 20 años!, y para obtener una onza de oro se necesita remover entre 5 y 20 toneladas de roca. El gobierno nos quiso engañar con un caramelo de unas regalías del 5 % que no compensan el daño social y ambiental que se producirá este negocio.

Actualmente existe cerca de 200 solicitudes pendientes de aprobación para explotar diversos yacimientos de minerales con un valor de más de 220 mil millones de Balboas.

Estos son los verdaderos intereses del gobierno empresarial, continuando con su visión de un país para hacer negocios sin importar con la naturaleza y le población que habita nuestro territorio, con un modelo de supuesto desarrollo que aumenta la desigualdad social.

Este modelo ha sido el causante de la crisis del agua en la ciudad capital pues no ha impedido durante décadas las concesiones mineras alrededor de la cuenca canalera y la deforestación por los asentamientos humanos que se han instalado en los alrededores. En vez de traspasar la operación de la planta de Chilibre a la Autoridad del Canal el IDAAN debe invertir en equipo y personal necesario para ello, y la ANAM debe dejar de tener un papel de aprobar todo lo que quiere el gobierno y las grandes empresas depredadoras del medio ambiente.

Para lograrlo se vale de la represión a los pobladores que hizo en San Félix y la detención del Sociólogo investigador Florencio Díaz. Recordemos que la ley carcelazo sigue vigente para intentar apaciguar las protestas.

El Movimiento Popular Unificado -Partido Alternativa Popular ha venido participando en las acciones contra el proyecto de ley antes y durante la aprobación,  y ahora que ya fue sancionada llama a la población a sumarse a las diferentes protestas y manifestaciones a nivel nacional, para solicitar que el Presidente derogue la Ley y que se consulte verdaderamente al pueblo para que tengamos un verdadero plan de desarrollo nacional sin afectar al medioambiente. Rechazamos el falso diálogo que quiso hacer el gobierno con los Ngabes-Bugles para discutir los supuestos beneficios de la Ley recién aprobada.

Asiste el martes 15 de febrero en la ciudad de Panamá desde las 4 p.m. en la Iglesia del Carmen, y en el interior del país a las protestas que se desarrollarán en Penonomé, Santiago, San Félix, Changuinola, y otras que continuarán en los próximos días.

MOVIMIENTO POPULAR UNIFICADO-PARTIDO ALTERNATIVA POPULAR