El día de hoy, martes 15 de marzo de 2011, se ejecuta un violento desalojo contra más de 640 familias (de 12 comunidades) que sobreviven en tierras del fracasado ingenio Chabil Utzaj, propiedad de la familia Widmann, familia política del ex-presidente Oscar Berger Perdomo. En este contexto, el Estado de Guatemala desaloja a las familias campesinas que actualmente cultivan esas tierras recuperadas, virtualmente abandonadas por el ingenio ante su inminente quiebra.

Esta acción, réplica de otras acciones represivas llevadas a cabo por el Estado de Guatemala, que favorecen a los grupos económicos tradicionales, es muestra de la inoperancia del Estado e incumplimiento constitucional de la garantía del bien común y el derecho a la vida. La via del diálogo simplemente ha sido burlada por el Estado, incluso un día después de haber sostenido conversaciones entre representantes de las comunidades, organizaciones campesinas y mediadores de la Secretaría de Asuntos Agrarios -SAA-. La falta de voluntad política y el empecinado interés por favorecer a las élites económicas, garantizan el caldo de cultivo que provoca este tipo de acciones represivas, violentas y violatorias de los derechos humanos inalienables: derecho a la alimentación, vivienda y trabajo.

Debe sostenerse el principio económico, social y ético que establece que “el derecho a la propiedad privada no puede prevalecer sobre el derecho a la vida”, defendido por el Relator por el Derecho a la Alimentación en 2005. Fomentar la concentración de la tierra y la gran propiedad agraria ha traído, y seguirá trayendo consigo, el desplazamiento de comunidades completas, en protección de un presunto derecho de propiedad privada, que como se ve en este caso, es utilizado para pisotear el elemental derecho a la vida.

Al momento de redactar este comunicado, ya han sido destruidas las viviendas precarias donde habitaban las familias campesinas, han sido quemadas sus plantaciones de milpa, y pisoteados todos los derechos humanos elementales de los campesinos desalojados. Estas familias, originarias de éste Valle, fueron desplazadas por el ingenio Chabil Utzaj por presiones económicas y extraeconómicas sobre sus tierras, y empleadas precariamente por salarios de hambre algunos de sus miembros, mientras la finca funcionó. Posteriormente, los pocos comunitarios que fueron empleados, no recibieron el pago mínimo salarial, prestaciones, mucho menos alguna indemnización ante el despido de sus labores. De esa forma, las familias desplazadas por los intereses del ingenio Chabil Utzaj se reasentaron en la misma tierra que los vió nacer y crecer, para continuar con sus cultivos tradicionales y ancestrales: el maíz y frijol.

Hoy, el gabinete económico se mofa de poder “garantizar la seguridad alimentaria”, mientras en el interior del país, lejos de la mirada de la mayoría de guatemaltecos, se ejecuta un violento desalojo ¿de qué seguridad alimentaria se habla? Ante todas estas arbitrariedades:

EXIGIMOS

Al Organismo Ejecutivo: detener toda acción de desalojo violento contra comunidades campesinas en extrema pobreza. Este tipo de proceder, sólo les garantiza hambruna y muerte.

Al Organismo Judicial: privilegiar el derecho humano a la alimentación y la vida para las familias campesinas asentadas sin certeza jurídica sobre sus tierras. No prestarse a presiones de grupos económicos en detrimento de la sobrevivencia de cientos de guatemaltecos empobrecidos.

A la Comunidad Internacional: divulgar, acompañar y exigir al Gobierno de Álvaro Colom el respeto irrestricto de la vida humana y los derechos humanos inalienables de las comunidades campesinas, reiterado en infinitas ocasiones por cada uno de los relatores del Sistema de las Naciones Unidas que han visitado el país, sin obtener eco alguno por las élites económicas y políticas nacionales.

Al Procurador de los Derechos Humanos: interponer las acciones legales pertinentes para detener esta nueva ola de atropellos, que violan la vida y recrudecen los problemas sociales y económicos del país.

A la Sociedad Civil: pronunciarse y ejercer todo tipo de presión política para evitar el uso de la violencia sistemática contra poblaciones rurales en extrema pobreza.

A los Partidos Políticos: asumir su rol de interlocutores políticos de la población y plantear su postura respecto a estos atropellos históricos y sistemáticos, así como su posición frente al despojo de la tierra y todo factor productivo de las comunidades indígenas.

Colectivo de Estudios Rurales IXIM