La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Universidad de El Salvador, comprometidos siempre con la defensa de los intereses populares y de la Comunidad Universitaria, y ante la aprobación por el presidente Mauricio Funes del Decreto 734, que impone el consenso a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CONSIDERA LO SIGUIENTE:

1. El decreto 734 constituye un golpe de estado jurídico, ya que vulnera el estado de Derecho y es una peligrosa afrenta al proceso democrático iniciado a partir de los Acuerdos de paz de 1992, luego de una guerra que costó un inmenso sacrificio de nuestro pueblo.

2. El decreto 734 tiene como objetivo detener el proceso de rescate de la institucionalidad iniciado por 4 magistrados a los que se pretende silenciar y evitar así que se resuelva sobre casos emblemáticos como el de la Dolarización, TLC, Tarifas telefónicas, Ley de Amnistía, Elección de diputados por cocientes y residuos, etc.

3. El decreto 734 es un adefesio jurídico ya que no pueden existir leyes transitorias o con dedicatoria a determinado sector. Las leyes son permanentes y generales. También su mismo proceso de formación está viciado.

4. La imposición del consenso rompe con la tradición universal de los organismos colegiados que funcionan mediante la mayoría. Consideramos doctrinariamente que la esencia de la democracia es precisamente el disenso y no el consenso.

5. Nos solidarizamos con la actitud responsable, patriota y valiente de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, que la derecha mediante este decreto pretende silenciar.

6.Lamentamos que el presidente Funes que llegó a ese puesto con el voto nuestro hacia el FMLN, hoy se alinea claramente con los partidos de la derecha ARENA, GANA, PCN y PDC; para este zarpazo contra la institucionalidad democrática del país.

Por estas razones, EXHORTAMOS:

1.     Al pueblo salvadoreño y Comunidad Universitaria a expresar su solidaridad con los 4 magistrados de la sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como a repudiar este nefasto decreto 734.

2.     Al presidente Funes y Asamblea Legislativa a respetar el sistema legal imperante en el país que contempla como uno de sus principios básicos la independencia de poderes.

3.     Al Rector y Autoridades Universitarias a pronunciarse sobre esta grave violación al orden institucional de nuestra patria.

Ciudad Universitaria, 6 de junio de 2011