El Gobierno, los grandes empresarios y las transnacionales apuran una arremetida en toda la línea contra los derechos del pueblo y la clase trabajadora.  El ridículo ajuste salarial de 5.000 colones decretado por el Gobierno para las y los trabajadores del sector público en el primer semestre del año en curso, es solo la parte más visible y circunstancial de toda una política global y sistemática de congelamiento salarial,  precariedad laboral, atentados contra los servicios sociales  y nuevos  impuestos, que  forman  parte de un vasto dispositivo de ataques contra el pueblo.

En ese marco, analizado el borrador de acuerdos suscrito el 20 de febrero entre la representación sindical y el Gobierno, la Junta Directiva de la Central General de las y los Trabajadores (CGT), el 23 de febrero acordó por unanimidad  rechazarlo, porque no hay absolutamente ningún compromiso concreto de parte del Gobierno por revertir las nefastas políticas en materia salarial y empleo público y ni siquiera se aborda el grave problema del paquetazo fiscal, con el que se pretende descargar todo el peso de la crisis, que los millonarios y los gobiernos de turno han engendrado, sobre las espaldas del pueblo.

Si revisamos cada punto del borrador de acuerdo, el Gobierno no solo no incrementa un céntimo más allá del ajuste de 5.000 colones decretado, cosa que en realidad para nada es lo más grave, sino que en el resto de puntos, que son de fondo, nos receta “atolillo con  el dedo”.  Así las cosas,  apenas acepta “discutir” (sin plazos ni compromisos concretos) el contenido del decreto ilegal con el que cercenó toda posibilidad de negociación salarial a futuro, imponiendo que ésta no compense siquiera la  inflación oficial y otorgando el poder absoluto a la Autoridad Presupuestaria en materia de fijación salarial. Es decir, lo que corresponde, en lugar de dejar de manera difusa el tema “para discutir”, es que el Gobierno derogue ese decreto violatorio del derecho a la negociación salarial y  haga valer  el compromiso que data del 2007 adoptado  en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, que estableció que los ajustes salariales deben efectuarse de acuerdo a la inflación.

En cuanto al proyecto de “empleo público”, esta es la gran carta bajo la manga contra las y los trabajadores, puesto que va en miras a establecer el “salario único, liquidando todos los pluses salariales y derechos adquiridos. En este tema central  el Gobierno nuevamente nada más se compromete a “discutirlo” con el movimiento sindical, antes de enviarlo a la Asamblea Legislativa, sin asumir ningún compromiso ni plazo alguno.

Todavía más preocupante es que con los tejes y manejes en la Asamblea Legislativa, se le está dando nuevo aire a paquetazo fiscal, con el acuerdo de las fracciones legislativas para consensuar y agilizar su tramitación.

La CGT llama a todo el movimiento sindical a regirse por el principio de la más amplia democracia de bases, exigiendo los permisos en las instituciones para todos los y las trabajadoras y convocando efectivamente a asambleas en cada centro de trabajo que se pronuncien sobre este borrador de acuerdo, mismas en las que en nuestro caso propondremos rechazarlo categóricamente y  además preparar las acciones de lucha que siguen en el mes de marzo, no solo en relación con el tema salarial, sino con especial énfasis asumiendo que la agenda de lucha debe tener como ejes también la derrota del paquetazo fiscal y del proyecto de empleo público que se encuentra en ciernes

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE CGT

 

Firmas responsables

 

 

Carlos Cabezas Mora                                 David Morera Herrera

Secretario General                                     Secretario General Adjunto