En este marco, muchos municipios, comunidades y ciudadanos, nos hemos sentido afectados porque han venido a apropiarse de recursos y territorios que nos pertenecen y que debieran servir para nuestro desarrollo. Por eso hemos impulsado Consultas Comunitarias de Buena Fe, fundamentadas en el Convenio 169, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Código Municipal, las cuales nos han permitido opinar y decidir si queremos o no minería o medianas y grandes hidroeléctricas en nuestros territorios. Y, como era de esperarse, la respuesta y decisión mayoritaria ha sido NO, no queremos minería e hidroeléctricas, pues atentan contra nuestros Derechos a un Ambiente Saludable, al Agua, a la Salud, a la Consulta previa a cualquier decisión que puede afectarnos, al Desarrollo. Esta ha sido la forma de resistir y enfrentarnos a poderes nacionales y transnacionales que, como ha sido históricamente, sólo han perseguido la máxima ganancia sin importarles el daño y la pobreza en que nos han mantenido.

Frente a nuestra resistencia, las empresas mineras e hidroeléctricas han impulsado una estrategia que consiste en: promover recursos de inconstitucionalidad contra las consultas comunitarias, desprestigio de nuestros líderes, intentos de división en nuestras comunidades, intentos de comprarnos con baratijas y promesas incumplidas, compra de alcaldes municipales, campañas de radio y televisión, intimidaciones, amenazas y atentados (como se sospecha en el caso Melino), etc. Con ninguna de estas acciones han logrado derrotar nuestra resistencia.

Por eso tratan que la ley sea modificada a su favor. Para ello están promoviendo a través de partidos políticos y diputados de derecha y serviles de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, que las consultas comunitarias y ciudadanas sólo sean realizadas por el Tribunal Supremo Electoral, a petición exclusiva del Presidente o del Legislativo. Para ocultar sus malévolas intenciones lo están haciendo dentro del Proyecto de Reforma a la Ley Electoral.

Con esto nos quieren quitar los derechos de petición, consulta y decisión en asuntos que nos afectan directamente y dejar que sea el Gobierno Nacional y el Congreso los que decidan si se hacen dichas consultas o no. Nuestra experiencia y nuestro instinto de clase y de pueblo nos indica que tanto el gobierno como los diputados serviles frenarán cualquier intento de consulta si este tiene la posibilidad tener un resultado contrario a los intereses de las transnacionales.

La ofensiva de estas empresas a través de diputados ilegítimos, debemos derrotarla, pues atenta contra nuestros Derechos. Por eso debemos impulsar la movilización popular como única manera de denunciar y generar una correlación de fuerzas favorable a nuestros intereses, que logre derrotar la reforma pretendida. Sólo con métodos y acciones populares podremos derrotar una reforma anti popular. Por eso debemos impulsar distintas acciones:

a) Alianzas y articulaciones con organizaciones que persigan el mismo objetivo.

b) Denuncias nacionales e internacionales.

c) Declaraciones y artículos de opinión.

d) Boletines informativos.

e) Volantes.

f) Mantas.

g) Pintas.

h) Asambleas Populares

i) Más Consultas Comunitarias.

j) Movilizaciones en nuestros municipios, cabeceras departamentales y en la capital del país.

¡NO A LA VIOLACIÓN DE NUESTRO DERECHO A LA CONSULTA COMUNITARIA¡

PARTIDO GUATEMALTECO DEL TRABAJO

PGT

Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo