Un nuevo escándalo sacude al gobierno de Ricardo Martinelli. Esta vez se trata de señalamientos internacionales provenientes de la fiscalía de Nápoles, Italia, en los que se le acusa de haber recibido sobornos de parte del empresario Valter Lavítola, acusado también de diversos casos de corrupción en ese país. Por sus implicaciones el asunto ha tenido repercusiones en los medios de prensa de todo el mundo, lo cual pone en entredicho la honestidad con que el gobierno panameño maneja las decisiones del estado.

Este nuevo escándalo es uno más en la larga lista de situaciones cuestionables y hechos de dudosa legalidad que rodean al gobierno empresarial y derechista de Martinelli desde hace dos años, pero que hasta ahora habían tenido poca repercusión en los medios internacionales. Desde la solicitud de equipos para espiar a los opositores, hecha a la embajada norteamericana, hasta las apropiaciones gratuitas de tierras valiosas por parte de  funcionarios y allegados al gobierno (Paitilla, Juan Hombrón, Santa Clara), pasando por las acusaciones de coimas que envolvieron a su primer procurador, e incluso sus relaciones comerciales con el cuestionado David Murcia, previo a la campaña electoral de 2009, los escándalos han rodeado las actuaciones de Martinelli.

Unos días antes de aparecer las denuncias provenientes de Italia, el presidente Martinelli estuvo directamente involucrado en un hecho execrable, cuando el pasado Jueves Santo, amenazó a los habitantes de la pequeña comunidad de Bahía Honda, corregimiento de Pixvae, en la provincia de Veraguas, con meter presos a los que se enfrentaran al empresario italiano Jean Pigozzi, quien está acaparando tierras propiedad de humildes campesinos de la zona. Al día siguiente fueron arrestados ilegalmente los campesinos Simón Morales y Aurelio Camaño, a quienes se les pretendió presionar sicológicamente para que renunciaran a sus tierras a favor del empresario Pigozzi, amigo del presidente Martinelli.

La suma de todos estos hechos, a los que habría que agregar: las violaciones reiteradas de los derechos humanos, las lesiones personales y los asesinatos de indígenas Ngäbes-Buglés, que luchaban contra la Ley Chorizo (2010) y contra la minería en (2012), las declaraciones racistas del presidente y sus ministros; el manejo dudoso del erario en  mega proyectos que ni siquiera pasan por licitaciones; la imposición de medidas neoliberales, aumentos de impuestos y costo de la canasta básica; el control descarado de todos los órganos del estado, mediante la intimidación y el soborno; su violación sistemática de las leyes y la Constitución; llevan a una sola conclusión: ES NECESARIO EXIGIR LA SEPARACIÓN DEL CARGO DEL PRESIDENTE MARTINELLI PARA QUE SEA INVESTIGADO.

Investigación que no puede ser realizada por ninguna de las instituciones señaladas para el caso por la Constitución Política, porque están controladas por allegados al propio Sr. Martinelli, y no son garantías de independencia e imparcialidad. Desde el MPU exigimos que se nombre una Comisión Investigadora Independiente, compuesta por personalidades probas ante la faz del país.

Ya no es posible que los partidos burgueses de la mal llamada “oposición”, el sindicalismo amarillo, las iglesias Católica y Evangélica, y los medios de comunicación nacionales quieran aparentar una “normalidad democrática” que no existe. Exigimos de todos esos sectores una actitud consecuente con la gravedad de la situación y que sumen su voz para exigir la separación del cargo de Martinelli, única manera que el país no se siga desbarrancando por el camino de la autocracia y la corrupción.

Panamá, 17 de abril de 2012.

MOVIMIENTO POPULAR UNIFICADO