Que se convoquen nuevas elecciones presidenciales y una asamblea constituyente

 La última manifestación de la gangrena pútrida que corroe al sistema político panameño han sido las acusaciones mutuas de corrupción, y las exigencias mutuas de renuncia, que se han lanzado entre sí el presidente Ricardo Martinelli y el vicepresidente Juan Carlos Varela. Ambos se han acusado de recibir “favores” del empresario Valter Lavítola, preso en Italia, acusado entre otras cosas, de pagar sobornos a funcionarios del gobierno panameño a cambio de contratos públicos.

 El juicio contra Lavítola confirma las sospechas generalizadas de que el presente gobierno manjea el erario a favor de empresas “amigas”. Que Martinelli y Varela se acusen de corruptos constituye una confesión de parte. El escándalo “Lavítola” no es la excepción, sino la norma, en un gobierno que desde el primer día ha estado marcado por escándalos de corrupción: desde los sobornos que estremecieron a la Procuraduría General, pasando por la apropiación indebida de tierras estatales (como en Paitilla y Juan Hombrón), hasta la renuncia del alcalde panameñista de la ciudad de Panamá, Bosco Vallarino.

 La ciudadanía panameña está hastiada de la corrupción que ha imperado durante los diversos gobiernos transcurridos bajo este régimen político, supuestamente “democrático”. La nómina de Martinelli-Varela, de manera hipócrita vendió la idea de que combatirían la corrupción. Pero  han resultado peores que los gobiernos anteriores.

 La causa de la corrupción generalizada está en un sistema electoral basado en el poder del dinero, por el cual sólo los millonarios pueden constituir partidos políticos. Un sistema por el que, para ser candidato debe contarse con sumas fabulosas provenientes de empresarios, algunos de dudosa reputación, que financian a los candidatos se cobran los favores con contratos públicos. Un sistema que cierra las puertas a alternativas políticas y candidatos provenientes de clases medias y populares.

 El Movimiento Popular Unificado (MPU) sostiene que el actual Gobierno panameño carece de toda legitimidad y es culpable, además de corrupción, de represiones, asesinatos, amenazas constantes, espionaje, chantaje y negligencia criminal, y que las demás instituciones del Estado, vergonzosamente cooptadas, son co-artífices y cómplices de estos delitos.

 En vista de ello, la única salida frente a la actual crisis de que abarca a todos los políticos y partidos de este sistema oligárquico y corrupto, es que RENUNCIEN AMBOS: MARTINELLI Y VARELA; que asuma el poder un Gobierno Provisional constituido por personas de probidad ampliamente reconocida de la sociedad civil que , de manera urgente, convoque a nuevas elecciones presidenciales BAJO NUEVOS CRITERIOS DEMOCRÁTICOS (incluyendo la posibilidad que los sectores populares podamos participar, y límites a las donaciones privadas); que se convoquen paralelamente elecciones a una ASAMBLEA CONSTITUYENTE que derogue el sistema imperante y barra a todos los corruptos de los órganos del Estado (incluyendo la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral) y que los responsables de la corrupción rampante y de todos estos crímenes sean juzgados, los bienes malhabidos sean recuperados, las familias de los lisiados y asesinados indemnizadas y que la República sea refundada sobre una base decente.

¡Juicio y castigo a los corruptos, represores y asesinos!

Panamá, 10 de mayo de 2012.

MOVIMIENTO POPULAR UNIFICADO