Gracias a la presión popular en las calles, el presidente Ricardo Martinelli se vio obligado a retirar el proyecto de ley 486, por el cual pretendía rematar las acciones estatales de la industria eléctrica, y  suspender la imposición de sus títeres en la Sala V de la Corte Suprema de Justicia.

Ambos proyectos están relacionados con su intención reeleccionista: la Sala V, con la que pretende legitimar su postulación presidencial en 2014, pasando por encima de la Constitución; y el remate  de las empresas paraestatales, del que pretende sacar 2,000 millones de dólares para gastar en la compra de votos y de conciencias en el período preelectoral.

Ha quedado demostrado que sólo la movilización popular puede detener las imposiciones antidemocráticas del gobierno oligárquico. La gente en las calles derrotó a Martinelli, al igual que en julio de 2010 lo hicieron los trabajadores bananeros con la Ley Chorizo; el pueblo Ngäbe-Buglé a inicios de 2011 y 2012 contra el Código Minero; y tal como lo lograron los gremios de la salud y sindicatos contra el proyecto de APP a fines de 2011.

La experiencia también demuestra que no podemos dormirnos en los laureles, pues el gobierno empresarial volverá a retomar sus proyectos tan pronto crea que la marea popular ha bajado. No podemos cantar que “alcanzamos por fin la victoria”, ante un gobierno que ha demostrado su carencia de escrúpulos para pisotear la Constitución y las leyes, para depredar el erario público a favor de sus intereses, y que recurre sistemáticamente a la represión, persecución e incluso el asesinato de activistas populares y opositores.

El Movimiento Popular Unificado (MPU) sostiene que hay que romper la falsa idea de que nos encontramos ante “régimen democrático normal” y que la movilización debe continuar hasta la derrota completa del régimen autocrático mediante la convocatoria a una ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.

El Frente por la Defensa de la Democracia, encabezado por las dirigencias sindicales y gremiales, debe mantenerse como una instancia de movilización y debate democrático de los sectores populares, ya que es la única garantía de defensa contra las nuevas imposiciones y atropellos del actual gobierno que, no tengamos ninguna duda, seguirán cometiéndose.

El MPU también advierte contra la ingenuidad de confiar en las dirigencias de los partidos empresariales de la supuesta “oposición” (Panameñista, PRD y PP), quienes pretenden sacar rédito electoral del movimiento, a ver si retornan al poder en 2014, pero que cuando han gobernado han actuado igual que Martinelli, pues son tan oligárquicas como él.

La tarea urgente del momento sigue siendo la necesaria construcción de un gran movimiento político de los sectores populares, que aspire a gobernar y levante un programa de reformas profundas del Estado panameño, que abarque desde el control de precios de la canasta básica hasta la real democratización de todos los órganos de gobierno.

Panamá, 20 de junio de 2012.

MOVIMIENTO POPULAR UNIFICADO (MPU)