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Como coordinaciones y organizaciones de mujeres, rechazamos las medidas de re-militarización recientemente adoptadas por el Gobierno. Nos referimos al incremento en el número de efectivos, las transferencias presupuestales y el aumento en el despliegue territorial del ejército. Particular preocupación nos causa la reapertura de una base militar en Izabal, donde han sido ubicados los Kaibiles, conocidos por la brutalidad de sus métodos durante la contrainsurgencia.
Estas medidas constituyen una clara violación a los Acuerdos de Paz. Objetivos centrales de estos acuerdos son el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, así como la desmilitarización del Estado y la sociedad. Vemos con gran preocupación cómo los avances obtenidos y los recursos invertidos en alcanzar estos objetivos se han revertido aceleradamente durante los últimos años.
Tales decisiones colocan la agenda de seguridad global del gobierno de los Estados Unidos por encima de la construcción de la paz y la democracia en Guatemala, que tantos sacrificios y esfuerzos nos han costado.
Nos pronunciamos también a favor de una ley de armas y municiones que restrinja la proliferación de las mismas. La iniciativa que está siendo discutida actualmente en el Congreso de la República sólo promueve el armamentismo y favorece a quienes se dedican a lucrar con la seguridad de la ciudadanía.
En Guatemala, la experiencia histórica ha demostrado que los movimientos sociales, particularmente el de mujeres, encuentran serias amenazas para su desarrollo e integridad en contextos de militarización, armamentismo y poder militar.
Además, la militarización refuerza la supremacía masculina sobre las mujeres, en el marco del sistema de dominación patriarcal. Ha sido ampliamente documentado a nivel mundial cómo la militarización agudiza la violencia contra las mujeres, particularmente la violencia sexual, y profundiza las desigualdades de género.
Ante el grave crecimiento del narcotráfico, la inseguridad ciudadana y la violencia contra las mujeres -particularmente los asesinatos-, la solución no es la re-militarización, sino el fortalecimiento de la institucionalidad civil del Estado responsable de la seguridad y la justicia, desde una concepción democrática. Ello implica una completa depuración en estas instituciones en cuanto a la corrupción, la infiltración del crimen organizado y otros poderes ocultos.
Finalmente, consideramos que es indispensable deconstruir un imaginario social por el cual algunos grupos perciben a las fuerzas armadas como la institución responsable de la seguridad. Ese imaginario es resultado de nuestra historia autoritaria, represiva y dictatorial, la cual debemos trascender para avanzar hacia la construcción de la democracia y la paz en Guatemala.
Guatemala, septiembre de 2008
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas –UNAMG- Sector de Mujeres
Asociación Feminista La Cuerda
Colectiva feminista de mujeres de izquierda