La Revolución de Octubre fue el producto de la comprensión de que la democracia es un concepto que va más mucho más allá de un proceso eleccionario. Entendió la dolorosa situación del pueblo, fue el proyecto de una Guatemala diferente en donde el Estado se puso al servicio de la gente, fue el rescate de la dignidad nacional.

La Revolución de Octubre valoró el trabajo decente, mucho antes que el director de la Organización Internacional del trabajo lo diera a conocer al mundo, como punto de partida para consolidar la democracia por ello nos dio el Código de Trabajo como instrumento para romper con la explotación a la que estaban sujetos los trabajadores y trabajadoras, nos legó el derecho a organizarnos en sindicatos para la promoción, defensa y mejoramiento de nuestras condiciones de vida y las de nuestra familia. También sabiamente nos dijo, en la Voz del Doctor Juan José Arévalo Bermejo ¡Qué Dios os de fuerzas para defenderlo! Bien sabemos cuantas vidas está costando y ha costado esa defensa.

Resolvió la creación y funcionamiento del Instituto guatemalteco de seguridad social -IGSS- para garantizar que toda la población tuviera acceso a un nivel adecuado de protección social, tal y como en ese momento lo exigían y lo exige hoy día el derecho internacional de los derechos humanos.

Estableció las condiciones para un verdadero diálogo social y solidaridad nacional sin ser, como lo han sido este gobierno y los que le han precedido, interlocutores de los poderes que debilitan el Estado de Derecho en nombre de los intereses del capital nacional y transnacional.

La injusta redistribución de la tierra y el derecho de los pueblos indígenas sobre la misma, el derecho a que no se nos arrebatara lo que con nuestra manos producimos sobre nuestra tierra, fue otra de las preocupaciones de la revolución, por ello nos dio la una Reforma Agraria integral, la cual costó la humillación pública y exilio de nuestro compañero revolucionario Jacobo Arbenz Guzmán.

La Revolución se centró en el fomento de la educación como uno de los instrumentos necesarios para mejorar la producción, los ingresos, las condiciones de trabajo y para reducir la pobreza que afecta cerca de la mitad de todos los trabajadores del mundo. Entendieron que sólo un pueblo educado podría tener un empleo productivo y libremente escogido y sería capaz de fortalecer y defender la democracia. Por ello se amplió la cobertura educativa y nos dio las Escuelas Tipo Federación.

Reconoció que la educación universitaria no era un privilegio y que la Universidad del Estado, financiada por el obrero y por el campesino tenía que devolverles profesionales conscientes y comprometidos en la labor de poner la ciencia al servicio del pueblo, de la dignidad del pueblo, por ello nos dio la Autonomía Universitaria junto con la Libertad de Cátedra, para que la USAC fuese un instrumento de defensa del pueblo y la democracia no un instrumento servil a la oligarquía y gobiernos de turno.

La Revolución también reconoció que el derecho de los pueblos a la autodeterminación era fundamental para el desarrollo local por ello nos dio la Autonomía Municipal; comprendió que el pueblo era el único con derecho a su riqueza y a sus recursos, así que nos dio, entre otras cosas, la Carretera al Atlántico, el Puerto Santo Tomás de Castilla, la hidroeléctrica Jurún Marinalá y nos devolvió la empresa eléctrica, solo por mencionar algunas de sus conquistas.

Después de 54 años hemos visto como gobiernos se han confabulado con empresarios y grupos paralelos para impedir el legitimo ejercicio de los derechos del pueblo, como han corrompido las instituciones democráticas, como intelectuales paridos por la propia Universidad de San Carlos de Guatemala utilizan sus conocimientos para lucrarse del pueblo, para engañarlo y para reprimirlo.

Como ejemplos nos basta el caso del Instituto Guatemalteco de seguridad social totalmente politizado e ineficiente, una Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y Ministerio de Trabajo que se han convertido en verdaderos poderes paralelos al servicio del poder económico nacional y transnacional, quienes amasan sus fortunas a través del incumplimiento de las leyes laborales y del debilitamiento del Estado de Derecho.

Hoy día tenemos un gobierno legitimado electoralmente pero cada vez con menos legitimación social; un gobierno que se autodenomina social demócrata pero en total divorcio con los postulados fundamentales de la social democracia, que pretende recortar el presupuesto de salud para favorecer el ejército, que reprime la protesta social al mejor estilo de una dictadura mediante el abuso en el uso de la Ley de Orden Público pretendiendo así ocultar su falta de voluntad e incapacidad para llevar a cabo un verdadero y efectivo diálogo social.

En solo estos 10 meses han sucedido los siguientes acontecimientos:

Se han extraviado como por arte de magia 82 millones de quetzales del Congreso de la República, dinero pagado por cada bolsillo de los y las trabajadoras honradas de este país.

Se han incrementado los asesinatos de compañeras de forma violenta y según algunos diarios estos estarían ligados al trabajo en la Industria de la Maquila.

El gobierno ha comprometido, entregado y facilitado la explotación de los recursos naturales a las empresas transnacionales, UNION FENOSA, DUKE ENERGY, MONTANA, HIBERDROLA, GOLDCORP y otras.

Se está reprimiendo a las organizaciones sociales y a sus principales aliados. En lo que va del año se han asesinado 15 dirigentes sindicales y alrededor de 8 compañeros del sector campesino e indígena, muchos defensores de derechos humanos han sido atacados, intimidados.

Se han desalojado miles de familias trabajadoras de las fincas con uso de la fuerza pública, como mecanismo de represión para intimidarles y evitar cualquier reclamación laboral, en el mismo sentido se desaloja masivamente a los compañeros trabajadores y trabajadoras del sector informal y a todos los trabajadores que laboran en este sector bajo disfraz de la relación de trabajo.

Se ha despojado a los pueblos indígenas de sus tierras adquiridas legítimamente, se les ha negado el derecho a la consulta y en aquellos casos en que se han hecho las consultas o los pueblos han hecho sus propias consultas las mismas no se han respetado, tal es el caso de la consulta de los pueblos de San Juan Sacatepequez. El despojo se hace ya sea con la finalidad de ceder la tierra a capitales transnacionales o nacionales o bien para garantizar la producción de biocombustibles de algunas de las familias más poderosas económicamente del país en detrimento del derecho a la alimentación y seguridad alimentaria del pueblo.

Se está criminalizando más que nunca la protesta social pero de manera sofisticada y disfraza bajo un andamiaje legal. Una prueba de ello son los varios estados de excepción impuestos bajo los cuales se han cometido múltiples violaciones a los derechos humanos.

En el Estado de excepción impuesto en el marco de la huelga de los trabajadores del transporte pesado no se ha esclarecido lo que pareció ser la ejecución extrajudicial del compañero MARVIN LEONEL AREVALO AGUILAR, las violaciones cometidas por el ejército en el Estado de excepción de San Juan Sacatepéquez, que por cierto no hay que olvidar se implemento para complacer a los dueños del Cemento y del país, la también ejecución extrajudicial del compañero MARIO CAAL y el asesinato de los compañeros FREDDY LEONEL ARÉVALO AGUILAR, SERGIO MIGUEL GARCÍA, CARLOS ENRIQUE CRUZ HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ENRIQUEZ Y JOSÉ ISRAEL ROMERO ESTACUY, solo por mencionar algunos casos.

Pese a que la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que el trabajo a tiempo parcial a través de la ratificación del convenio 175 de dicha instancia no es recomendable para el país. El organismo Ejecutivo insiste en su implementación con la finalidad de poder crear miles de empleos precarios, fraccionando el salario y negando las demás prestaciones en una realidad en la cual, aún el trabajo a tiempo completo no basta para garantiza el acceso a menos de la mitad del costo de la Canasta Básica Vital, sin contar con que no se cumple.

Unido a esto públicamente el Presidente de la república ha manifestado su negativa a ajustar los salarios mínimos para el año 2009, pese a que en su Plan de gobierno menciono que cumpliría con la Constitución Política de la República fijando el Salario conforme a la Canasta básica vital.

Como otra de las amenazas del actual gobierno al legado revolucionario, se encuentran las intenciones manifestadas por el Organismo Ejecutivo a través del Ministro de Trabajo y Previsión Social al declarar que el Código de Trabajo está muerto y por lo tanto hay que eliminarlo, lo cual contrasta con la opinión manifestada por la OIT, la Organización mundial del comercio y otras muchas instancias quienes en reiteradas ocasiones han señalado que nuestra legislación laboral se encuentra acorte a los cambios económicos y que su principal problema es precisamente la falta de cumplimiento.

Se sabe bien que esta falta de cumplimiento tiene dos autores materiales e intelectuales, un sector empresarial irresponsable que compite deslealmente en los mercados del mundo y un Estado con instituciones, o para ser más precisos con gobiernos ineficientes y corruptos.

Aún y cuando las trabajadoras y trabajadores representados en las comisiones paritarias y en la Comisión Nacional del Salario, presentamos como propuesta unificada la exigencia de que el gobierno cumpliera con lo anunciado en su plan de gobierno y lo ordenado por la Constitución fijando un salario mínimo equivalente al Costo de la Canasta Básica Vital para todos los trabajadores y trabajadoras, del sector privado y público, el Señor Presidente abjura tales compromisos y anuncia ante los empresarios que los salarios este año se estancarán, para su tranquilidad.

Paralelo a esto el Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco ha presentado al Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de trabajo y previsión social denuncias de alrededor 75 fincas y algunas municipalidades en donde existen indicios que no se paga el salario mínimo, la respuesta ha sido una total negativa a fiscalizar los centros de trabajo denunciados y cualquier otra violación.

Resulta importante acotar que, en estos casos, cuando la propia subsistencia de la población está siendo amenazada por el incumplimiento de la ley no se decretan estados de excepción ni de prevención y el gobierno ya no se presenta como el garante del Estado de Derecho, sino como su principal violador.

En este 20 de Octubre, aquí, en este lugar, el Pueblo le exige al Señor Presidente el ajuste del salario mínimo al costo de la canasta básica vital, sin discriminaciones tendientes a favorecer a determinados sectores como su gobierno lo ha consentido y reiteramos nuestra exigencia de responsabilidad social por parte del sector empresarial a efecto de que se realice esa necesaria redistribución de la riqueza.

Este gobierno ha violado la normativa vigente en materia de dialogo social en todos los niveles, en la discusión del salario mínimo, en la Comisión tripartita de asuntos internacionales del trabajo; el Organismo Ejecutivo ha roto los compromisos asumidos con el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco en materia de fiscalización de las empresas para exigir el cumplimiento de la ley, el respeto a la relación de trabajo y otros.

Ha confundido de manera maliciosa el diálogo con el consenso para legitimar los compromisos que el gobierno ya ha pactado con las élites económicas y para evadir su responsabilidad de implementar políticas socioeconómicas progresistas y cumplir con la ley.

Por otro lado para nadie son secretos los famosos y permanentes diálogos que el gobierno sostiene con las élites en el tema de la reforma fiscal para garantizar el negocio tributario a favor de las grandes empresas y el traslado de la carga tributaria a un pueblo que no figura como actor en tales discusiones.

Un gobierno con tales características se pretende heredero del proceso revolucionario de la década de 1944 a 1954 y aspira a disfrazar con publicidad, pancartas y un evento en la plaza central las acciones que ejecuta como otro más de los gobiernos de la contrarrevolución. Hay que mencionar que ante la negativa del Movimiento sindical, indígena y campesino de vender los intereses del pueblo este gobierno ha llegado al extremo de aspirar a la creación de su propio movimiento sindical, un movimiento sindical que no denuncie, que no critique, que no cuestione, que no proponga y que apañe todas sus medidas antidemocráticas y venda a cada uno de nuestros hijos e hijas.

Compañeros y compañeras, PUEBLO DE GUATEMALA, ante este panorama no nos queda más que asumir como lo hubieran hecho Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán, con esa misma convicción, compromiso y gallardía. Tal y como lo dijo el Director de la OIT el 7 de octubre en el marco de la Celebración del día por el trabajo decente debemos, "defender las conquistas alcanzadas", debemos defender nuestros derechos adquiridos. Debemos pasar como lo dijera en su momento un gran revolucionario Manuel Galich "Del pánico al ataque" con una visión sociopolítica que nos lleve a reunificar las luchas que han intentado dispersar.

Debemos luchar por la instauración de una verdadera Economía del pueblo y para el pueblo, una democracia económica para que la actividad productiva responda a necesidades y expectativas sociales, y no a intereses de lucro particular. Una economía que puesta al servicio de los intereses de la mayoría siente las bases de un crecimiento, que implique desarrollo auténtico, que involucre a todos los habitantes, y no margine a vastos sectores de conciudadanos a la miseria y relegación social

Es necesario poner al servicio de las enormes carencias del pueblo la totalidad de nuestros recursos económicos, basta de servir a los intereses transnacionales y de regalar nuestro territorio y nuestros recursos naturales, basta de que todo lo que producimos quede en pocas manos dentro del territorio o en poder de las transnacionales.

Con un 48% de la población económicamente activa que labora dentro de una relación de trabajo, debemos defender el Código de Trabajo y decir un NO rotundo a la ratificación del Convenio 175 de la OIT.

Somos un pueblo de voluntad democrática, nuestro principal desafío es impulsar el Estado de Derecho altamente institucionalizado. Es decir, debemos recuperar la institucionalidad, hacer funcionales las instituciones democráticas, devolver el poder al pueblo a quién legítimamente le corresponde. Basta de la politización de las instituciones, de la corrupción, la impunidad, la injerencia de los económicamente poderosos y de los grupos paralelos dentro del Organismo Ejecutivo, Judicial, Legislativo y de la Corte de Constitucionalidad.

Queremos un país productivo que genere fuentes de empleo dignas que nos permitan garantizar el desarrollo de nuestros hijos e hijas.

El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco hace un llamado a asumir todo el trabajo que tenemos por hacer y saludamos este 20 de Octubre con un llamado a la unidad, a la lucha organizada y a reivindicar el poder y soberanía que nos corresponde como pueblo así como nuestro derecho a una Guatemala mejor.

No a la impunidad

No a la corrupción

No a la Injusticia Social

Por el trabajo decente

Por la democracia económica

Por una Guatemala Incluyente

Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco