Históricamente desde la imposición del modelo de Estado occidental, el pueblo maya, garífuna y xinca fuimos sometidos a condiciones económicas, políticas, sociales y culturales ajenas a nuestra cosmovisión; fuimos despojados de nuestras riquezas y territorio. Este Estado colonial, racista y ahora marcadamente neoliberal nunca ha respondido a los intereses de nuestros pueblos. Los grupos de poder que se han turnado al frente de los poderes del Estado han protegido y velado por los grandes capitales de la oligarquía guatemalteca e intereses de las empresas y consorcios transnacionales, prueba de ello es la presencia de compañías mineras, hidroeléctricas y otros en diferentes regiones del país.

Las actividades extractivas de los recursos naturales han sido y son actualmente uno de los principales medios de enriquecimiento ilícito de los grupos de poder económico, en detrimento de las condiciones de vida de la población y en deterioro de la Madre Naturaleza que representa para los pueblos vida y existencia armónica. Ante esta amenaza permanente sobre los pueblos, de manera organizada, respetuosa, responsable y propositivamente, basados en el marco legal del Estado guatemalteco, hemos advertido constantemente a través de memoriales, actas y solicitudes; marchas, manifestaciones la urgente necesidad de que se tomaran las medidas adecuadas para detener las concesiones unilaterales de nuestros recursos a favor de empresas.

Sin embargo, como en muchas otras ocasiones, las autoridades de turno, simplemente ignoraron nuestras demandas, ante esta actitud retomamos uno de los mecanismos ancestrales del Pueblo Maya de toma de decisiones sobre los asuntos de trascendencia para nuestras vidas, como es el mecanismo de Consulta. Y en total apego a los instrumentos legales del Estado guatemalteco, entre estos la Constitución Política de la República, el Código Municipal, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, la Ley General de Descentralización; el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, realizamos Consultas Comunitarias de “Buena Fe” en los distintos departamentos para afirmar nuestro derecho y obligación de cuidar y defender los recursos que de manera sagrada mantienen el equilibrio de nuestra Madre Naturaleza.

En Huehuetenango, San Marcos y Quiché hemos realizado Consultas Comunitarias de “Buena Fe” en las cuales miles de personas rechazamos la concesión de licencias para el reconocimiento, exploración y explotación de los recursos naturales de nuestros territorios. Mediante las cuales hemos fijado nuestra posición ante la falsa idea de modelo de desarrollo planteado por las empresas transnacionales, sin embargo, el Estado ha ignorado nuestras demandas y las deslegitima al afirmar que las Consultas no son vinculantes.

Para los pueblos es evidente la debilidad del Estado guatemalteco, el cual está atravesado por poderes paralelos que lo han llevado a niveles alarmantes de impunidad, corrupción y nepotismo, privilegiando los intereses particulares y poniendo al servicio de políticos y funcionarios públicos corruptos todos los mecanismos legales para su defensa. Por otra parte reprime a los movimientos sociales y criminaliza a sus líderes y lideresas, lo cual demuestra que el Estado no funciona para nosotros, pero sí para los intereses de los grupos de poder tradicional.

Por lo tanto,

DECLARAMOS:

1. Que el Estado guatemalteco es fallido y obsoleto en tanto ha sido incapaz de cumplir con su mandato constitucional de velar por el bien común de la mayoría de la población.

2. Los resultados de las Consultas Comunitarias de “Buena Fe” son vinculantes porque son mecanismos legales ancestrales de afirmar procesos colectivos y toma de decisiones.

3. Ilícitas e ilegales las licencias emitidas que concesionan el uso irracional de nuestro patrimonio natural ya que fueron autorizadas de forma unilateral por el gobierno, sin el consentimiento de los pueblos.

4. Que el agua es un bien común de los pueblos, su uso y manejo es sagrado y colectivo, por eso nos oponemos a la insistente presencia de hidroeléctricas en el territorio.

5. Lesiva la presencia de empresas nacionales y transnacionales para el buen vivir de los pueblos.

6. Que la mayoría de políticas públicas implementadas por los gobiernos de turno atentan contra los derechos individuales y colectivos de nuestros pueblos.

7. No grata la presencia de empresas nacionales y transnacionales en nuestros territorios y rechazamos enérgicamente su discurso de desarrollo en tanto es un espejismo que esconde muerte, explotación y robo de lo que legítimamente nos pertenece.

8. Que el sistema de vida del Pueblo Maya y su organización social, política y, económica, basado en su cosmovisión, es nuestra alternativa ya que nos ha permitido vivir en armonía con todos los elementos de la naturaleza por miles de años.

9. Que el territorio de occidente es pluricultural, multilingüe y multiétnico.

10. La restitución del Derecho Maya en todo nuestro territorio.

11. Que el buen vivir es la más grande aspiración de la población en general de Huehuetenango.

Concluimos y Demandamos

* Reafirmamos nuestros derechos como Pueblos y ratificamos los derechos de la Madre Naturaleza, de la tierra y el territorio, por lo que seguiremos asumiendo la responsabilidad de defenderla y respetarla de acuerdo a nuestra cosmovisión.

* Reafirmamos nuestras legítimas formas de organización social y mecanismos ancestrales de toma de decisiones, en donde las Consultas Comunitarias son vinculantes.

* La criminalización de los movimientos y luchas sociales por parte del Estado, como está sucediendo con nuestros hermanos y hermanas de San Miguel Ixtahuacán, en donde hay ordenes de captura para ocho mujeres lideresas. San Juan Sacatepéquez, Livingston y Coatepeque, entre otros. Esta criminalización se expresada en procesos penales, civiles, administrativos; asesinatos, detenciones, órdenes de captura, estados de excepción, secuestros, desalojos, despojos forzados, remilitarizaciones, diseñada desde las empresas nacionales y transnacionales como mecanismo para consolidar políticas neoliberales. Lo anterior constituye una flagrante violación a los derechos individuales y colectivos de nuestros pueblos. Lo que nos obliga a ejercer nuestro legítimo derecho de resistencia.

* Rechazamos toda clase de iniciativas de leyes, acuerdos gubernativos y políticas públicas que vayan en detrimento de los puntos anteriormente descritos.

Consejo de los Pueblos de Occidente

Huehuetenango, 10 de enero de 2009

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