En este sentido, minería, hidroeléctricas, agrocombustibles, maquila, sumadas a las tradicionales formas de explotación de la fuerza de trabajo y los recursos naturales, y la apropiación de recursos naturales (petróleo, minerales, agua, tierras y territorios indígenas) que estas actividades conllevan, están generando desplazamientos de población, usurpaciones en contra de comunidades campesinas, pérdida de fuentes de empleo y de seguridad alimentaria, con el consiguiente efecto: mayor explotación, opresión y miseria.

Esto ha generado, como su contrapeso, una serie de demandas, reivindicaciones y formas de lucha para resistir, no solamente a los efectos de dichas formas de acumulación de capital, sino también a las política del Estado que desde sus tres organismos (ejecutivo, legislativo, judicial), ha venido impulsando para proteger los intereses de los grandes capitales y empresas, que continúan y profundizan la expoliación de los recursos nacionales y de nuestro pueblo.

En la gestión del actual presidente, Alvaro Colom, claramente un gobierno del continuismo y al servicio del capital y de sus propios intereses, las acciones de represión de la protesta y resistencia social han sido la tónica: militarización y estados de excepción, desalojos y represión policial de protestas, complicidad por omisión o acción de la PNC y el ejército en atentados y asesinato de líderes campesinos, indígenas y sindicales, captura y enjuiciamiento anómalo de luchadores sociales, líderes populares e, inclusive, religiosos. Todo esto para apuntalar la explotación minera, la producción de agrocombustibles, los proyectos de grandes y medianas hidroeléctricas, que profundizan la dependencia y la miseria de nuestra patria.

En este marco, el estado ha recurrido a la práctica de asesinatos y detenciones de quienes luchan por la madre tierra y contra las apropiaciones ilícitas de terrenos municipales, como el caso de la ejecución extrajudicial de Mario Caal y la detención del líder campesino Ramiro Choc, contra la contaminante cementera en San Juan Sacatepéquez, contra el desalojo y asesinato de vendedores que se gana la vida de forma honrada y digna en Coatepeque, el asesinato y desalojo de comunidades campesinas que históricamente han habitado en tierras que luego fueron declaradas como áreas protegidas.

Los líderes y luchadores sociales que están resistiendo a la explotación y expoliación que siguen padeciendo comunidades y pueblos campesinos e indígenas, están siendo perseguidos por sus ideas y sus acciones de movilización legítima. Su asesinato, detención o cualquier forma de represión que implique menoscabo de sus derechos humanos fundamentales no constituyen sino acciones que forman parte de una política represiva de los anteriores y el actual gobierno de Alvaro Colom.

En este sentido, denunciamos nacional e internacionalmente, la existencia de asesinatos, presos políticos y persecuciones judiciales como prácticas de represión impulsadas por el Estado guatemalteco. Por esto demandamos a las organizaciones de Derechos Humanos a tomar cartas en el asunto y trabajar por justicia en el caso de los asesinatos y libertad para nuestros detenidos. Llamamos asimismo, a los medios de comunicación alternativos, a las organizaciones sociales y populares, a las y los guatemaltecos, a unirse en una campaña de denuncia nacional e internacional y lograr que se lleve a juicio a los asesinos de nuestros líderes, se libere a nuestros presos políticos y cese la persecución judicial y política contra los líderes del movimiento social.

BLOQUE ANTIIMPERIALISTA

H.I.J.O.S.

FRENTE POPULAR POR LA SOBERANÍA, LA DIGNIDAD Y LA SOLIDARIDAD

Comité de Unidad Campesina –CUC-

Resistencia de los Pueblos

Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC-

Encuentro campesino

Comité Pro Justicia Nueva Linda

Guatemala, febrero 2008