El grueso de la lucha se centró en las provincias rurales, pero su mayor repercusión se vio en las ciudades, donde los alimentos de primera necesidad (leche, harina, huevos, etc.) comenzaron a escasear, lo que impulsó una ola alcista en sus precios (12%).

Ante tal situación, la población de la capital se manifestó, no contra los productores agrarios en paro, sino contra el Gobierno de Cristina Fernández, organizándose los primeros “cacerolazos” como forma de protesta contra su administración. Tres noches consecutivas la población bonaerense salió a las calles y se concentró en la histórica “Plaza de Maya” exigiendo al Gobierno una solución al conflicto.

La “mano de hierro” de Cristina.

Fernández, inicialmente arremetió en contra de los productores tildando la lucha de "los piquetes de la abundancia, de los sectores de mayor rentabilidad", señalando que: “Detrás del reclamo por los que trabajan la tierra con sus propias manos se encuentran, también, los intereses de los grandes conglomerados agropecuarios" (BBC 28/03/2008), y se negó a negociar con los que llamó “chantajistas”. Ante la profundización de las protestas en la capital federal, Fernández no utilizó a la policía para apaciguar a las masas que reclamaban por el desabastecimiento; mas bien utilizó a organizaciones sociales y sindicales a fines a su partido; al mismo tiempo que amenazaba a los productores con aplicar la “Ley de Abastecimiento” para romper la huelga, a lo que se sumó el Ministro de Seguridad y Justicia, quién señaló que de ser necesario, encarcelarían a los trabajadores agrícolas en protesta.

En Buenos Aires, la noche del segundo “cacerolazo” fueron los Piqueteros quienes despejaron, garrote en mano, la plaza ocupada por los opositores al gobierno, sin intervención de la policía que no acudió al lugar. Ante la protesta social, Fernández se apoyó en los “Piqueteros”, desocupados fieles al gobierno, quienes se montaron la ideología oficialista de que se trata de un “piquete de los patrones”. Luis D’Elía líder piquetero oficialista y dirigente de Federación de la Tierra y Vivienda (FTV), quien sin el menor rubor declaró: "Lo único que me mueve es el odio contra la puta oligarquía. No tengo problemas en matarlos a todos” (El País 27/03/2008).

En el campo, la situación no fue diferente, en este sector, el gobierno se apoyó en Confederación General del Trabajo (CGT), específicamente el líder camionero Hugo Moyano. Los camioneros se enfrentaron en provincia contra los bloqueos de caminos, presentándose situaciones de violencia, a la vista y paciencia de la policía; la que si fue utilizada para despejar algunas vías de acceso a las ciudades, como lo ocurrido en Córdoba, donde los camioneros envistieron a los manifestantes que bloqueaban la carretera.

La Suspensión…

Luego de 21 días de paro, y ante la amenaza de que el desabastecimiento en las ciudades provocase una revuelta social, Fernández se tornó conciliadora: “Quiero convocar al sector que todavía corta caminos, le pido humildemente como presidenta de todos los argentinos, que levante el paro para entonces sí sentarnos a hablar (…) Las puertas de la Casa de Gobierno están abiertas. Pero, por favor, suspendan la medida contra el pueblo". (BBC 28/03/2008)

El llamado de Fernández, tuvo impactó en la dirección del paro, quienes se encontraban en una encrucijada, pues de seguir el bloqueo, corrían el riesgo de que la población urbana los culpase del desabastecimiento, perdiendo un valioso apoyo contra el Gobierno. Es así que el 2 de abril decretaron la “suspensión del paro” por 30 días a fin de sentarse a negociar con el Gobierno. Sin embargo, esta moratoria no resuelve un problema que va mas allá de la discusión del impuesto.

La estructura económica de los Kirchner.

El aumento del impuesto por retención a las exportaciones, aunque sin duda estalló la crisis, sólo es un síntoma de una realidad económica con profundas contradicciones.

El modelo económico de Cristina Fernández es una continuidad del que echó andar su marido Néstor Kirchner durante sus dos administraciones, y que sirvió para combatir la crisis económica que abatió a la Argentina entre 1999 y 2001, “modelo de gestión basado en una muy fuerte autoridad, falta de consulta, de diálogo, y una visión de que Argentina está saliendo de una crisis, y que esto justifica un gobierno muy fuerte y muy autoritario.” (BBC 28/03/2008).

La economía argentina, luego del pagar la deuda externa a los organismos internacionales, se caracteriza por estar cerrada al crédito internacional, poseyendo una de las tasas de inversión extranjera más bajas de Latinoamérica; por lo que “la Administración argentina necesita la constante inyección de dinero en efectivo que suponen las retenciones a las exportaciones del campo, el 61% de exportaciones del país.” (El País 30/03/2008).

El gobierno se jacta de mantener una economía sólida y en crecimiento, sin embargo la situación objetiva difiere de la postura oficial, pues si bien es cierto la economía está próxima a alcanzar cinco años consecutivos con un superávit fiscal, esta “bonanza” pareciera ser ficticia, pues: “Para poder mantener a pleno rendimiento la máquina exportadora -y por tanto recaudatoria- es necesario que la moneda nacional, el peso, tenga poco valor.” (Ídem), lo que ha forzado a que el Gobierno argentino no evite comprar dólares; pues esto provocaría la apreciación del peso reduciendo las exportaciones y sus ingresos.

Las distorsiones en la economía argentina fruto de este modelo son evidentes: “La inflación que manejan las entidades bancarias gira en torno al 25%, pero el Gobierno desde hace dos años niega la mayor y la sitúa por debajo del 9%. Esta distorsión falsea muchas otras cifras de la economía. Y políticamente ha separado al kirchnerismo de la clase media urbana que ve cómo su poder adquisitivo se esfuma mientras desde el Gobierno se proclama que Argentina va mejor que nunca.” (Ídem.)

Este modelo ha creado una situación verdaderamente dramática pues: “En el sistema financiero se inyectan millones de pesos a diario, pero esto dispara la inflación, a lo que colabora el que los argentinos no ahorran en pesos, por no confiar en su moneda. (…) El sistema necesita cada vez más dinero (…)” (Ídem.) Este es el trasfondo que obligó a Fernández a decretar el aumento en el impuesto a las exportaciones del agro, que aporta el grueso de las exportaciones (61%).

Ante la necesidad de mayor liquidez del Gobierno, éste procedió a reducir las ganancias de los productores agrícolas. Esto sin duda trastoca la relación que el gobierno ha mantenido en los últimos años con el agro. La crisis económica del 2001 fue superada en gran medida propiciando el crecimiento de las exportaciones agrícolas, sector que se fortaleció, en particular con las exportaciones de soya. Ahora, el gobierno parece romper este status quo con los productores; quienes a cambio de proveer el grueso de las recaudaciones fiscales, reciben del gobierno un sinnúmero de beneficios y subsidios. Cristina Fernández ahora combate al sector que su modelo económico ayudó a desarrollar.

Esta realidad contradice la ideología oficial que atribuye el aumento a cambios exógenos (situación internacional), lo que es negado por los propios analistas burgueses, pues: “Otros países exportadores de alimentos que podrían tener el mismo problema, como Brasil, Uruguay o Australia, no están teniendo estos mismos problemas" (BBC 28/03/2008)

Radiografía del Agro.

La situación productiva del campo argentino es complicada, se debe partir de que existen 170 millones de hectáreas dedicadas al cultivo y la ganadería, de ellas: “(…) 74,3 millones están en poder de ‘tan sólo 4.000 dueños’ de más de 7.000 hectáreas (…)” (El País 16/04/2008) De los 39 millones de argentinos sólo el 10% habitan en el campo, con una población laboral de 2,4 millones, de los cuales 900,000 son ilegales (bolivianos, paraguayos, etc.)

La distribución de las tierras posee la siguiente configuración: “Hay 24.800 grandes productores con entre 1.000 y 7.000 hectáreas cada uno y 61,8 millones en total. Los 21.500 medianos —entre 500 y 1.000 hectáreas— suman 15,2 millones. (…) 143.300 pequeños dueños de granjas de entre 25 y 500 hectáreas, que totalizan 22 millones de hectáreas. (…) Un millón de hectáreas de Argentina están en manos de 103.500 dueños de menos de 25 hectáreas (106.000 pertenecen a 41.000 propietarios con menos de cinco)” (Ídem)

Los efectos del impuesto a este fuerte sector, provocaron el paro que “Lo han protagonizado los pequeños y medianos productores, pero los grandes terratenientes y los conglomerados también se han sumado a él.” (BBC 1/04/2008). A pesar de que los grandes propietarios han participado del paro, se debe distinguir entre los efectos que dicha medida supondría para cada sector, mientras que a los pequeños y medianos productores “el incremento (…) reduce su ya limitado margen de ganancias, (…) porque no les queda otra opción que alquilar tierras y comprar insumos a precio de mercado.” (Ídem), a los grandes productores: “no les afecta tanto debido a su más amplio volumen de ganancias y a los beneficios que obtienen gracias a su poder de negociación.” (Ídem.)

En resumen, los “más de 75.000 pequeños productores, tendrán que pagar igual que los que más tienen independientemente de su renta” (El País 27/03/2008). Esta radiografía hecha por tierra la propaganda oficialista que tildaba de “piquete en la abundancia” la protesta de los pequeños y medianos productores; y Fernández misma se vio obligada a reconocerlo: “Este gobierno popular siempre va a contemplar los intereses de los pequeños productores; que no le quepa duda a nadie. Nosotros les otorgamos compensaciones para poder sostener el precio de la carne, la leche y el pan en el mercado interno.” (BBC 28/03/2008).

Ante la obvia realidad, el gobierno de Fernández se comprometió a reintegrar los montos retenidos por el aumento del impuesto “a los agricultores que produzcan hasta 500 toneladas anuales de soja o girasol (…) por lo que en la práctica abonarán la tasa que rigió hasta el 11 de marzo, antes de estallar el conflicto. La medida beneficiará al 80% de los productores de soja y girasol del país, unos 62.500 agricultores con campos de hasta 150.000 hectáreas y responsables por el 20% de la producción de esas oleaginosas” (El País 1/04/2008). Además les ofreció: “beneficios adicionales, como el subsidio a los fletes, la bonificación de tasas a créditos para el sector lácteo y la reapertura de las exportaciones de trigo.” (Ídem.)

La soya y el mercado mundial.

El cultivo de soya en argentina abarca 84 millones de hectáreas, de las cuales la mitad está en manos del 2.2% de productores. El fenómeno de estos latifundios es sintomático, pues una parte de éstos no está en manos de sus propietarios, sino que las dirigen “nuevos arrendatarios” surgidos en las décadas pasadas a raíz de los fideicomisos, fondos de inversión y grupos de siembra, lo que ha provocada que: “Muchos pequeños productores optaron por arrendarles sus tierras y se mudaron a los pueblos o a las ciudades” (El País 27/03/2008)

El acaparamiento de tierras en pocas manos, no es un fenómeno exclusivo de los productores de soya, y se presenta como una realidad latente, en el 2002 “se contabilizaron casi 300.000 productores, 100.000 menos que en 1998” (Ídem.) Sin embargo, la soya es el cultivo mas importante para la economía de la Argentina.

El auge de la soya se debe a factores objetivos muy marcados; en primer lugar el aumento de su precio a nivel mundial, en segundo, su cultivo implica menor inversión que el de otros rubros como el ganado: “criar una vaca consume más tiempo e inversión que cultivar soja, cuyos granos se siembran sin necesidad de arar el suelo, sobre los restos de la cosecha anterior” (BBC 1/04/2008); y tercero, que los productores de soya al ubicar su producción en el mercado internacional obtienen dólares, lo que es mas lucrativo frente al peso devaluado.

Estos elementos están provocando una transformación del agro, que pareciese tender al monocultivo de un grano que no es para el consumo interno, ya que el 95% de la cosecha se exporta a países como China. Esta situación “encendió las alarmas” en la Casa Rosada, y el mismo ministro de Economía, Marín Lousteau ha señalado que la proliferación de la soya como cultivo provocará que: “A la larga tendremos menos leche, menos carne, menos trigo y todo más caro" (El País 1/04/2008)

Así pues, el aumento en el impuesto que plantea Cristina, además de perseguir obtener liquidez para mantener su modelo económico; pretende aplicar medidas proteccionistas que impidan un des balance mortal en el sector agrario argentino, aumento que se postula: “como una medida fiscal sino de corte ‘redistributivo’, que (…) evita que los alimentos tengan "valores prohibitivos" para los argentinos por la fuerte demanda desde el exterior.” (El País 26/03/2008.)

La situación de la soya, y el desequilibrio que produce en la economía argentina, no es mas que el reflejo de una realidad inobjetable: que nuestros países semicoloniales son el “patio de cultivo” de los países imperialistas, y que ante la inminente crisis alimentaria global, las contradicciones del modelo capitalista y los gobiernos que los aplican en nuestros países, podría conducir a una situación de hambruna y un caos económico.

La “economía de mercado” argentina da síntomas de enfermedad, pues los productores ante los grandes beneficios de exportar su cosecha, prefieren ocupar las tierras para cultivar soya; mientras los productos de primera necesidad (carne, leche, granos, etc.) son relegados a un segundo plano. Este es el primer crujido de la crisis alimentaria global, cuya tendencia es a empeorar.

Por una política a favor de los Trabadores.

Si bien es cierto que el paro agrario se desarrolló contra el aumento del impuesto a las exportaciones de granos, la problemática que afrenta la Argentina es mucho más compleja, pues es sólo la punta del iceberg de una situación global de escasez de alimentos; por lo que debe ser analizada cuidadosamente y objetivamente por los marxistas-revolucionario, a fin de no terminar claudicándole al Gobierno y su ideología o a los grandes latifundistas.

Dentro del paro, sin duda confluyeron tanto grandes como pequeños y medianos productores, y es necesario diferenciar nuestra política para cada sector. Indudablemente, el aumento del impuesto debe ser aplicado a los latifundistas y grandes terratenientes; no así al pequeño productor que lucha por sobrevivir ante el embate de los grandes conglomerados agrícolas. El pequeño productor debe ser beneficiado con financiamiento, tecnología y apoyo del gobierno.

Si algo queda claro, es que la tenencia de la tierra es desigual, por lo que en el fondo, los trabajadores y campesinos argentinos debemos luchar por una reforma agraria integral, que garantice beneficios y facilidades a los campesinos pobres.

La economía debe ser dirigida por las asociaciones de obreros y campesinos, a fin de garantizar el abasteciendo de productos básicos, evitando la transformación de Argentina en el “sembradío de soya” de las potencias imperialistas.

Un necesario debate para la izquierda.

El Paro Agrario, y la dinámica que éste desató en los centros urbanos, suscitó un debate amplio entre los grupos de izquierda en general, y de los trotskistas en particular.

De todos los grupos, llama la atención tomada por el Nuevo MAS, que proclamó que el paro: “no expresa intereses populares, de los explotados y oprimidos, sino que la Sociedad Rural y los grandes propietarios agrícolas llevan a la rastra a las entidades representativas de los pequeños productores” (SoB 20/03/2008), caracterizándolo como un “lock out” de los patronos agrupados en la Sociedad Rural, y asumiendo una posición crítica a la Federación Agraria Argentina (que agrupa a los pequeños y medianos productores), otorgándole a ésta una suerte de “vagón de cola” de los oligarcas y grandes terratenientes.

A partir de esta caracterización, el Nuevo MAS se limitó a proclamar: “Ni con el Gobierno de K, Ni con la Sociedad Rural”. Posición a simple vista limitada, que deja por fuera una compleja dinámica económica y productiva, englobando “en el mismo saco” a todos los productores argentinos.

El Nuevo MAS reconoce que: “cuando se habla del “campo” siempre hay que diferenciar de quién hablamos: si de los grandes empresarios y latifundistas o de los pequeños y medianos productores (ni hablar cuando se trata de los trabajadores asalariados que trabajan bajo patrón en el ámbito rural).” (SoB 20/03/2008); y aún así y de forma contradictoria, caracteriza al Paro como “patronal” criticando el “Frente Único” mantenido por la FAA con la Sociedad Rural; lo cual es correcto en principio, pero no de la forma determinista que caracteriza las posiciones del MAS.

Creemos que tanto el análisis y en consecuencia la política del MAS es errónea y peca de insuficiente; el aumento de los impuestos indudablemente perjudica a un sector de pequeños y medianos productores, lo que es aceptado por el MAS; y es para este sector que los marxistas revolucionarios debemos tener una política, donde las criticas abstractas y la no intervención no son una opción revolucionaria.

El MAS pareciera ubicarse “por encima” de la lucha que abrieron los productores agrarios, criticando a la Sociedad Rural (lo que es correcto), pero con una posición determinista con respecto a la FAA. Dentro del Frente Único, estamos del lado de la FAA, integramos dicho Frente, pero de una manera crítica, con una política con y para los pequeños y medianos productores y el proletariado rural explotado. Argumentar que se trata de un lock out patronal es negar la realidad del agro argentino. La realidad echó por tierra este argumento, pues el propio gobierno de Cristina, se vio obligado a echar para atrás la mediad fiscal al sector de pequeños y medianos productores.

El MAS se debatió entre una situación objetiva y real de lucha, y su concepción del “deber ser” de la lucha de clases, lo que en los hechos, significa una claudicación por la izquierda al gobierno. Con esa posición, el MAS no prepara a los trabadores para que encaben las luchas de los pequeños y medianos productores, así como del proletariado agrícola.