Por Orson Mojica

Los acontecimientos de Bolivia han evolucionado en sentido inverso a lo previsto. La conducción del Movimiento al Socialismo (MAS) finalmente ha renunciado a combatir al nuevo gobierno, y más bien lucha desesperadamente como acomodarse a la nueva situación creada, intentando mantener algunas cuotas de poder en el nuevo statu quo.

Un nuevo tipo de golpe de Estado

La exigencia de renuncia para que Evo Morales abandonara la presidencia, planteada públicamente por los altos mandos del Ejército y la Policía de Bolivia, constituye sin lugar a dudas un golpe de Estado.

No obstante, no ha sido el clásico golpe militar que permite a las Fuerzas Armadas asumir directamente el poder e instaurar una dictadura militar que aplasta a las masas, prohíbe los partidos políticos y restringe los derechos democráticos, sino más bien ha sido una especie de “golpe blando”.

Este golpe de Estado en Bolivia se parece mucho al golpe de Estado del año 2009 en Honduras. Ha tenido una naturaleza preventiva ante la intensidad y la dinámica ascendente de la rebelión popular contra el fraude electoral y la reelección presidencial en Bolivia, aunque este movimiento de masas fuese conducido coyunturalmente por la dirección del Comité Cívico de la ciudad de Santa Cruz, liderado por el ultra derechista Luis Fernando Camacho.

La única gran diferencia con el golpe de Estado del año 2009 en Honduras, es que en Bolivia si había una amplia rebelión popular, que amenazaba con destruir las instituciones del Estado burgués, mientras que en Honduras se trataba de un forcejeo entre los grupos por el poder y para evitar una posible reelección del presidente Mel Zelaya. Al final del golpe de Estado en Honduras le abrió el camino de la reelección al actual presidente Juan Orlando Hernandez (JOH)

El rol de los comités cívicos

Los comités cívicos son organizaciones de larga tradición en Bolivia. Se conforman como la unión de pequeños y medianos empresarios, grupos profesionales de clase media y otros organismos de la sociedad civil, con el objetivo de luchar contra el centralismo de los diferentes gobiernos, promoviendo el desarrollo local.

El programa y objetivos democráticos de los comités cívicos sirvieron de catalizador de la rebelión popular contra el fraude electoral y la insistencia de Evo Morales de postularse a una nueva reelección presidencial.

Los comités cívicos ocuparon el vacío de dirección dejado por la izquierda boliviana que, en términos generales, salvo honrosas excepciones, fue captada y domesticada durante los 14 años de gobierno del MAS.

La “reposición del orden constitucional”

Una de las caracterizas esenciales de este nuevo tipo de golpe de Estado propinado en Bolivia, es que tiene objetivos aparentemente democráticos y que, como el caso de Honduras, se trata de una aparente sucesión constitucional o “reposición constitucional”.

La senadora Jeanine Añez asumió provisionalmente la presidencia en los hechos, arropada por los militares, sin que la Asamblea Plurinacional haya conocido y tramitado las renuncias de Evo Morales y Alvaro Garcia Linera, incluso sin haber tenido el quorum necesario en el Senado para asumir las funciones de presidenta provisional.

En su primer discurso, Añez insistió en que “por tratarse de una reposición del orden constitucional este mandato presidencial de carácter estrictamente provisional tendrá dos objetivos fundamentales”, y sostuvo que su primer objetivo era la derogación de “la sentencia inconstitucional 0084/2017 de 28 de noviembre de 2017”, dictada por el Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia que le permitió a Evo Morales postularse para una tercera reelección continua, un cuarto periodo presidencial.

El segundo objetivo inmediato es “la convocatoria a elecciones generales en el tiempo más breve posible, tal como lo establece nuestra Constitución de elecciones limpias y transparentes con la presencia de todos los actores que cumplan los requerimientos constitucionales”.

Finalizó haciendo un llamado a todos los bolivianos: “(…) los convoco ahora a una transición pacífica y democrática, hablo de transición sin ambigüedades, de un cambio de régimen, de revocar las condiciones que nos habían convertido en un país totalitario para construir valores (…) Se acabaron las persecuciones y el amedrentamiento en Bolivia (…) preservaremos los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos de Bolivia”. (La Razón 13/11/2019)

La errática política conciliadora del MAS

El exilio de Evo Morales y Carlos Garcia Linera aparentemente fue negociado con la cúpula militar y policial, a cambio de que estos colaborasen activamente en la transición constitucional, debido a que el MAS controla los dos tercios de la Asamblea Legislativa. Para ello renunciaron no solo Morales-Garcia, sino también Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, para facilitar que la senadora Jeanine Añez de convirtiera en presidenta temporal.

Al mismo tiempo que se producían los cambios en la jefatura del senado, el MAS movilizó a su base social, organizando bloqueos y multitudinarias marchas hacia La Paz. Esta errática política combinaba llamados a la movilización, al mismo tiempo que colaboraba en la transición, y en la consolidación del nuevo gobierno. Estas oscilaciones, en realidad, pretendieron ocultar que la línea central estratégica de la cúpula del MAS era colaborar activamente en la transición, para garantizarse en un lugar decente como partido de oposición.

Esta línea estratégica produjo algunas fracturas publicas dentro del MAS. Adriana Salvatierra fue separada de las negociaciones, por haber renunciado primero y después proclamarse nuevamente presidente del Senado, cuando ya había sido sustituida por Jeanine Añez. Salvatierra fue sustituida por Eva Copa, una joven senadora indígena que se ha convertido en la principal impulsora de una transición ordenada.

Henry Cabrera, vicepresidente de la Cámara de Diputados, y dirigente del MAS, en la misma línea de Eva Copa, ha declarado que “(…) el MAS, lo anuncio públicamente, no va a sugerir a ningún vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Quiere decir que el MAS tendrá otro candidato a Presidente y Vicepresidente. Vamos a participar en las elecciones, ellos (los opositores) nos propusieron que les ganemos nuevamente la elección, les vamos a ganar con el TSE que ellos vayan a elegir y nosotros vamos a elecciones con nuevos candidatos”. (La Razón 21/11/2019)

Transición y represión

Pero las banderas democráticas de la “reposición del orden constitucional” no impidieron la brutal represión contra las bloqueos y manifestaciones de protestas organizadas por el MAS. La nueva presidenta Añez emitió el Decreto No 4078 el 14 de noviembre, por medio del cual exoneraba de responsabilidad a los militares y policías en las jornadas sangrientas de consumación del golpe de Estado.

El artículo 3 del Decreto No 4078 estableció que “El personal de las FFAA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal".

Era llover sobre mojado, porque el artículo 11 del Código Penal, aprobado en el año 2010 bajo la presidencia de Evo Morales, ya contemplaba la exención “de responsabilidad por legítima defensa, Estado de necesidad y ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber".

Sin embargo, los organismos de derechos humanos dieron la alarma sobre el hecho que el nuevo gobierno quería rodear de impunidad a los militares. El gobierno prometió dar marcha atrás.

El resultado de la política conciliadora del MAS fue que las movilizaciones y las acciones de resistencia contra el golpe de Estado comenzaron a descender rápidamente, porque la misma conducción del MAS contribuía a la legalización del golpe que antes había denunciado.

La colaboración de la burocracia de la COB

La Central Obrera Boliviana (COB) sigue siendo una poderosa central sindical, pero controlada por una burocracia sindical que primero estuvo aliada a Evo Morales, y en el momento de la crisis se distancio del gobierno.

Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la COB, leyó el comunicado donde afirmaba que “(…). Si hay la necesidad de renunciar para pacificar al pueblo boliviano, presidente, le decimos desde la COB para pacificar al país a nivel nacional" (Europapress 10/11/2019)

Posteriormente, después de consumado el golpe de Estado, intentando mantener un equilibrio entre las masas en lucha y los golpistas, Huarachi, dio al gobierno de Jeanine Añez un plazo de “24 horas para restablecer el orden constitucional, la paz social y la unidad del pueblo boliviano, y evitar más derramamiento de sangre, luto y violencia”, amenazando con una Huelga General Indefinida” (LR 13/11/2019)

Obviamente, la Huelga General Indefinida contra el golpe de Estado nunca fue convocada. La CON colaboró en enfriar los ánimos de los simpatizantes del MAS. Días después, Huarachi declaró que “(…) muy preocupados de este decreto 1478 llamamos a que se entable el diálogo con los sectores en conflicto y a través de ello la primera garantía es que también la Asamblea Legislativa sesione. Les pido a oficialistas y opositores, dense la mano, trabajaremos por el país, trabajaremos por la pacificación del pueblo boliviano y después lo que tenga que venir, cuál es la otra prioridad, entrar ya en época electoral de acuerdo al mandato transitorio que tiene este gobierno”. (La Razón 18/11/2019)

Evo presiona por una negociación

Desde su exilio en México, en una entrevista con CNN, Evo Morales nuevamente combinaba declaraciones fuertes para encubrir su política conciliadora: “(…) El martes planteé la instalación de una gran reunión nacional con autoridades de gran nivel y, repito, la mejor forma de pacificar en este momento es instalar una gran reunión, que esté Carlos Mesa, (el cívico Luis Fernando) Camacho, Evo, los movimientos sociales, que esté el gobierno de facto (…) no creo que el pueblo pare hasta sacar la dictadura del Palacio Quemado (…) Este movimiento es hasta sacar la dictadura y acabar con el golpe de Estado (...) la única forma de parar (la masacre) es con mediación, seamos responsables de instalar esta gran reunión" (La Razón 16/11/2019)

El gobierno de Añez respondió elevando la presión, planteando que Evo Morales no podría regresar a Bolivia porque sería procesado penalmente por los tribunales de justicia, y su caso sería llevado ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Rinde frutos el dialogo impulsado por la UE, ONU e Iglesia Católica

Inmediatamente después que Añez asumió como presidenta provisional de Bolivia, la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia Católica iniciaron gestiones para montar un dialogo entre el nuevo gobierno y la cupla del MAS.

Las reuniones del dialogo reflejaron los altos y bajos de las negociaciones y el forcejeo entre el nuevo gobierno y la cúpula del MAS, que comenzó a guardar distancia de las declaraciones de Evo Morales.

La convocatoria a nuevas elecciones

Finalmente, hubo acuerdo en el Senado y después en la Cámara de Diputados en torno a la aprobación de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, la que fue promulgada por la presidenta Añez el domingo 24 de noviembre.

Atrás quedaron las discusiones sobre si hubo quorum o no para que Añez asumiera la presidencia. Incluso, la ley aprobada no solo declaró nulas las elecciones del 20 de octubre del 2019, sino que también contempla la realización de nuevas elecciones generales dentro de 120 días, ampliando en los hechos no solo el mandato provisional de Añez sino también de los diputados y senadores de la Asamblea Legislativa, cuyos mandatos terminaban el 22 de enero del 2020, respectivamente.

La situación política tiende a estabilizarse, pero solo de manera coyuntural, hasta que vuelva a estallar cuando los trabajadores y el pueblo salgan nuevamente a las calles, luchando por sus propias reivindicaciones.