Esa sobreexposición le permite estar en el centro de la discusión y dividir la opinión entre la aplastante mayoría que lo apoya en las encuestas y lo que pareciera una oposición minoritaria y recalcitrante que se niega a reconocer sus logros de estadista. Es tanta su influencia actual que al hacer un balance de su gestión, la revista Semana afirmó que la dificultad para evaluarla tenía que ver con que no se sabía si se estaba al final de un gobierno de ocho años, o a la mitad de un período de doce, aludiendo a su segura reelección. Por eso, más allá de los vaivenes coyunturales de la política, la economía o el conflicto armado, hay que precisar si lo que se avecina es el fin de un gobierno, o la consolidación de un nuevo régimen.

Del Frente Nacional a la Seguridad Democrática

Este año se cumplieron sesenta del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, un hecho que partió en dos, políticamente, la historia colombiana. Fue seguido por una cruenta guerra civil que culminó con el régimen del Frente Nacional. Liberales y conservadores convivieron “pacíficamente” durante más de veinte años compartiendo el erario público, mientras la burguesía acumulaba capital usufructuando un mercado interno protegido por barreras arancelarias. Pero la paz de ese régimen sólo ocultaba la evolución de profundas contradicciones sociales que estallaron con el Paro Cívico Nacional del ‘77.

Durante los años ’70 y ’80 maduró una situación revolucionaria que fue bloqueada con la masacre sistemática de lo mejor de la vanguardia política y sindical, el desmantelamiento de las conquistas laborales y sociales de los trabajadores y el pacto reaccionario de la Constituyente del ’91, patrocinado por César Gaviria y aceptado por el M19 y el Partido Comunista.

La nueva Constitución fue la fachada democrática del modelo neoliberal y un acuerdo abierto con la nueva burguesía narcotraficante. Este sector ya había iniciado la conformación de bandas armadas para enfrentar a la insurgencia guerrillera y desplazar al campesinado. La burguesía tradicional le permitió hacer el ‘trabajo sucio’ y, mientras lavaba los dólares producto de la exportación de droga, legalizó a los paramilitares, llamándolos cooperativas de seguridad. Álvaro Uribe, como gobernador de Antioquia, creó entonces las famosas Convivir. Así empezó su ascenso irresistible hacia la presidencia, a la cabeza del sector más ultrarreaccionario de la burguesía.

El gobierno de crisis de Ernesto Samper evidenció hasta donde había avanzado la burguesía narcotraficante, y el imperialismo exigió ordenar la casa: Andrés Pastrana fue su agente de oficio. Aupado por el deseo de paz de la población llegó a la presidencia con varios objetivos: aislar a la guerrilla, detener a los narcotraficantes, subordinar el país a la estrategia militar de EE.UU. y blindar el Estado. Avanzó en todos ellos poniendo en marcha el Plan Colombia redactado por el Pentágono, pero dejó sumido al país en una grave crisis económica.

Este clima de incertidumbre facilitó a Uribe la toma de la Casa de Nariño. El discurso de paz fue reemplazado por el de guerra sin cuartel contra la guerrilla y el acuartelamiento de los paramilitares. El creciente apoyo de la población a Uribe le ha permitido consolidar un nuevo régimen: la Seguridad Democrática. Hoy el poder se concentra cada vez más en el Ejecutivo, que pretende actuar como árbitro entre todas las fracciones de la burguesía, así le toque utilizar el perrero sin compasión con sus propios beneficiarios.

Perros que ladran…

Beneficiada largamente por el crecimiento de sus ganancias, la oposición burguesa sólo le pide a Uribe “no perpetuarse en el poder”, como lo recomendó recientemente el diario The New York Times, vocero del ala demócrata de la burguesía yanqui. Esta recomendación es una voz de aliento para César Gaviria, hombre de absoluta confianza del imperialismo, quien fue por ocho años Secretario General de la OEA. Otro sector que pide recambio es el imperialismo europeo, cuyas inversiones en el país ya son cuantiosas. Para todos, la estabilidad futura del país es fundamental en su proyecto semicolonizador, y las relaciones incestuosas de Uribe con narcotraficantes y paramilitares lo ponen en riesgo. De allí la visita preventiva que hizo la Corte Penal Internacional al país, para monitorear la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, y advertir a Uribe que lo tienen en la mira.

Con este respaldo externo, la oposición burguesa utiliza a la Corte Suprema para hostigar a “Uribabá y los cuarenta ladrones” acantonados en el palacio presidencial. Sin prisa pero sin pausa la Corte lleva más de un año implicando en investigaciones por parapolítica a los parlamentarios uribistas, a importantes funcionarios del Estado, incluidos militares de alto rango, y a la capa de empresarios nacionales y extranjeros ligados directamente a los ejércitos paramilitares. A la parapolítica se sumó la yidispolítica como prueba de la corrupción gubernamental.

El cerco se estrechó hasta involucrar a la familia del presidente, quien se vio obligado a responder a diestra y siniestra, con el argumento de que todos tienen rabo de paja. A la Corte la chantajea mostrando el ‘roscograma’ de nombramientos de familiares de los magistrados en lucrativos cargos públicos, mientras la acusa de haber montado un ‘cartel’ de testigos; al juez investigador lo caracteriza como conspirador y borracho; a César Gaviria le recordó su alianza con el Cartel de Cali para asesinar a Pablo Escobar; a los parlamentarios del Polo los estigmatiza como ‘farcpolíticos’; y a todo conato de protesta popular la señala como instigada por la guerrilla.

Lo concreto es que, a pesar de mostrarse los dientes todo el tiempo, ninguno se atreve a dar el primer mordisco. Todo lo contrario, la maniobra de renunciar al fuero parlamentario para ser investigados por la Fiscalía, ha sido efectiva para que los parapolíticos salgan libres ‘por falta de pruebas’. Y la extradición masiva de paramilitares apagó el ventilador de acusaciones que hacía tiritar al círculo presidencial.

Bandera blanca

A pesar de todo, los intereses en juego son de tal magnitud que la trifulca a veces amenaza con salirse de madre. Fue lo que pasó con la detención del Jefe de Fiscalías de Antioquia —hermano del Ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio—, acusado de ser socio de ‘Don Mario’, temido jefe paramilitar y narcotraficante; o la visita secreta a la Casa de Nariño del abogado de ‘Don Berna’ para conspirar contra la Corte Suprema. Es una situación tan escandalosa que Uribe salió a buscar pelea hasta con la sombra para disimularla.

Esta es la razón por la que el mes pasado el Vicepresidente Francisco Santos llamó a levantar la bandera blanca y declarar una tregua. Nadie le creyó, porque Santos sólo trataba de colarse en la fila de los presidenciables, en la que su primo Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa, le lleva la delantera. Los apetitos personales de los propios uribistas que quieren reemplazar a Uribe se han convertido en otro factor desestabilizador de la situación política. Por eso las alianzas y desacuerdos son tan variables como el clima de Bogotá.

Polo derretido

Mientras tanto la oposición pequeñoburguesa, encarnada en el Polo Democrático Alternativo, se debate en medio de sus contradicciones internas. Su propia estrategia los paraliza. Un programa construido alrededor de la ‘defensa del Estado Social de Derecho’ les impide percibir que la Seguridad Democrática de Uribe no es más que la dictadura legal del gran capital y el imperialismo --no simplemente un Estado ‘mafioso’, como plantea el moralista hipócrita de Gustavo Petro--, y que, para vencerlo, no basta acumular votos, sino que debemos preparar una insurrección de masas que lo eche abajo. Por eso limitan su actividad al debate parlamentario o a los escándalos mediáticos, mientras la resistencia de los trabajadores y los pobres busca como articularse dando palos de ciego.

Esta postura política claudicante se hizo patente en la reciente Reunión Nacional de Organizaciones Sociales convocada por la Gran Coalición Democrática, donde predominan las posturas del Polo. En lugar de tratar decididamente de centralizar los conflictos en curso, la reunión se limitó a discutir un proyecto de declaración en el que brillaban por su ausencia las preocupaciones sociales y terminó acogiendo como plan de acción el listado de actividades ya programadas por las organizaciones participantes. El verdadero propósito de los dirigentes era proponer como salida a la grave crisis del país una nueva Constituyente y tratar de revivir los comités de la Gran Coalición en las regiones como futuros comités electorales de la oposición. En estas condiciones el inquilino de la Casa de Nariño sabe que cuenta hasta 2010 para arreglar las cargas.