Es el tercer sindicalista asesinado en este mes de agosto. El día 13, en Puerto Asís, Putumayo, había sido acribillado de 7 impactos Manuel Erminson Gamboa Meléndez, de 32 años y padre de tres niños, quien figuraba como vicepresidente de la Asociación Campesina para la Defensa del Putumayo, y como miembro de la Junta Nacional de Fensuagro.

El 8 de agosto, en Saravena, Arauca, la víctima fue Luis Mayusa Prada, de 46 años de edad. Mayusa se encontraba en Saravena desplazado del departamento del Meta, donde hasta días antes de su muerte se había desempeñado como integrante de la subdirectiva de la CUT en este departamento.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha sido la más afectada por la racha de crímenes. 29 de los asesinados pertenecían a sindicatos afiliados a esta Central. Otros 5 pertenecían a sindicatos filiales de la CGT, y 4 a organizaciones no confederadas.

Otra circunstancia preocupante tiene que ver con el aumento de sindicalistas amenazados de muerte, sobre todo en el departamento de Santander. En el país, en lo que va del año se han denunciado 125 casos de amenazas.

¡Basta ya de una respuesta rutinaria!

El movimiento obrero, campesino, indígena y democrático debe discutir profundamente, en sus direcciones y asambleas de base, la urgente necesidad empezar a responder a los asesinatos y amenazas a sus dirigentes y afiliados de una manera distinta a como se está haciendo actualmente.

No bastan los comunicados difundidos por Internet (lamentablemente casi que con un formato preelaborado en el cual se cambian el nombre, los datos y las circunstancias de la víctima), o denuncias ante los “organismos internacionales”. Hay que lograr reorganizar el movimiento para responder con medidas de lucha y movilización.

Cada organización debería discutir profundamente y adoptar una resolución de obligatorio cumplimiento para las direcciones y las bases, que ante el asesinato, desaparición o amenaza de muerte a un compañero de inmediato se declara un estado “paro por la defensa de la vida”. Sólo si recuperamos la tradición que existió en años anteriores entre los trabajadores bananeros, los cementeros o los maestros, la elevamos a niveles superiores garantizando que se desarrollarán paros nacionales inmediatos y unitarios ante el asesinato de nuestros dirigientes será posible detener la mano de los asesinos.

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¡Basta de amenazas y hostigamiento contra la oposición!

A medida que el escándalo de la parapolítica involucra a un creciente número de parlamentarios y funcionarios de la coalición uribista, el gobierno se ha visto obligado a lanzar periódicamente cortinas de humo para desviar la atención de la opinión pública. Una de las más oscuras son los supuestos hallazgos de información en el computador de Raúl Reyes, acerca de correos electrónicos cruzados entre diferentes personajes políticos de la oposición y la cúpula de las Farc. A partir de ellos se ha iniciado un proceso de investigación judicial con todos los visos de una cacería de brujas contra Carlos Lozano, director de Voz, semanario del Partido Comunista, y los senadores Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez dirigentes de la misma organización, al que han denominado la “farcpolítica”, tratando de darle el mismo peso mediático y jurídico que al pantano en que se hunden los cómplices de Uribe. El sólo señalamiento como sospechosos se constituye de hecho en una amenaza contra la vida y la integridad física de estos dirigentes políticos de izquierda, en un país donde el paramilitarismo continúa actuando con impunidad.

Pero las amenazas y la estigmatización no es sólo contra la izquierda: la dirigente liberal Piedad Córdoba es acusada públicamente de ser vocera de las Farc, a pesar de haber sido autorizada por el propio presidente para que sirviera de intermediaria en las negociaciones para la liberación de retenidos por la guerrilla. De allí la interpretación retorcida que dieron los medios de comunicación a sus afirmaciones radicales en la inauguración del Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios, una de las organizaciones estudiantiles que viene planteando la defensa de la educación pública.

La campaña de amendrentamiento se extiende a todos los que critican al gobierno o a sus socios políticos. El intelectual y periodista Alfredo Molano está siendo enjuiciado por los comentarios escritos acerca de la familia Araújo, a la que pertenece la excanciller de Uribe, mientras su hermano y un exgobernador andan prófugos. Igualmente Daniel Coronel, columnista de Semana, en un acto de surrealismo jurídico, fue denunciado por Álvaro Uribe como cómplice de Yidis Medina, por no haber hechas públicas las declaraciones en que se incrimina al presidente en el delito de cohecho.

Al tiempo que se ponen a circular señalamientos, amenazas, acusaciones, o directamente se inician procesos jurídicos contra los opositores al gobierno, las bandas paramilitares siguen actuando contra los activistas sindicales, estudiantiles, campesinos, indígenas, populares y de las organizaciones que representan a las víctimas de los crímenes del paramilitarismo y el Estado.

Todos estos hechos no están aislados sino que hacen parte de una campaña sistemática y permanente por paralizar a la oposición al gobierno y al régimen y justificar la represión contra las organizaciones políticas de los trabajadores y los pobres. Por eso debemos luchar por constituir un frente único por la defensa de las libertades democráticas que impulse la movilización de protesta contra la represión institucional y paramilitar.

En ese sentido llamamos a hacer nuestra la iniciativa del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado que, de común acuerdo con el Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Trabajadores (ELAC), está impulsando un jornada continental de protesta contra la criminalización de la protesta social para el próximo 22 de noviembre. Sólo la movilización unitaria frenará la ofensiva autoritaria del gobierno y paralizará las manos de los asesinos a sueldo del régimen.