Por Leonardo Ixim

La efervescencia social que se registra en América Latina, teniendo como epicentro la zona Andina, es producto del fracaso del modelo social de capitalismo dependiente, agravado por las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia del COVID 19.

Uno de los principales efectos del capitalismo dependiente sobre la población es que una mínima parte concentra las riquezas y la gran mayoría tiene ingresos insignificantes, ademas de que más del 50 por ciento de la economía es informal. Esto vino a agravarse con la pandemia; la cifra de contagios y muertes en todos estos países ha sido grande, aun en Chile que, según datos de la Organización Mundial de Salud, es el país de la región con más vacunados.

Desgraciadamente los gobiernos progresistas, de la marea rosada, pos-neoliberales o nacionalistas, tanto en Ecuador, en Bolivia o en Venezuela, no lograron superar el carácter dependiente de sus economías, ni atajar los problemas estructurales de atraso y desigualdad, pese a algunos importantes logros. Los casos de Colombia, Chile y Perú, por su parte, han sido los mejores ejemplos del neoliberalismo y de la continuación de un modelo social centrado en la primarización de la economía y en la exportación de materias primas. Por ende, no es raro que sea en estos países donde se producen las recientes movilizaciones con vistos insurreccionales.

La insurrección en la encrucijada

Desde finales de abril, se dio el denominado Paro Nacional de Colombia 2021, producto de una reforma tributaria que impulsó el gobierno conservador de Iván Duque, ante la grave situación fiscal debido a los subsidios entregados a los grupos concentrados del capital tras la pandemia y el intento de cargarla sobre la clase trabajadora. Sin embargo, se fue unificando una serie de demandas sociales -la reforma tributaria es detenida por la movilización- pero se impugna otros aspectos del modelo dependiente, así como el carácter autoritario del régimen político y sobre todo del gobierno actual, con raíces en el uribismo.

El uribismo es la expresión más reaccionaria de la clase dominante colombiana, que tiene como figura a el ex presidente Álvaro Uribe y su partido Cambio Democrático, del cual Duque es parte. Este partido fue estructurado en base al paramilitarismo de derecha formado al amparo del Estado en su combate a las guerrillas izquierdistas, manejando como bandera la negativa a reconocer los acuerdos de paz con la desmovilizada FARC-EP y la no negociación con el ELN.

En estas movilizaciones emergió un nuevo sector social del proletariado con sus propias características. Nos referimos a la juventud, en su mayoría desempleada, sub empleada o en la economía informal, que en las principales ciudades y en las principales carreteras del país, bloqueó las vías de comunicación durante varias semanas por medio de tranques, sumándose el campesinado, pequeños productores rurales y la población indígena. Por su parte, los sectores más cohesionados del proletariado, como los obreros industriales, los petroleros o los maestros, se sumaron, pero el papel de sus burocracias, salvo algunos sindicatos combativos, fue orientando el paro a una negociación con el gobierno.

De tal forma que la dirección la asumió el Comité Nacional del Paro (CNP), conformado por esas burocracias como la Central Unitaria de Trabajadores, la FECODE del sector docente y otras, en un infructuoso proceso de negociación que el gobierno trato de alargar. Esto contó con la complicidad de estas burocracias y las expresiones de izquierda reformista como Colombia Humana, formada por los restos de insurgencias de la FARC que aceptaron la desmovilización y el Partido Comunista, las cuales pretenden, de cara a las elecciones de 2021, perfilar la figura de Gustavo Petro.

Un elemento que generó debate en el seno de la misma izquierda, fueron los tranques, sobre todo en ciudades como Cali, donde la juventud de las barriadas más pobres asumió esta tarea, que por su naturaleza es una cuestionamiento al Estado mismo. A la par de eso se produjeron fuertes enfrentamientos con las unidades antimotines de la policía (la cual es un cuerpo militarizado) y la acción de elementos paramilitares que asesinaron extra-judicialmente a varios integrantes de las movilizaciones. El mismo CNP y la izquierda reformista tuvo una posición oscilante en lo que respecta al apoyo a los tranques; y cuando el uribismo y la derecha organizaron manifestaciones contra el paro, sumándose proclamas de militares retirados, prácticamente llamando a un golpe de Estado, el CNP continuó en la mesa de diálogo sin ningún avance real.

A partir de los sectores más radicales, como la organización en los barrios, los sindicatos combativos y otros, se han conformado organismos como la Asamblea Nacional Popular, aunque ha faltado que se sumen expresiones indígenas. Esta asamblea popular, aunque formada tardíamente, refleja la existencia de sectores dispuestos a mantener la consigna de la renuncia de Duque y neutralizar al uribismo, lo cual puede convertirse en un embrión de doble poder revolucionario.

Perú: La burguesía atrás del fujimorismo

En Perú se dio el arrollador triunfo de docente Pedro Castillo con su partido Perú Libre (PL) en las recientes elecciones generales peruanas. En una primera vuelta éste consiguió un primer lugar con un 18.92 %, dentro de un universo fragmentado de contendientes para la presidencia peruana; ubicándose en segundo lugar Keiko Fujimori obteniendo el 13.41 % de los votos. La segunda vuelta fue disputada entre estos, donde Castillo obtiene el 50.12 % y Fujimori el 49.88 % participando el 74.56, %, cinco por ciento más que en la primera vuelta.

Los guarismos muestran que la coyuntura se polarizó. Las fuerzas de izquierda reformista -que compitieron con varias listas- y las organizaciones populares se sumaron a Castillo, mientras que la derecha, aun la que había abjurado del fujimorismo, cerró filas atrás de la candidata de Fuerza Popular. Esta generó un ambiente marcartista, usando el fantasma del anti-comunismo, al grado que sectores retirados del ejército, al igual que en Colombia, hicieron un llamado a no reconocer el triunfo de Castillo.

Por su parte, Fujimori orientó su accionar a llenar de recursos legales por supuestas anomalías en el proceso electoral, 945 en total, ante el Jurado Nacional de Elecciones, el cual las consideró sin lugar. Por otro lado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (árbitro electoral peruano), después de varias semanas de tardanza, ha terminado de contabilizar el total de actas, pero sin haber proclamado a Castillo.

En ese sentido, los partidarios de Perú Libre, junto a organizaciones sindicales, campesinas y estudiantiles -tan solo el año pasado la movilización del pueblo peruano logró evitar la imposición de un presidente tras la renuncia de Martin Vizcarra- han llenado las calles de Lima contra la maniobra golpista del fujimorismo.

Este último, como corriente política, es el heredero de la dictadura de Alberto Fujimori en la década de los noventa, que implementó el programa neoliberal y consolidó el modelo capitalismo dependiente, hoy dirigido por la hija del dictador, Keiko. Por su parte, Castillo mantiene un programa nacionalista y revolucionario, pero genera temor para el capitalismo peruano; sin embargo, el presidente electo ha ido suavizando su programa, al grado de anunciar que mantendrá en su puesto al actual presidente del Banco Central, un pilar del neoliberalismo.

Las burocracias sindicales de la CGTP, dirigida por partidos comunistas de origen estalinista, la nueva izquierda reformista de Verónica Mendoza y otras fuerzas, pese a sus llamados a luchar por el reconocimiento de Castillo y la creación de un Frente Nacional por la Democracia, pretenden canalizar institucionalmente la ira popular en el podrido régimen político. La propuesta de PL de convocar una asamblea constituyente debe mantenerse y convertirse en órgano de poder revolucionario contra los intentos de la burguesía de evitar el triunfo de Castillo o controlarlo por dentro.

Chile: ¿Una convención constituyente soberana?

Después de las grandiosas movilizaciones del pueblo chileno a mediados de 2019 contra el modelo económico, el gobierno de Piñeira y la centro-izquierda institucional de la ex Concertación (Partido Socialista y Democracia Cristiana), con el apoyo de sectores del Frente Amplio (FA) -izquierda surgida tras las movilización contra el primer gobierno de Piñeira- se impuso un acuerdo de paz, ante la presión del pueblo por la renuncia de Piñeira y la modificación del régimen político para canalizarlo por medio de una Convención Constituyente en los parámetros institucionales. El Partido Comunista, que controla la Central Unitaria de los Trabajadores, aunque no se sumó, fiel a su táctica reformista, le apostó a la salida electoral.

De tal forma, en octubre de 2020 se votó, con una amplia participación, la Convención Constituyente, y aunque fue derrotada la opción más institucional, (una composición mixta de constituyentes electos y congresistas actuales), el acuerdo de paz de septiembre impuso una serie de candados para no ser discutidos en la Convención, con respecto al modelo social y los tratados de libre comercio.

Correctamente, partidos marxistas participaron en la constituyente y utilizaron la campaña para difundir un programa revolucionario, logrando votos y presencia en la Convención, aunque muy mínima. La elección fue realizada el 15 y 16 de mayo recientes, con una participación menor que en el plebiscito de aprobación de la Convención.

Las fuerzas del status quo, la derechista lista Vamos por Chile obtuvo 37 casillas, la lista Apruebo con 28 conformados por los partidos de la ex Concertación y los Independientes no Neutrales con 11; mientras que las fuerzas de izquierda, como lista Dignidad (partidos de ex FA y el PC) con 28 lugares, la Lista Pueblo (conformada por sectores del movimiento social) con 26 y los Independientes por una Nueva Constitución con 11; ademas de las casillas para los pueblos indígenas (17 en total) los cuales apuestan a desbancar el racismo estructural del Estado chileno. El número mágico para la aprobación de iniciativas es de 52 y una de las novedades es que las mujeres obtienen una participación equiparable, 76 mujeres y 76 hombres.

Junto a estas elecciones se realizaron otras para elegir alcaldes y por primera vez gobernadores regionales en dos vueltas, en las cuales la ex Concertación denominada Unidad Constituyente (UC) obtiene el 80 % de los espacios. Todo esto de cara a las elecciones presidenciales de noviembre previo a la definición en primarias, donde la izquierda (ex FA y PC) cuenta con dos pre-candidatos, uno del primero y otro del PC; la derecha con cuatro; y la centro-izquierda de UC con dos también.

Anterior a la instalación la Convención el pasado 4 de julio, la Lista Pueblo con algunos constituyentes de izquierda se asumieron como la Vocería del Pueblo, la cual se posicionó en contra de los candados impuestos por el acuerdo de paz de 2019 y por la liberación de los presos políticos detenidos en las protestas.

De tal forma que con la mayoría de votos de la lista de izquierda y algunos de la UC, se eligió a la académica mapuche Elisa Lencon como presidente de la Convención, aunque paradójicamente no contó con el apoyo de toda la bancada indígena, porque es considerada por varios de sus integrantes como moderada. Los primeros debates giran en torno a la amnistía de los presos políticos, el cual es una exigencia generalizada.

Sin embargo, muchos interrogantes quedan en el aire, por ejemplo, qué tan originaria y creadora de un poder constituyente puede ser, con la presencia de un ejecutivo controlado por la derecha y un congreso atomizado. Ademas de los candados impuestos por los acuerdos de paz, está la coherencia de la Lista Pueblo y de la izquierda reformista en esa línea. Por ende, una Convención originaria debe asumir la tarea revolucionaria de desmotar el régimen político y cerrarles el espacio a las fuerzas conservadoras dentro y fuera de ella.