Por Leonardo Ixim
Acaban de realizarse dos procesos electorales en el Cono Sur, las elecciones de medio término para renovar la Cámara de Diputados y de Senadores en Argentina y las elecciones presidenciales y legislativas en Chile. Ambos procesos electorales reflejan un cuestionamiento a los actores políticos tradicionales, aunque en contextos y tendencias distintas, marcadas por los efectos de la pandemia.
Si bien la elección en Argentina pareciera menos importante porque solamente se renueva las cámaras legislativas, los resultados son un golpe al gobierno, actual producto de los efectos económicos y sociales causados por el COVID 19 y del hecho de defraudar a diversas capas de la población que votaron por el actual presidente Alberto Fernández, que encabeza el gobierno junto a la actual vice-presidente Cristina Fernández de Kirchner, tras el retorno del peronismo al poder, después del periplo neoliberal de Mauricio Macri, desde diciembre de 2019.
Por su parte en Chile, junto a los efectos de la pandemia, venimos de una insurrección contra el orden de cosas desde noviembre de 2019, que a su vez es producto de una serie de movilizaciones contra el modelo neoliberal en ese país, que se pueden rastrear desde el primer gobierno de Michelle Bachelet a mediados de la década pasada, configurándose en el actual proceso constituyente, a partir del plebiscito de octubre de 2020 para modificar el marco constitucional postdictadura de Pinochet y la elección para una Convención Constitucional en julio de 2021.
Elecciones de medio término en Argentina
Sin embargo, este país no está exento de importantes movilizaciones, tan solo basta rememorar que se cumple el 20 de diciembre veinte años del argentinazo, provocado por el descalabro económico producto políticas neoliberales aplicadas desde la década de los noventa y la crítica contra los partidos principales en ese momento como responsables, el Partido Justicialista (Peronista) y la Unión Cívica Radical (UCR), bajo la consigna de “que se vayan todos”. El peronismo, en alianza con sectores de izquierda reformista, logran contener la agudización de la lucha de clases, inaugurando los gobiernos kirchneristas, que provocan en sus primeros años un bienestar social, a partir de la bonanza de los precios de los commodities pero sin romper con la matriz agro-exportadora y retornar a los años de pujanza industrial, pero que sin embargo, en el último gobierno de Cristina Fernández, este aplicó una serie de ajustes en las políticas sociales tras la caída de estos precios; esto llevó a que el peronismo se rompiera, en una candidatura (Sergio Masa) con base en los sectores sindicalizados y el kirchnerismo con base en sectores informales y populares, asumiendo por primera vez que la derecha (Propuesta Republicana, el partido de Mauricio Macri) vía electoralmente junto a la UCR, llegara al gobierno.
Así, durante el gobierno de Macri, con su coalición Juntos por el Cambio (JxC), en diciembre de 2017 la movilización obrera y popular, con un buen sello de la influencia de las organizaciones marxistas revolucionarias del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FITU), lograron detener una serie de contra reformas laborales y sociales que Macri quería impulsar, producto de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, obligando a un endeudamiento masivo. En ese marco, las principales centrales sindicales (CGT y CTA), junto al peronismo -ahora en unidad-, logran desviar la movilización hacia el evento electoral de 2018, donde la dupla Fernández y Fernández sale victoriosa.
Sin embargo, el gobierno actual ha continuado con las acciones de pago a los acreedores y negociaciones con el FMI (como sucedió también durante los gobiernos kirchneristas), lo cual implica duros recortes sociales, ante una realidad propia de la economía argentina que es la restricción constante de divisas, lo cual provocó roces en la coalición oficialista, tras los resultados electorales.
Si bien al inicio de la pandemia el gobierno logró cierto consenso de lo efectivo de las medidas, la presión empresarial por abrir la economía y la descarga de los efectos en la clase trabajadora, realizando medidas erráticas y represivas ante la protesta popular, con una constante vacunación pese a los retrasos de las entregas de las vacunas, dieron como resultado que la coalición oficialista Frente de Todos (FdT), alianza del peronismo con sectores de la izquierda, perdiera la mayoría en ambas cámaras legislativas; junto a eso hay un crecimiento de la extrema derecha autodenominada libertaria de Avanza Libertad, y de la izquierda marxista del FITU, con un programa socialista y rupturista del orden capitalista.
Así, con una participación del 70 por ciento del padrón electoral (más de 24 millones de un universo de votantes de un poco más 34 millones) y una cifra de voto nulo y blanco de un poco más de un millón, JxC logra el 41.89 % de votos, aumentando en cinco tantos la representación en el senado con 14 senadores y en diputados con seis, aunque disminuyendo un 5 % con respecto a las elecciones legislativas anteriores.
Esto porque pese a la expectativa de que en las primarias obligatorias y simultáneas que se realizaron hace unos meses, donde JxC fue la coalición más votada, FdT logra no descalabrarse, obteniendo apoyo en sus principales bastiones, los populares municipios de la Provincia de Buenos Aires (PBA); así, este obtiene el 33.03 % de los votos, es decir 9 senadores, 6 menos, y 50 diputados, 18 menos que en la saliente legislatura.
Los terceros, cuartos y quinto los guarismos son muy cercanos, la extrema derecha logra el 7.22 % de votos sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), disputando al JxC que es su bastión, obteniendo 4 diputados. El Peronismo Federal, una corriente más hacia la derecha del peronismo en alianza con histórico Partido Socialista (socialdemócrata) el 5.65 % de los votos, traducido en un senador y 3 diputados; mientras que el FITU con el 5.46 %, cuatro diputados, aumentando su bancada en dos.
Por lo tanto, vemos una leve derechización del electorado, que, además de tener mayoría en la CABA, se concentra en la industrial provincia de Córdoba, así como el crecimiento de fuerzas políticas hacia los extremos como Avanza Libertad y el FITU. Sobre este último, nos interesa porque tenemos afinidad; esta es una alianza de cuatro partidos trotskistas, con presencia en sindicatos, aunque a nivel de base, organizaciones estudiantiles y en las barriadas. Este frente no ha logrado aun romper con la hegemonía del peronismo en el movimiento popular, sin embargo, logra además de sus diputados, dos diputados en la PBA, por primera vez una serie de concejales en esa provincia -la más populosa del país- y un diputado en la norteña provincia de Jujuy, Alejandro Vilca, el actual asume la identidad indígena.
Elecciones generales en Chile
Los resultados en las elecciones presidenciales y legislativas (renovándose totalmente las Cámaras de Diputados y Senadores) muestran una polarización creciente, desbancando a las coaliciones que habían dominado la política desde la instauración del régimen democrático formal, es decir Chile Podemos Mas (oficialismo), conformado por partidos conservadores, algunos con origen en el pinochetismo y el Nuevo Pacto Social, la antigua Concertación, conformado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Socialista (PS) y otros que ha sido los sostenes de la gobernabilidad burguesa
Nuevamente la abstención fue mayoritaria, de un universo de 15 millones de votantes, votaron un poco más de 7 millones, mientras los votos nulos y blancos fueron bajos, no pasando los cien mil votos.
De tal forma que disputarán la segunda vuelta José Antonio Kast del Frente Social Cristiano (FSC), quienes se han mostrado simpatizantes del pinochetismo, con un perfil ultra derechista y enemigo de los intereses de las y los trabajadores y de todos los derechos políticos y sociales, consiguiendo 1,961,122 votos, el 27.91 %, logrando mayoría en las comunas del norte del país
En segundo lugar, quedó el candidato Gabriel Boric, de la alianza izquierdista Apruebo Dignidad, conformado por los restos del Frente Amplio (partido formado tras las movilizaciones sociales la primera década del siglo), y el histórico y reformista Partido Comunista Chileno (PCCH), mas otras expresiones de izquierda. Boric, ex dirigente estudiantil y ex alcalde de Valparaíso, disputó con otro candidato, el comunista Daniel Jadue, las primarias para definir candidaturas; esta coalición logra 1,814809 votos, el 25.83 %, logrando mayoría en Santiago y en otros centros poblados, así como en las comunas del sur de Chile.
El tercer lugar fue la sorpresa de Francisco Parisi con 12.79 %, un candidato residente en Estados Unidos que ni siquiera pisó Chile para la campaña y tiene un perfil claramente neoliberal bajo el discurso del emprendimiento de la juventud. En cuarto lugar, quedó el candidato de la coalición oficialista, Sebastián Sichel, ex funcionario del gobierno de Piñeira con 12.79 %. En quinto lugar, la candidata de la ex Concertación, Yasna Provoste con 11.69 %. En sexto lugar Marcos Enríquez-Ominami, hijo de unos de los dirigentes de la guerrilla anti-pinochetista con 7.61 %, que en elecciones anteriores se había visto como una sorpresa. Y en séptimo lugar el profesor Eduardo Artes, de la alianza Unión Patriótica (UPA), conformada por la ex insurgencia del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y un Partido Comunista (de filiación maoísta), con apenas 1.47 %.
El descalabro quizás no fue total porque en las elecciones para Consejos Regionales (provincias) la coalición oficialista de derecha logro 110 de estos consejos y los partidos de la ex Concertación 90, quedando abajo el Frente Amplio y el PCCH que no fueron en coalición. A nivel del Congreso, Chile Podemos Mas (oficialismo) logra 12 senadores y 53 diputados; el Nuevo Pacto Social 8 y 37 respectivamente; el FSC 15 diputados; Apruebo Dignidad 4 senadores y 37 diputados; el Partido de la Gente de Parisi 6 diputados; Dignidad Ahora (conformado por otras expresiones de izquierda) 6 diputados también y los ecologistas con dos diputados. Participaron también los maoístas de UPA y la izquierda trotskista del Partido de los Trabajadores Revolucionarios (PTR) sin lograr ningún escaño.
Como se ve, hay una clara mayoría de derechas con los legisladores de FRS y de Chile Podemos Mas, lo cual complica realmente la capacidad constituyente de la Convención Constitucional, la cual resultó en leve mayoría para las fuerzas de izquierda y de listas independientes procedentes de la movilización popular, como la Lista Pueblo -fragmentada en la Convención en varios pedazos-, la cual por desavenencias internas y diferencias políticas no logró postularse para estas elecciones, producto de su excesiva heterogeneidad y falta de cohesión ideológica, perdiendo la oportunidad de convertirse en alianza con el PTR y otras expresiones marxistas, en una alternativa proletaria.
Lo cierto es que esta Convención, pese a ser en parte conquista de la insurrección de 2019, con la participación por ley del pueblo mapuche, que a su vez está sufriendo la militarización del gobierno de Piñeira en la defensa de su territorio, tiene poca capacidad de convertirse en un órgano de poder independiente. Esta situación se complica aún más si el ultraderechista admirador de Bolsonaro y Trump, Kast llegara al gobierno. Por su parte, Boric y Apruebo Dignidad, anuncian que harán valer la capacidad de crear una nueva Constitución; este viene del partido Convergencia Social, que tiene un perfil de acercamiento con el empresariado y con expresiones partidarias como el PS y PDC.
La situación es que, desde el nacimiento de la Convención Constitucional con el Acuerdo de Paz Social impulsado por los partidos de la derecha, la ex Concertación y buena parte del Frente Amplio como Boric, se cercenó la capacidad de ser el órgano de poder real y se limitó a crear una nueva constitución sin tocar los elementos que condicionan el modelo neoliberal. El PCCH, si bien no firmó, desde la Central Unitaria de Trabajadores y otras fuerzas gremiales, fue un observador pasivo, quitando beligerancia a la movilización y a la capacidad de la Convención de ser un órgano que de verdad dispute el poder a la burguesía chilena.
Lo cual genera un reto en el actual movimiento social chileno, que debiendo actuar en clave destituyente desde la Convención logre convertirla en un órgano de disputa contra el poder instituido de la clase dominante.