Por: Partido Socialismo y Libertad

Todos al Encuentro Sindical y Popular el 21 de marzo en Caracas

Después de casi un mes de protestas y marchas en las principales ciudades del país, el proceso político venezolano da un giro. El pasado miércoles 26 de febrero el gobierno convocó a una Conferencia Nacional por la Paz, que contó con la participación de Lorenzo Mendoza, presidente del Grupo Polar, el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig; Miguel Pérez Abad, presidente de Fedeindustria, representantes de la Iglesia Católica, dirigentes de partidos de oposición y directivos de medios de comunicación privados, entre otros.

En el marco de una gran crisis económica, social y política el gobierno de Maduro ha optado por abrir el diálogo con sectores empresariales para estabilizar políticamente al país, intentando aislar al sector ultra de la MUD que propugna la campaña de “La salida”, y buscando acuerdos concretos con el empresariado, sirviéndose del discurso de la “paz” como una fachada para profundizar el plan de ajuste económico. En el mismo sentido, busca normalizar sus relaciones con el gobierno de los EEUU, nombrando unilateralmente un embajador y designando a una comisión de alto nivel para el diálogo con el imperialismo.

Ahora queda claro que el cuento chino del “golpe suave” y de la “guerra económica”, era sólo eso: un discurso para intentar cohesionar a su alrededor a la base popular del chavismo, descontenta por los bajos salarios, la escasez de productos de primera necesidad y la alta inflación que viene destruyendo su nivel de vida.

Uno de los primeros acuerdos suscritos con Fedecámaras es la constitución de una “comisión de la verdad económica”, con los mismos empresarios que el gobierno acusaba de desestabilizar y propiciar una “guerra económica”. La realidad es que 15 años de una política económica de colaboración de clases, que no tiene nada que ver con el socialismo, ha llevado a la economía a un callejón sin salida. Lo que ha prevalecido son jugosas ganancias para banqueros, sectores de las comunicaciones. importadores y boliburgueses; empresas mixtas con trasnacionales petroleras; otorgamiento discrecional de divisas, sin ninguna planificación ni control, como el mismo Rafael Ramírez reconoció recientemente, que permitió que en el 2012 empresas de maletín se robaran 20 mil millones de dólares en sobrefacturación e importaciones fraudulentas. Mientras tanto, a los trabajadores se les niega la discusión de los contratos colectivos o se incumplen sus cláusulas; no se aumentan los salarios al conjunto de los trabajadores, limitándose sólo a aumentos del salario mínimo por debajo del índice inflacionario; se mantiene a los trabajadores del sector público en la inestabilidad con contratos a tiempo determinado, y se criminaliza y persigue a los que luchan, como ha sido el caso de nuestro camarada José Bodas y otros 9 petroleros, los trabajadores de Transporte Camila en Guayana, Rubén González de Ferrominera, los trabajadores de Civetchi, así como a cientos de luchadores indígenas, campesinos y sindicales.

Ya el acuerdo que el gobierno busca con el empresariado comienza a mostrar sus efectos. Como consecuencia de esta conferencia de paz convocada por el gobierno, se acordó aumentar a Bs. 40 el kilo de pollo, un aumento del 133%, y se tiene previsto realizar aumentos similares en otros rubros alimenticios. La implementación del Sicad 2 constituye asimismo una nueva devaluación monetaria, superior al 100% que incidirá en la inflación, deteriorando aún más los ingresos reales del pueblo trabajador. Maduro sigue amenazando con aumentar el precio de la gasolina, lo que le ha merecido aplausos hasta de la burguesía internacional, como lo demuestra un reciente informe de la empresa Merrill Lynch.

El Partido Socialismo y Libertad les plantea a los luchadores honestos de fábricas, comunidades y universidades, que aún tienen alguna esperanza en el gobierno de Maduro, que la manera de resolver los problemas de abastecimiento, salarios, inflación, empleo, y vivienda no es con acuerdos de paz para garantizar la estabilidad de los negocios de los grandes capitalistas y las transnacionales. El diálogo debe ser con los trabajadores y comunidades urbanas y rurales; con los estudiantes y los gremios de profesionales; con los sindicatos, con los voceros de los consejos comunales, con los líderes campesinos, con los caciques indígenas que luchan por sus tierras ancestrales y sus derechos. La paz sólo será posible si se garantiza el pleno disfrute de todos los derechos políticos, económicos y sociales de la población.

Debido a la orientación que le imprimió a sus convocatorias el sector de la MUD encabezado por López y María Corina Machado, ausente de objetivos claros y logros concretos, cobran notoriedad actos vandálicos que generan rechazo en gran parte de la población. Más allá del justificado descontento popular con la crisis económica y con las acciones represivas del gobierno, lo cierto es que ninguno de los sectores de la MUD fue capaz de levantar exigencia alguna que pudiera convocar a sectores más amplios de la sociedad a movilizarse.

Para poder enfrentar el plan de ajuste que se cocina en las negociaciones de paz entre Maduro y el empresariado, y evitar que se pretenda salir de la crisis sobre la base de empobrecer aún más a la mayoría de la población, es necesario construir espacios de articulación de las organizaciones obreras y populares, que permitan levantar una agenda de reivindicaciones y un plan de lucha, con plena autonomía respecto del gobierno y la MUD. En ese sentido, nuestra organización está convocando a un encuentro Sindical y Popular a realizarse el viernes 21 de marzo a las 9 am en la ciudad de Caracas.

Es necesario que levantemos nuestra voz en contra de la restricción de las libertades democráticas: que una Comisión de la Verdad independiente, con participación de organismos de derechos humanos, como la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Provea y Cofavic, investigue las violaciones a los DDHH perpetradas por el gobierno a través de sus cuerpos represivos y el uso de grupos parapoliciales. Que sean liberadas incondicionalmente todas las personas procesadas judicialmente por protestar. Ni la Fiscalía General de la República ni la Defensoría del Pueblo gozan de la confianza de la mayoría de la población venezolana, que ha visto que funcionan como un apéndices del gobierno, en tal sentido exigimos la renuncia de la fiscal Luisa Ortega Díaz y la Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez.

Para que la crisis no la sigamos pagando las mayorías populares, es necesario un Plan Económico y Social Alternativo, partiendo de exigir un aumento general de sueldos y salarios. El desfalco de más de 20 millardos de dólares al Estado por medio de la sobrefacturación de importaciones debe ser objeto de una investigación independiente, y que los empresarios y burócratas culpables de este crimen económico reciban sentencias ejemplarizantes. Los bienes de las empresas que incurrieron en este robo deben ser expropiados sin indemnización. También exigimos equiparar el salario mínimo al costo de la canasta básica, eliminar el IVA, eliminar los tratados contra la doble tributación, no al pago de la deuda externa; nacionalizar la industria petrolera, sin empresas mixtas ni transnacionales, y rescatar las empresas básicas de Guayana bajo la administración democrática de los trabajadores. Llamamos al movimiento estudiantil a incorporar estas exigencias a sus movilizaciones, al igual que reivindicaciones como el aumento del presupuesto para la Educación, la democratización del gobierno universitario y la transparencia del gasto presupuestario. De esta manera, la lucha estudiantil adquirirá autonomía y no será instrumentalizada en provecho de los enemigos históricos del movimiento. Estas son propuestas preliminares deben ser enriquecidas al calor del debate, y puestas a prueba presentándolas al conjunto de la clase trabajadora y del pueblo venezolano. Es la hora de construir nuestra propia salida a la crisis, no la que han delineado el gobierno, la MUD, o los empresarios.

¡Enfrentemos el Pacto Maduro-Mendoza-Fedecámaras!

¡Libertad plena para los personas con juicios abiertos por protestar!

¡Libertad plena para José Bodas y los otros nueve petroleros con medidas cautelares!

¡Por una Comisión de la Verdad con participación de organismos de DDHH que investigue las muertes de manifestantes!

¡Impulsemos el Encuentro Nacional Sindical y Popular que discuta un Plan Económico y Social Alternativo y un plan de lucha!