Por Leonardo Ixim

El triunfo de la oposición de derecha aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), convirtiéndose en la fuerza mayoritaria en la Asamblea Nacional el seis de diciembre de 2015, abre los eventos donde se corona un giro hacia fuerzas abiertamente conservadoras y pro-imperialistas en toda la región.

De tal forma que meses después, se genera el triunfo de Mauricio Macri del partido PRO sobre el candidato del kichnerismo, el ex menenista Daniel Scioli y más recientemente la destitución de Dilma Rousseff por un supuesto delito administrativo por el Congreso de Brasil, asumiendo el vice presidente Michelle Temer, su ex aliado y miembro del corrupto partido Pmdb, antiguo aliado del PT de Rousseff.

Este giro de las preferencias electorales por estas fuerzas, sobre los gobiernos pos-neoliberales -aunque el caso de Brasil es más excepcional- refleja los límites de las fuerzas progresistas, nacidas unas de eventos que trastocaron el sistema dominación asumiendo el mote de revolucionarias, y otras como en Brasil, Uruguay y Paraguay, por el cansancio de los partidos conservadores y el temor de parte de las burguesías de estallidos sociales, tales como los que se sucedieron en Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Estos límites, como se ha escrito en distintos espacios marxistas como el nuestro, se debe a que estas fuerzas que se pusieron a la cabeza del descontento social provocado por las políticas neoliberales, no profundizaron sus programas democráticos y revolucionarios -en algunos casos- sino recrearon el capitalismo rentista y extractivista, manteniéndose dentro de los estrechos esquemas de la división internacional del trabajo y por lo demás, creando nuevas elites burguesas similares a las surgidas en otros giros progresistas ocurridos en el siglo XX en la región.

El ascenso de la derecha en Venezuela

La MUD se convirtió en la fuerza mayoritaria en el legislativo de esa nación, iniciando una serie de medidas para desgastar aún más al gobierno de Nicolás Maduro, aquejado por una galopante inflación -la más alta del mundo-, el desabastecimiento promovido en parte por el mantenimiento del rentismo petrolero, el acaparamiento y contrabando por parte de empresarios, que se realiza con la venia de funcionarios gubernamentales, policiales y militares.

Esto dentro de la estrategia de la oposición, con el apoyo estadunidense, de lograr que el Consejo Nacional de Elecciones convoque a un referéndum revocatorio. Una serie de leyes, contrariando los decretos de emergencia del poder ejecutivo, denuncias internacionales en el seno de la OEA promovidas por el secretario general Luis Almagro, declaraciones de “falta de democracia” de personeros del Departamento de Estado gringo, etc., han generado enfrentamientos directos entre poderes del Estado, que se reflejan en resoluciones de la sala de lo constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), contra las medidas legislativas y amparando las decisiones del gobierno.

Sin embargo, el ingrediente de movilizaciones entre la MUD y el chavismo estuvo ausente durante estos meses. Pero el primero de septiembre, ambas fuerzas burguesas mostraron músculo en las calles de la capital venezolana; la derecha con la denominada toma de Caracas, logró movilizar una cantidad formidable de simpatizantes como nunca lo había podido hacer, ni con el paro petrolero y el golpe de estado de 2002, ni en el referéndum revocatorio de 2004 que ganó cómodamente Chávez, ni el referéndum de 2007 para realizar reformas constitucionales, que pierde el chavismo.

Ni siquiera en las elecciones de abril de 2013, donde resultó electo Maduro por una ínfima diferencia sobre el candidato opositor Enrique Capriles. Recordemos que en esa ocasión durante unos meses, grupos estudiantiles primero afines a la oposición y después elementos paramilitares realizaron protestas, que en algunos momentos se volvieron violentas, durante ese año y buena parte de 2014, que se recrudecieron tras el asesinato de una Miss Venezuela; la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional, en muchos momentos desataron una fuerte represión, al igual que grupos afines al chavismo.

Pero nunca antes se había realizado grandes concentraciones, en el caso de las organizadas por la MUD, al grado que se reportó que en muchos estados del país se movilizó gente afín a la oposición hacia Caracas, que fue detenida por las fuerzas de seguridad. El gobierno por su parte, no se quedó atrás y organizó, cerca del Palacio de Miraflores otra gran concentración, aunque en menor en número, pero mostrando el músculo con que cuenta.

Previo al 1 de septiembre y en los días siguientes, la oposición ha convocado en la sede del CNE para exigirle que apruebe las firmas que ha presentado, para realizar el referéndum, sin embargo, no ha tenido la fuerza del 1-S. La derecha por su parte, consiguió el 1 por ciento que manda la ley electoral, después que el CNE negara una buena cantidad de firmas, aduciendo falsificación de muchas de estas recientemente en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La oposición niega estos señalamientos y acusa al CNE de poner impedimentos en contubernio con el gobierno, para posponer la fecha del evento hasta el otro año.

Esto es porque si se realizara en 2017 después de la mitad del periodo de Maduro, la legislación determina que es sustituido por el vicepresidente actual, hasta las elecciones presidenciales de 2019. Pero si se realiza en lo que queda del año, se debe convocar a nuevas elecciones presidenciales. Objetivo al que le apuestan la oposición y el imperialismo.

La etapa que viene es la rúbrica de firmas -se necesitaría cuatro millones para esto- después de que el CNE aprobara la primera etapa. Convocó entonces a realizar este evento, los días 26 y el 28 de octubre del año en curso, instalando 5,392 máquinas en 1,356 centros de votación; sin embargo, un requerimiento fue que se necesita que en cada estado se junte un 20 %, de firmas, lo cual personeros de la oposición y de organizaciones de derechos humanos afines a estos, califican de inconstitucional (El Pais 25-09-11).

De igual forma, otros señalamientos han sido que son demasiado escasos los centros de votación, siendo el objetivo lograr que la oposición no consiga tal rúbrica. Esto se suma, los señalamientos de persecución, tortura y detenciones ilegales a miembros de la oposición. Así como el reciente decreto presidencial del 13 de septiembre, donde impone el estado de excepción en todo el territorio, aduciendo una medida necesaria de reacción para lograr el abastecimiento de productos de parte del Estado, declarado constitucional por la sala respectiva del TSJ. Ésta a su vez refrenda otra resolución de este mismo ente, del 2 de septiembre donde se decreta nulos y carentes de toda vigencia jurídica los actos emanados de la Asamblea Nacional, mientras ésta no acate una resolución electoral, que tiene como origen del actual conflicto de poderes.

A este clima se suma el aplazamiento de las próximas elecciones en la principal federación sindical del sector petrolero, donde las listas chavistas van divididas -reflejo de la fragmentación que se avecina-, se veta la participación a listas críticas como la corriente C-cura del Partido Socialismo y Libertad, dejando por otro lado que participen corrientes cercanas a la MUD.

Se agudiza la situación económica

Para tratar de atajar el problema del desabastecimiento, el gobierno crea los Comités de Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPs), entidades conformadas presumiblemente por comités locales de pobladores, muchos de ellos cercanos al oficialista PSUV. Su misión sería fomentar planes de producción local y abastecer la red de mercados estatales y los comercios privados minoristas, así como combatir los especuladores y la reventa de productos estatales a precios mayores denominado bachaqueo. Sin embargo, no han logrado su cometido y ante eso el gobierno los militarizó, dirigidos directamente por el ministro de defensa Vladimir Padrino, priorizando la entrega de una bolsa de varios productos básicos, en un ambiente de denuncia porque no llega a todas las comunidades, así como de individuos cercanos funcionarios estatales, que reciben más que otros.

Esta situación ya ha generado protestas violentas y saqueos, que más que planes desestabilizadores -lo cual no está descartado- demuestra el hastío de la situación de la población. Por primera vez desde el triunfo de Chávez en 1999, muchas de las protestas, el mismo voto en diciembre por la MUD, así como el apoyo al referéndum revocatorio, sobre sale del universo de las capas medias hacia las clases trabajadoras.

Esto dentro de un contexto económico desastroso, con las reservas más bajas de la historia, cumpliendo fielmente el pago de la deuda; la importación de productos vitales casi inexistente, pese a la existencia de mecanismos de traspaso de divisas a los empresarios, los cuales se han enriquecido, con un sistema de cambio fragmentado que afecta a la clase trabajadora. Los constantes aumentos salariales son licuados por la inflación llegando está al 700 %, el gobierno y las cámaras empresariales a su vez, aprueban nuevos incrementos a los productos.

Además, recientemente, se aprobó un mega plan de explotación minera de la cuenca del Orinoco, abriendo a las empresas extranjeras las riquezas naturales venezolanas y los resultados desastrosos para las cadenas bióticas, que esto acarrea. A diferencia de otros emprendimientos como los petroleros, donde existen empresas mixtas, aquí se crea una rectoría bajo el ejército que dará concesiones a tales empresas, recibiendo regalías sin ningún control público.