Por Nicolas Lebrun

El Estado Español ha desatado una intervención sin precedente en los últimos días para detener el referendo independentista lanzado por el Govern catalán de Puigdemont. La Guardia Civil, pilar de la dictadura franquista se ha volcado a intervenir locales, arrestar concejales y autoridades políticas disidentes, todo esto con base en los fallos de la Corte Constitucional y con la bendición de la casa real de los Borbones.

En unos pocos días, la autonomía catalana ha sido remplazada por un estado policial, mostrando los verdaderos alcances de los acuerdos negociados en 1978 durante la transición entre la dictadura y el actual modelo político. Guardando las distancias que corresponden, la situación de Cataluña se asemeja con la de la autonomía palestina, que en cualquier momento puede ser barrida por la intervención de las fuerzas armadas sionistas.

Esta situación emerge en medio de un panorama político en el estado español, marcado por una grave crisis política, enormes casos de corrupción que involucran la cúpula del PP y que salpica hasta la monarquía.

Los socialistas revolucionarios no podemos quedar neutrales ante estos hechos y debemos fijar una posición que vaya en el sentido de profundizar la movilización en primer lugar pero que logre diferenciarse del marco en el cual, la burguesía catalana pretende llevar el proceso.  

El acuerdo del 78 y la continuidad del modelo franquista

Luego de la muerte del dictador fascista Francisco Franco, los partidos políticos mayoritarios se encargaron de poner en práctica un acuerdo reformista con el fin de impedir el desbordamiento revolucionario del régimen burgués.

Durante décadas, la dictadura se encargó de ahogar por todos los medios las manifestaciones de la nación catalana así como de las otras naciones, por ejemplo la del pueblo vasco. Siendo Barcelona uno de los núcleos obreros y revolucionarios que dieron origen al lanzamiento de la república, la represión posterior por parte de la dictadura fue particularmente feroz. 

En ese sentido, los socialdemócratas del PSOE encabezados por Felipe González junto con la Unión Cristiana Demócrata de Adolfo Suarez y el PCE de Alfonso Carrillo pactaron para mantener a una monarquía espuria, protegida y enriquecida bajo el ala de la dictadura. Por otro lado, la constitución que englobó los acuerdos políticos permitió ciertos derechos democráticos a las autonomías que fueron creadas a diferentes ritmos y niveles. Sin embargo, como árbitro para dirimir los conflictos, se puso en pie un tribunal constitucional con un fuerte carácter político. Sus miembros son elegidos por El congreso y el Senado, a partes iguales (cuatro cada una), luego el gobierno tiene la potestad de nombrar otros dos y por último el Consejo del Poder judicial nombra los últimos dos miembros. Este cordón de seguridad fue hecho para evitar cualquier desbordamiento y sofocar los derechos de las diferentes nacionalidades representadas en el Estado Español.

En la actualidad, su presidente, José González Rivas, es reconocido por su conservadurismo reaccionario, cercano al PP. Sus múltiples fallos e intervenciones lo ponen cerca de los sectores más cercanos a la iglesia católica, bastión del régimen franquista, sobre todo en materia de familia y de los derechos de la población LGTBQI.

El constitucional y el gobierno del PP ponen fin a la autonomía

Con el fallo que desconoce el voto del Parlament para llevar a cabo el referendo, el gobierno de Mariano Rajoy envía a la guardia civil a proceder al arresto de los concejales que ponen en marcha el referendo. Por otro lado, este mismo cuerpo policial, se encarga de secuestrar toda la documentación necesaria para las votaciones. Pero la detención de congresistas del Parlament es uno de los hechos más graves ejecutados hasta el momento por Rajoy y sus secuaces. Una violación como está a la integridad de los congresistas de un poder local, ha sido algo que no se ha visto en Europa desde hace tiempo. Los congresistas escoceses ya han reaccionado y enviado una carta al gobierno para protestar por el hecho.

El gobierno busca escarmentar a los partidarios del referendo y evitar a toda costa que este se realice, amparados en la constitución antidemocrática del 78. Pero también el gobierno quiere evitar que la ola se expanda a otras autonomías como la del País Vasco.

El mensaje hace explotar las ilusiones reformistas, en las cuales, los problemas de las nacionalidades oprimidas podrían encontrar la resolución de su conflicto dentro del marco democrático burgués.

La entrada en juego de las grandes movilizaciones de las masas catalanas para impedir que la guardia civil continuara actuando impunemente ha hecho que la correlación de fuerzas se incline de nuevo ligeramente al campo independentista.

Los timoratos de Podemos

En sus alocuciones, el secretario general de Podemos no ha hecho otra cosa que llamar a un “dialogo” entre el gobierno central y el govern para buscar una solución “negociada”.

En medio de las discusiones en la ciudad de Zaragoza, que dio lugar a una declaración para buscar la “conciliación entre las partes”, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias lanza un lacónico llamado al Pedro Sánchez su homologo dentro del PSOE

“Necesitamos que el Partido Socialista encuentre su propio camino lejos del carril reaccionario y autoritario del PP. Compañero Sánchez, no caigas en la trampa de un frente con el PP, que es la ruta de la destrucción de la democracia y de España como proyecto colectivo” Como una anécdota, esa conferencia de partidos fue rodeada por ultras fascistas que agredieron a una de las participantes, prueba que la democracia que tanto dice defender Iglesias muestra sus brazos armados ya sea con la Guardia Civil o con la salida a escena de la falange. 

En otras palabras, Iglesias considera que el modelo heredado del pacto con el franquismo, es el modelo democrático a defender. No es lo mismo que salir a defender las libertades democráticas que están siendo pisoteadas por el gobierno.

Por otro lado, el modelo de « España » como proyecto colectivo, es muy ambiguo y pone de hecho el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Estos llamados, en definitiva, no condenan al gobierno, sino que trata de distribuir la responsabilidad en partes iguales a ambos bandos.

La Comisión Europea cierra filas con Rajoy

La portavoz del presidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, en declaraciones dadas el 17 de setiembre advierte a Cataluña que « una nueva región independiente, del hecho mismo de su independencia, se convertiría en un país tercero con respecto a la UE y podría postular su candidatura para ser miembro de la Unión ». Es decir, que de manera directa, la UE le sigue el juego Rajoy y el PP.

Por el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán

Los marxistas revolucionarios no ponemos condiciones para que este u otro derecho se dé. Cerca de tres cuartas partes de la población catalana ha expresado la intención para que este asunto sea saldado por un referendo.

Si bien este mecanismo democrático burgués debe ser defendido ahora en contra del intento de avasallamiento por parte del estado español, creemos que la única manera de lograr la independencia y la verdadera autonomía es por medio de la movilización. Creer que dentro del marco de la monarquía constitucional cualquier intento por avanzar en ese sentido es falaz y reaccionario.

En este mismo marco de la declaración de Zaragoza, los independentistas burgueses del PNV a través de la declaraciones de Mikel Legarda, a pesar del mensaje de apoyo a la causa catalana, se acerca a las formulaciones reformistas de Iglesias al declarar que « Catalunya necesita y merece soluciones políticas y dialogo, no redadas policiales, las leyes no pueden ser muros que encarcelen el sentimiento mayoritario de un pueblo sino un puente que posibilite su expresión » Pero resulta que la constitución del 78 es una cadena y un lastre para las aspiraciones de los pueblos a su autodeterminación.

El PSOCA, que busca la reunificación socialista de la patria centroamericana, se pone al lado del pueblo catalán. Este proceso de movilización debe dar paso a la construcción de un partido de la clase obrera que logre tomar la bandera en contra de la opresión del estado español y de la monarquía.

La lucha por la construcción de la tercera república es una tarea democrática fundamental para el conjunto de la masas del país.

Ya los gobiernos del PP y del PSOE han demostrado que la única vía que ofrecen es la austeridad de la troika y el garrote de la guardia civil, todo mientras entre corruptela y corruptela, la casa real y las cúpulas se reparten los millones o esconden sus millones en los paraísos fiscales.