Por Leonardo Ixim

La marcha de comunidades autóctonas que habitan el área protegida y territorio indígena,  Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)  (a través del cual el gobierno de Evo Morales pretende construir un tramo de una carretera)  pone en evidencia  la necesidad de revolucionar el actual proceso revolucionario, los límites de clase del nacionalismo burgués y el amarre de éste con la burguesía paulista.

Ubicado entre los departamentos de Beni y Cochabamba, el parque es un bosque serrano lluvioso de poca altura en las  proximidades de los Andes por un lado  y por el otro, sobre grandes llanuras  de excesiva pluviosidad, (es decir es una región de enlace entre serranías y llanuras, con mucha fragilidad ecológica), con  una extensión de 1.091.656 hectáreas reducido por la colonización de campesinos cocaleros,  Tiene doble categoría esta área protegida, como parque nacional y como territorio indígena comunitario, ahí habitan los grupos moxeños, yurakarés y chimanes.

Hegemonismo Brasileño

Brasil se ha vuelto un actor de relevancia mundial y, si a nivel Latinoamericano era una potencia regional bajo la égida estadounidense, últimamente se está consolidando a nivel mundial como potencia emergente, aunque con más independencia del imperialismo pero sin romper con él. Esta consolidación en el campo de la economía se debe a los procesos de industrialización que vive ese país, que han beneficiado a la ya consolidada burguesía de Sao Paulo. La industria brasileña entonces necesita materia prima, gas y petróleo,  Bolivia posee eso.

Una  de las exigencias de la agenda de octubre que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) retomó parcialmente,  fue la nacionalización e industrialización del gas boliviano; pero a seis años de haber asumido la presidencia, se ha incumplido. Pese a que hubo una nacionalización parcial de la exploración y explotación de gas, creando asociaciones de capital mixto entre la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), aduciendo la necesidad de inversión de capital (la estatal brasileña Petrobrás es socia con YPFB en muchos yacimientos de gas), la otra demanda de la industrialización no se ha cumplido, y las ganancias siguen siendo extraídas con poco beneficio para Bolivia.

Petrobrás prometió invertir en plantas industrializadoras. Pero ahora que se ha desenmascarado las verdaderas intenciones de la burguesía paulista, dicen que Bolivia no tiene la suficiente producción por yacimiento para generar tal proceso y por medio del gasoducto que une ambos países, se prefiere proporcionar gas a distintos proyectos industriales de producción de fertilizantes en el estado de Mináis Gerais, entre otras industrias.

La burguesía paulista por su parte tiene la necesidad de sacar la producción de sus mercancías hacia los codiciados mercados asiáticos, pero para eso necesita acelerar el proceso de interconexión  conocido como Iniciativa Para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IRSA) y es ahí donde entra el tramo que cruzara  el TIPNIS ubicado en una de las biosferas más importantes del planeta, amenazando con la reducción del bosque virgen y la destrucción de varios ecosistemas.

Esta carretera conectará la ciudad de San Ignacio de los Moxos en Beni,  con la población de Villa Tunari en Cochabamba. En Beni enlazará una gran cantidad de proyectos carreteros, hidroeléctricas e hidrovías que por su cercanía a la frontera con Brasil lo ligan a proyectos del IRSA en ese país y a la construcción del complejo hidroeléctrico binacional sobre el río Madeira,  existiendo oposición de los pobladores de ambos lados.

Mientras que en Cochabamba se enlaza con las principales vías que atraviesan de este-oeste el país.  IRSA no busca una integración de los pueblos, porque está orientada por la lógica capitalista, buscando únicamente la conexión de regiones específicas con los mercados globales independientes de la totalidad de los territorios, además de vincularlo a una lógica de acumulación que beneficia a los centros mundiales tradicionales o emergentes como China, y nivel regional sólo beneficia a las clases capitalistas locales específicamente la brasileña.

Los proyectos están financiados por varias instituciones financieras internacionales entre ellas el estatal Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), brazo financiero de la burguesía brasileña. El proyecto en cuestión está financiado por éste, pero debido a la resistencia indígena, fue suspendido temporalmente. La política del BNDES implica que desde la presentación del proyecto, consultorías, construcción y remodelamiento, todas las obras sean ejecutadas por empresas con capital brasileño. Y sobre este contrato en específico a cargo de la empresa OAS, existen informes de la Contraloría General del Estado de sobreprecio en la oferta y por lo tanto denuncias penales. Pese a esto, el Estado, contrayendo la deuda, aprobó el préstamo y los requerimientos.

La lucha por TIPNIS

En los últimos años en toda Nuestra América los pueblos originarios y la clase campesina han iniciado importantes procesos de defensa de los territorios ante la apropiación de las empresas transnacionales, tal es el caso de las comunidades indígenas del TIPNIS.

Este espacio ecológico es un lugar para la reproducción de la vida comunitaria indígena, que ahora ve amenazadas sus formas de vida con la construcción del tramo vial. A esto se agrega,  como en muchos lugares ricos en biodiversidad la existencia de reservas petroleras. De hecho el gobierno de Morales ha declarado con potencial para la exploración y explotación de ese mineral un 27.5 % (358 mil hectáreas) del territorio, beneficiando a Petrobras, la francesa Total y a  Petroandina (conformada por YPFB y la estatal venezolana PDVSA), junto a concesiones forestales a empresas privadas de 25 mil hectáreas.

Además existe el irresuelto problema del latifundio, a lo cual el gobierno no ha dado solución sino sólo medidas paliativas, que obligan a muchas familias campesinas cocaleras a ocupar tierra de este parque, deforestando y destruyendo ecosistemas. Por su parte el gobierno como medida fácil prefiere otorgarles terrenos ahí, que realizar una verdadera expropiación a los grandes latifundios, sobre todo en propiedad de la golpista burguesía agraria.

Ante esta situación las comunidades indígenas emprendieron una marcha hacia la sede del gobierno en La Paz con el apoyo de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDB), sin embargo fueron violentamente reprimidos por la policía hace más de una semana, sin embargo la misma población que ha sido solidaria en apoyar a las necesidades de los marchistas, realizó cortes de carreteras por donde pasaban los marchistas y lograron detener la represión.

La prensa y partidos de derecha aprovecharon para desprestigiar aún más al gobierno, sacando una serie de campañas mediáticas justificando un posible derrocamiento a Morales. Ante eso las comunidades en marcha negaron cualquier vinculación con estas campañas, pero manifestaron que es el mismo gobierno con sus medidas antipopulares quien da pie a eso.

Por su parte la Central Obrera Boliviana (COB) realizó un paro y bloqueos por 48 horas, en repudio a la represión, que el gobierno considero parcial; a estas movilizaciones se unieron estudiantes y juntas vecinales de las principales ciudades. Tales acciones obligaron a que renunciaran varios funcionarios, como la ministra de defensa, la directora de migración, el ministro de gobierno y el vice ministro de orden interno; estos dos últimos señalados de ser responsables de la represión. Posteriormente el gobierno pidió perdón y suspendió la construcción del tramo vial; de igual forma se justificó diciendo que la orden de reprimir no vino de las altas esferas de ejecutivo. Se conformará una comisión independiente con presencia de la OEA, Unasur e instancias de Naciones Unidas de derechos humanos.

La marcha sigue hacia La Paz, mientras organizaciones críticas al gobierno como la COB y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas, planean llamar a concentraciones en apoyo a los marchistas. Por su parte organizaciones sociales afines al MAS como la Conferencia Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), con una base de cocaleros, anuncian acciones en defensa del gobierno. Existen señalamientos de parte de muchos sectores de la sociedad civil de que el gobierno sólo privilegia a estos productores rurales en su mayoría aymarás y no a otros sectores, saliendo a relucir diferencias entre las nacionalidades indígenas. Recordemos que Morales fue líder cocalero; pero atrás de todo,  lo real es la falta de voluntad de expropiar a la burguesía agraria.

Por un nuevo instrumento del pueblo

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), denuncia la cruel represión, en la que por acción u omisión existe responsabilidad del gobierno. Se suma a la peticiones indígenas de suspender totalmente el proyecto carretero por medio de una ley tal como lo exigen las comunidades del TIPNIS y que cualquier consulta sobre la continuidad del proyecto vial u otros relacionados con exploración y explotación petroleros, esté bajo lo estipulado por la Constitución Política del Estado Plurinacional y no por otro instrumento como pretende el gobierno.

Es también importante nuevamente reconstruir un instrumento político que defienda los intereses de todas las clases populares, pues el gobierno del MAS, por su limitación burguesa nacionalista y por continuar bajo el modelo desarrollista, no lo puede hacer. Pero es también necesario que las organizaciones sociales no caigan en la trampas de la derecha y el imperialismo que buscan sacar raja de la situación, y no repetir el guión  de intervención que le aplicaron al pueblo libio en su lucha contra el tirano de ese país y que pretenden aplicar en Siria.