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Para terminar con el “pacto” FSLN-PLC:
¡¡Que el pueblo elija directa y democráticamente a los funcionarios públicos!!
Durante el mes de Junio se produjo una agudización de la lucha política en Nicaragua, en el marco de una campaña electoral municipal, dentro de la cual se restringen cada vez más las libertades políticas y la participación popular. Primero fue la ofensiva de la organización indígena YATAMA y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para posponer las elecciones en tres municipios claves de la Región Autónoma del Atlántico Norte (Bilwi, Waspam y Prinzapolka), propuesta que terminó siendo apoyada el pasado 11 de Junio por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que encabeza el ex presidente Arnoldo Alemán.
Con 63 votos de sandinistas y liberales, y con la oposición de los diputados del Movimiento Vamos con Eduardo (MVE) y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), la Asamblea Nacional votó una reforma a la Ley Electoral que trasladó la fecha de votación en esos tres municipios de la RAAN para el 18 de Enero del 2009. Con esta votación, la mayoría parlamentaria de sandinistas y liberales legalizó la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) y reafirmó, una vez más, la profunda alianza estratégica entre el FSLN y el PLC, que en Nicaragua es conocida popularmente como el “pacto” Ortega-Alemán.
El resultado de esta reafirmación del “pacto” iniciado en el año 2000, fue la reciente cancelación de la personalidad jurídica del MRS y del Partido Conservador de Nicaragua, quienes inscribieron sus propios candidatos municipales. De esta manera, tanto el sandinismo como el liberalismo, quieren evitar que sus competidores más cercanos aprovechen el descontento popular causado por la crisis económica, la inflación galopante, el alza de los precios del petróleo y los alimentos. Las nuevas “paralelas históricas” están cerrando los espacios políticos, aplicando la antidemocrática Ley Electoral vigente, fortaleciendo un régimen político excluyente, basado en el bipartidismo.
Pero esto es solo la punta del iceberg. La base material del “pacto” es la repartición de los cargos públicos a nivel de un 50% para el FSLN y otro 50% para el PLC. Al igual que la época del somocismo, este moderno “pacto” quedó institucionalizado en el texto de la Constitución al establecer que se requiere el 60% de los votos para elegir a los magistrados del poder judicial, del poder electoral y de los órganos de gobierno creados por la Constitución.
Mientras esté vigente esta forma de elegir a los funcionarios públicos, siempre habrá pacto y repartición de cargos, porque así quedó establecido en la Constitución. Este círculo vicioso puede y debe romperse únicamente con la convocatoria de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que defina nuevos mecanismos de elección de los funcionarios del gobierno. El problema es que para convocar a la Constituyente también se requiere del 60% de los votos de los diputados. En pocas palabras, el control del país y de las instituciones está en manos de esa mayoría parlamentaria del 60% de diputados sandinistas y liberales. Solo ellos pueden obtener esa mayoría.
En esas condiciones, la convocatoria a esta Constituyente deberá ser forzada por la movilización popular, no hay otro camino. Los funcionarios deben ser elegidos no por oscuras negociaciones entre los diputados, sino por votación popular, directa, democrática. Los magistrados, jueces y demás funcionarios públicos no deben ser nombrados por el Presidente de la República, sino que deben ser electos directamente y democráticamente por el pueblo. Y de la misma forma que deben ser elegidos, también pueden ser revocados o sustituidos. Este es el camino de la verdadera y genuina democracia. Solo de esta manera el pueblo tendrá el control sobre los gobernantes y podrá obligarlos a solucionar los problemas que aquejan a las masas populares.