Desangramiento cuya causa fue el terrorismo de Estado donde los ejércitos, con el apoyo, financiamiento y entrenamiento de Estados Unidos, pero también de Israel, Argentina, Francia, Corea de Sur y Taiwán, reprimieron amplias capas de la población que se alzaron e impugnaron la dominación burguesa expresada en dictaduras militares.

Estados Unidos comprendió que la única forma de derrotar a las guerrillas y desmovilizar a importantes sectores populares, era iniciar procesos de apertura democrática -no sin antes dejar una estela de crímenes, tales como masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas- y lograr acuerdos de paz con los grupos insurgentes, pasando así a una desmilitarización de las sociedades, aunque con matices según cada país del área. Consideramos que la lucha guerrillera llegó a un callejón sin salida que fue aprovechado por direcciones reformistas, que al final se comprometieron con los nuevos pactos constitucionales o como en el caso de Nicaragua, pasaron a una democracia liberal manteniendo cuotas de poder en el Estado.

Se dio paso a sistemas plurales de partidos, con supuestas divisiones de poderes, elecciones poco fraudulentas y se planteó la necesidad de generar procesos de justicia transicional en favor de las víctimas y sobrevivientes de los crímenes de Estado. Sin embargo las instancias encargadas de impartir justicia nunca fueron del todo depuradas, convirtiéndose hasta la fecha en una arena de intereses para las mafias cercanas a diversos factores de poder burgués.

Habido pocos avances en la resolución de crímenes violatorios a los derechos humanos, alguna que otra medida restitutiva a familiares de víctimas y pocos procesos de verdad, pues los ejércitos siguen negando este derecho al no abrir los archivos; EU en una estrategia camaleónica, exige, sobre todo en Guatemala, que se avance en resolver estos crímenes desclasificando algunos documentos como el famoso Dossier Militar, como parte de su estrategia de contención democrática mostrándose a favor de los derechos humanos, cuando fue su gobierno quien financió e instruyó a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad.

Recientemente se condenó en Guatemala a Pedro García Arredondo, uno de los delincuentes implicados en la masacre de la Embajada de España en 1980, el otro es el prófugo Donaldo Álvarez, ambos funcionarios de seguridad de la dictadura de Lucas García; por otro otra parte, el juicio por genocidio a Efraín Ríos Montt sigue estancado; nuevamente la defensa del ex general, ha tratado de entorpecer el juicio con una serie de medida leguleyas y existe el temor de que el Congreso dominado por partidos derecha otorgue amnistía al anciano ex militar.

En Honduras los sobrevivientes y familiares de las víctimas de los batallones de inteligencia de la década de los 80s siguen esperando por la justicia, al igual que en El Salvador los familiares de las masacres como el Mozote se encuentran en esa penumbra. Por otra parte, pese a existir una causa abierta en la Audiencia Nacional española por el crimen de los jesuitas asesinados por ejército salvadoreño en 1989, las fuerzas armadas y el gobierno se niegan a colaborar abriendo los archivos militares sobre ese y otros casos, además de que existe una presión de la sociedad civil por derogar la Ley de Amnistía, algo a lo que los partidos del régimen se hacen los sordos.

Los avances en justicia transicional han sido pocos, los organismos de justicia y sus operadores siguen favoreciendo a los grupos con poder, las sociedades siguen desconociendo el papel de los Estados en tales crímenes, por tanto es vital la organización popular en función de desenmascarar a militares, políticos y empresarios en los crímenes contra el proletariado centroamericano.