Estados Unidos impulsa una activa política de reformas en todos los Estados del Triángulo Norte, manipulando los anhelos de lucha contra la corrupción, muy arraigados en la clase media. Esta política consiste en reformar los sistemas judiciales y los aparatos policiales. El libreto es el mismo en Guatemala y Honduras. La aplicación del PAP en El Salvador es, por el momento, un poco diferente, por el altísimo grado de violencia y el escandaloso grado de desarrollo que han adquirido las maras y pandillas. En cierta medida, El Salvador es algo excepcional, y la política del imperialismo se aplica con cautela y de manera gradual, procurando crear una gran alianza en torno al objetivo central.

Toda la lucha política entre las diferentes fracciones de la burguesía, en los países del Triángulo Norte, gira en torno a la agenda que Estados Unidos ha impuesto. Algunos grupos, ligados al poder, consideran injerencista los dictados de los embajadores norteamericanos, sobre todo porque tiende a cortar sus negocios y el enriquecimiento en las sombras. En Guatemala se oyen las quejas contra el embajador norteamericano. Otros grupos, que aspiran a enriquecerse y ocupar el lugar de quienes están siendo desalojados, ven una magnífica oportunidad de acumular capital, cumpliendo ciertas formalidades.

En Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) procura aparecer como el gran aliado de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción, para ganarse los favores que le permitan postularse a la reelección.

El gobierno de Estados Unidos sabe que sus aliados de la época de lucha contras las guerrillas, son quienes ahora conforman y organizan las redes mafiosas ligados al narcotráfico y al crimen organizado.

Los actuales niveles de violencia y corrupción en los países del Triángulo Norte no se pueden explicar sino se toma en cuenta el involucramiento y complicidad de los aparatos policiales, militares y de seguridad, en los negocios oscuros del narcotráfico y el crimen organizado. Y aquí es donde comienzan los problemas en la aplicación del PAP.

El reciente destape sobre el involucramiento de altos jerarcas de la Policía Nacional de Honduras, quienes fraguaron el asesinato de sus propios compañeros que luchaban, como aliados de la DEA contra el narcotráfico, demuestran que estos grupos son quienes manejan el poder tras bastidores. Un sector de la oficialidad se enriquece con las extorsiones, asaltos y negocios del narcotráfico. Son ellos quienes alimentan la violencia, porque se enriquecen en el rio revuelto.

Lo realidad que todos conocemos y vivimos a diario ha sido destapada en Estados Unidos por el prestigioso diario New York Times. Estados Unidos trata de salvar la policía Nacional de Honduras, amenazando con castigar a unos cuantos corruptos, que por cierto gozan de libertad y hasta dan declaraciones a los diarios. La información detallada sobre la corrupción en la Policía Nacional de Honduras fue dada a conocer por la embajada norteamericana, no por la propia Policía o el Ejercito. El escandalo se conoció primero en Estados Unidos y hasta después los diarios de Honduras comenzaron a destapar la olla podrida.

La realidad nos muestra que los aliados de Estados Unidos son quienes organizan la violencia, y que la situación no cambiará hasta que cortemos de raíz el problema. Lo más sano y democrático es luchar por la disolución de la Policía Nacional en Honduras, y la conformación de Autodefensas de ciudadanos en los barrios y comunidades. Solo así podemos evitar que los llamados “guardianes del orden”, se conviertan delincuencia organizada.