No se requiere ser adivino para saber lo que pasará después de la "Conferencia para la prosperidad y la seguridad en Centroamérica". Esta conferencia pretende ser la continuidad del Plan de Alianza para la Prosperidad (PAP) que fue diseñado en 2014 por la administración de Barack Obama. En realidad, no es una simple continuidad, ya que se producirán algunos cambios importantes, como lo han señalado los funcionarios de la administración de Donald Trump.

En un comunicado de prensa, el vicepresidente Pence señaló cuales serían los objetivos de esta Conferencia de Miami: “"Estamos reafirmando el compromiso del presidente (Donald) Trump a los países del Triángulo del Norte para mejorar su seguridad, su gobernanza y su prosperidad económica y para pedir a nuestros socios, gobiernos, empresas y organizaciones de desarrollo, que redoblen sus esfuerzos para lograr este objetivo común".

Uno de estos cambios es que la administración Trump destinará menos fondos que los contemplados por la administración de Obama, y por lo tanto la conferencia de Miami pretende reunir fondos entre las grandes corporaciones para continuar financiando el PAP reconvertido. Pero no serían donaciones caritativas, sino el compromiso, por parte de los gobiernos centroamericanos, de brindar todo tipo de garantías a los inversionistas, para que aprovechen la mano de obra barata. En vez de pagar salarios de los Estados Unidos, pagar salarios de hambre de Centroamérica.

La administración Trump ha señalado claramente que su principal objetivo es que tanto México como los países del Triángulo Norte de Centroamérica, se conviertan en una gran muralla que impida la migración ilegal hacia Estados Unidos. El tema de la seguridad regional debe entenderse como un tema de seguridad nacional para Estado Unidos, y esto incluye la solución a la masiva inmigración ilegal.

El PAP concebido por Obama contemplaba fondos para obras públicas y la creación de empleos en estos países, con el fin de bloquear las necesidades de emigrar. Este componente social del PAP no se ha cumplido en ninguno de los países del Triángulo Norte. Lo que si se ha cumplido es el envío de fondos para equipar, adiestrar y modernizar las fuerzas policiales y de seguridad de la región centroamericana.

El otro cambio importante, es el énfasis en la necesidad de que sean los propios gobiernos, con sus ejércitos y policías, los encargados de frenar la inmigración ilegal. No solo son centroamericanos los que emigran hacia Estados Unidos. Por su posición geográfica, Centroamérica es un largo corredor utilizado por decenas de miles de inmigrantes de todos los continentes, que viajan rumbo hacia Estados Unidos.

Esta modificación del PAP tiene más sentido si tomamos en cuenta las recientes declaraciones de John Kelly, secretario de seguridad nacional de Estados Unidos, y de los embajadores yanquis en Guatemala, El Salvador y Honduras, quienes afirmaron tajantemente que el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) que expira en enero del 2018, no sería renovado.

Cinco millones de inmigrantes están protegidos temporalmente por el TPS, pero todo indica que la administración Trump se prepara para echarlos. No cabe la menor duda que, en la conferencia de Miami, la administración Trump solicitará que los gobiernos del Triángulo Norte se hagan cargo de los próximos deportados.

El TPS protege a 258,555 salvadoreños, 294,463 guatemaltecos, y 204, 424 hondureños. Alrededor de un millón de migrantes centroamericanos. Indudablemente, que no podrán echar a todos al mismo tiempo. En la conferencia de Miami arreglaran las cuotas y los plazos para terminar con el TPS.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a luchar contra las deportaciones masivas que está realizando la administración Trump, y exigir que los beneficiarios del TPS tengan derecho a optar a la residencia legal.