Por un lado, el gobierno de Nicolás Maduro, el heredero nombrado por Hugo Chávez antes de morir, que se autollama de “izquierda” se niega a cumplir con los postulados democráticos de la Constitución de 1999, resistiéndose a tramitar el procedimiento del referéndum revocatorio, congelando las elecciones estatales a gobernadores, en fin negando sistemáticamente la herencia democrática del chavismo. Este endurecimiento del régimen bonapartista en Venezuela, es la consecuencia directa del colapso del modelo dependiente de los precios internacionales del petróleo.

Por otro lado, tenemos a los partidos de la derecha, agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) quienes, aprovechando la crisis económica, enarbolan un discurso democrático que ha calado en un sector de las masas, al grado tal que controlan la Asamblea Nacional, asestando un golpe mortal al chavismo. Los roles han comenzado a invertirse, antes era el chavismo el que apaleaba electoralmente a la oposición de derecha, pero desde 2015 esa situación ha cambiado.

Parece una situación surrealista. Venezuela, un país que flota en petróleo, vive una crisis económica brutal, que hace descender violentamente los niveles de vida de las masas. El chavismo, que llego al poder por medio de elecciones, se resiste a convocar a elecciones, negándole el derecho democrático al pueblo para decidir su futuro. Y para colmo, una derecha demagógica, ávida de poder, enarbola las banderas de la democracia, para recuperar el gobierno.

En ese contexto, la administración de Donald Trump ha comenzado a tener un discurso más agresivo contra el gobierno de Maduro, amenazando con tomar medidas en su contra. Cuando Trump llegó a la Casa Blanca, sancionó al recién nombrado vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, quien se perfilaba como el sucesor de Maduro, por encima de Diosdado Cabello. Recientemente sancionó a los ocho magistrados del Tribunal Supremo. Las primeras medidas “simbólicas” anunciadas han llegado. El gobierno de Estados Unidos aplicó sanciones contra 13 altos funcionarios chavistas, entre los que destacan el actual ministro del Interior, Néstor Reverol; el exvicepresidente y exministro de Exteriores, Elías Jaua; y el exvicecanciller y exministro de Comercio, Alejandro Fleming; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y el defensor del pueblo, Tarek William Saab.  

El imperialismo norteamericano está intensificando las presiones contra Venezuela. No le mueve al amor a la democracia, sino el frio interés por las reservas de petróleo. Igual que la MUD, la democracia es solo una bandera para ocultar sus verdaderas intenciones. Tenemos, pues, una enorme contradicción entre la justa lucha democrática y el antiimperialismo. Como hemos anotado, quienes se autodefinen como “antiimperialistas” ejercen el poder de manera dictatorial, y quienes se autodefinen como “demócratas”, tanto la MUD como el imperialismo norteamericano, tienen otros intereses, distintos a los del pueblo que lucha desesperadamente en las calles de Venezuela.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) denunciamos las presiones e intenciones del imperialismo norteamericano y los gobiernos derechistas de America Latina, los que quieren pescar en rio revuelto. Condenamos al gobierno de Maduro que reniega de las mejores tradiciones democráticas del chavismo.

La gran tragedia en Venezuela es que la clase trabajadora se encuentra postrada, y no logra todavía levantar la cabeza y postularse como dirección independiente de las masas desesperadas. Confiamos de que, de esta crisis económica y las movilizaciones callejeras, surgirá una nueva dirección revolucionaria que sabrá combinar la lucha democrática con el más consecuente antiimperialismo.