Por un lado están los sectores que se ha enriquecido a través de negocios corruptos con el Estado (cuyos representantes políticos son el presidente Jimmy Morales y los diputados de FCN-Nación y otras bancadas que defienden ese statu quo) y, por el otro, las fuerzas que buscan la renovación y oxigenación del sistema político burgués, encabezadas no por partidos políticos criollos, sino por organismos como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICG), el Ministerio Público (MP), con el respaldo del gobierno de Estados Unidos.

El presidente Jimmy Morales declaró non grato a Iván Velásquez, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICG), provocando una nueva oleada de movilizaciones y protestas de los sectores populares. La votación de la mayoría de los diputados del Congreso de la Republica, en el sentido de negarse a iniciar el ante juicio contra el Presidente Morales, así como una veloz reforma al Código Penal con el objetivo de reformar las normas legales que le serian aplicadas al presidente Morales, encendió los ánimos populares, y nuevamente hemos asistido a enormes concentraciones estudiantiles y populares en la plaza de la Constitución, reclamando la renuncia de Morales y exigiendo continuar la lucha contra la corrupción.

En las movilizaciones populares, por el momento predominan el sentimiento de las capas medias sin partido u organización, impulsadas por los pequeños grupos fundados durante las movilizaciones de 2015, que provocaron la caída del gobierno de Pérez Molina. Estas movilizaciones no han logrado todavía arrastras a la mayoría del pueblo, pero ha sido, lo suficientemente fuerte para ejercer presión social obligando a que los partidos políticos que encarnan la ancestral corrupción den marcha atrás en algunas decisiones y decidan actuar con más prudencia.

A diferencia de la crisis del 2015, esta vez los empresarios del CACIF han actuado con mucha prudencia, llamando al “dialogo”. Se producen tendencias contradictorias. Por un lado, un sector de las masas populares, lideradas todavía por la clase media, presionan para que renuncie el presidente Morales. Por el otro lado, las presiones y denuncias de la CICIG, y las actuaciones del MP, por muy fuertes que parezcan, no están destinadas a derrocar al gobierno de Morales, sino a obligarlo a negociar el paquete de reformas electorales e institucionales que el imperialismo norteamericano quiere aplicar, precisamente para evitar un estallido revolucionario de las masas trabajadoras e indígenas.

A diferencia de las movilizaciones del 2015, desde el reinicio del enfrentamiento inter burgués, existe una mano invisible que conduce a la instalación de un “Dialogo Nacional”. Las cámaras empresariales de la burguesía, centros de pensamiento de derecha, instituciones del Estado como la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Procuraduría de los Derechos Humanos, las Iglesias católica y evangélica, la Universidad de San Carlos (USAC), todas sin excepción, se pronuncian a favor del “dialogo”.

Este 20 de septiembre se produjo un Paro Nacional convocado por los sectores populares, que fue acatado de manera parcial. Aunque no fue masivo, fue un primer gran intento de los sectores populares por tomar las riendas de esta lucha democrática. Después de las masivas marchas del 20 de septiembre, el gobierno mismo, todos han empezado a hablar de diálogo. Los grupos más conservadores lo plantean en términos de garantizar la gobernabilidad del país y la unidad nacional; los más democráticos, influenciados por las protestas populares, sostienen que no puede haber diálogo sin una depuración de los tres poderes del Estado.

A estas alturas cualquier proceso de diálogo tendrá el único propósito de salvar al gobierno de Morales, a cambio de algunas reformas. La izquierda y los sectores populares debemos evitar que los cantos de sirena del dialogo, conduzcan a la desmovilización de los sectores populares. Nuestra principal tarea debe ser que la izquierda y los sindicatos y organizaciones de los trabajadores tomen el liderazgo de la movilización contra el gobierno de Morales.

Por ello, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama al Comité de Desarrollo Campesino, la Asamblea Social y Popular, el Comité de Unidad Campesina, el Movimiento Sindical y Popular Autónomo, los sindicatos independientes de salud y educación, las organizaciones estudiantiles universitarias, los 48 Cantones de Totonicapán,  el Partido Guatemalteco el Trabajo, el Frente Popular, el Proyecto Socialista Unido, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Convergencia, y las organizaciones sindicales, populares y de mujeres que deseen unirse, a formar un Frente Unitario, de combate y movilización, con plan mínimo de acción, que conduzca a una huelga general de 24 horas, por una Asamblea Nacional Constituyente de los Trabajadores y los Pueblos, Plurinacional e Inclusiva, que transforme el país en favor de los oprimidos y explotados.