Las manifestaciones y mítines han disminuido en intensidad, aunque la protesta popular contra el hambre, la miseria y la corrupción, muestra una constante en Guatemala. La crisis política estalló cuando el presidente Jimmy Morales pretendió expulsar a Iván Velásquez, el jefe de la CICIG, el organismo que ha pretendido desmantelar las mafias militares que se han apoderado de las instituciones del Estado en Guatemala.

La actitud de Morales no fue un exabrupto, sino que obedece a una estrategia bien calculada. Debemos analizar los factores internacionales y nacionales que han influido en esta nueva situación creada. Bajo las dos administraciones de Barack Obama se desarrolló una campaña intensiva por restablecer la autoridad del Estado burgués en Guatemala, con el objetivo de desalojar a las mafias ligadas al crimen organizado, utilizando a la CICIG como punta de lanza, y enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción para obtener respaldo popular. Además de la CICIG, el embajador norteamericano en Guatemala, Todd Robinson, desplegó una inusitada actividad injerencista contra las mafias, irritando a los grupos de poder.

El cambio de gobierno en los Estados Unidos, con el ascenso de Donal Trump, envalentonó a estas mafias quienes abandonaron sus escondites para articular una contraofensiva en todos los niveles.

Las poses del presidente Morales estaban destinadas a renegociar la permanencia de la CICIG en Guatemala, a fijar una fecha de salida. Entonces se produjo una intensa lucha en las alturas del poder, para forzar una negociación que pusiera fin a la persecución que la CICIG y el Ministerio Publico han desatado contra políticos, empresarios, militares, etc. Esta crisis en las alturas fue la que provocó nuevamente la irrupción del movimiento de masas, pero a un nivel más bajo que la lucha contra Pérez Molina.

La salida del embajador Robinson y el arribo del nuevo embajador Luis Arreaga, de origen guatemalteco, indicaron claramente que la prioridad de la administración Trump ya no era la lucha contra la corrupción, sino llegar a un acuerdo que no lastimase a las autoridades guatemaltecas, para que estas le ayudasen a frenar la inmigración ilegal y los flujos del narcotráfico. El embajador Arreaga se pronunció por el dialogo. Esta nueva señal bastó para que la reacción se reagrupara y cerrara filas para protegerse.

A nivel de Guatemala se produjo un giro abrupto en la situación política. La Corte Suprema de Justicia, que a principios de septiembre dio curso a la solicitud de antejuicio contra el presidente Morales por delitos electorales, rechazó el 11 de octubre tres nuevas solicitudes de antejuicio, solicitadas por el MP, una entidad privada y un ciudadano; igualmente rechazó la solicitud de antejuicio contra los 107 diputados que aprobaron las reformas al Código Penal que favorecían al presidente y a los culpables de delitos electorales.

El día siguiente el sector más numeroso del empresariado, organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) dieron su respaldo público y explícito al presidente Morales. La burguesía guatemalteca no quiere jugar a la revolución, la crisis política está llevando a un estancamiento en la inversión y los negocios. La CICIG ha presionado mucho contra la defraudación fiscal, y la burguesía chapina es la que menos paga impuestos en América Latina.

El respaldo de los empresarios a Morales, si tomamos en cuenta el cambio de política de la administración Trump, nos indican que la izquierda y las organizaciones obreras, campesinas y populares, estamos solos en la lucha contra la corrupción y por la democratización de Guatemala. Para superar la situación adversa que el imperialismo norteamericano y los empresarios del CACIF nos han impuesto, debemos, en primer lugar, mantener la bandera de lucha por unidad de acción de la izquierda para que, de manera independiente, seamos los que llevemos hasta al final esta lucha democrática contra la corrupción, el hambre y la miseria que prevalecen en Guatemala.

Necesitamos debatir el profundo significado de este reagrupamiento de la reacción. La izquierda debe comprender que esta tarea básica y democrática de lucha contra las mafias, solo la podrán librar de manera consecuentemente las organizaciones obreras, campesinas, populares e indígenas.