La historia pareciera repetirse en Nicaragua, pero con algunas diferencias sustanciales. En el periodo 1978-1979, la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) jugó un papel progresivo al acaudillar la insurrección popular contra la dictadura somocista, conduciendo finalmente a las masas al triunfo revolucionario. En el año 2018, cuatro décadas después, los roles se han invertido y se produce una grandiosa insurrección estudiantil y popular contra el gobierno sandinista, es decir, contra los mismos comandantes guerrilleros ahora convertidos en una nueva burguesía, que para mantener su proceso de acumulación ordinaria y extraordinaria de capitales, han instaurado un régimen bonapartista (que la gente de manera sencilla llama dictatorial) que oprime al conjunto de la población, y que también ha creado roces con otros sectores de la burguesía que se sienten desplazados por la corrupción gubernamental y la “competencia desleal”.

A diferencia de 1978-1979, la actual insurrección estudiantil y popular, apreciable en las marchas multitudinarias, tomas de recintos universitarios, barricadas callejeras y tranques en las carreteras (ahora se han sumado los estudiantes de secundaria), está completamente desarmada. Esta diferencia cualitativa, la ausencia de una conducción revolucionaria con una clara orientación sobre las tareas democráticas a realizar, y el hecho que la rebelión se defiende con palos y piedras contra la salvaje represión gubernamental, constituyen el talón de Aquiles de la rebelión popular en curso.

Los videos muestran a las tropas especiales de la Policía Nacional protegiendo a las fuerzas de choque para-militares del gobierno sandinista, las cuales disparan contra las barricadas y movilizaciones populares. Al mismo tiempo, los grupos a favor del gobierno impulsan saqueos en tiendas, negocios y supermercados, para desprestigiar la lucha de los estudiantes, y atemorizar a la clase media que se ha radicalizado y volcado masivamente a favor de la lucha contra el gobierno Ortega-Murillo.

Para derrotar el proceso insurreccional, el gobierno Ortega-Murillo combina las tácticas: golpea de manera inclemente a las masas en lucha, matando selectivamente a los luchadores para debilitar el empuje revolucionario, y con ello crear condiciones favorables para que el Dialogo Nacional se convierta en una mesa de negociación de algunas reformas cosméticas, con el objetivo maquiavélico de cambiar algunas cosas para al final no cambiar nada, y mantener el statu quo del poder. Cambiar algunas cosas para mantenerse el FSLN en el poder, a cualquier costo.

Los procesos revolucionarios y hasta las guerras civiles terminan en algún proceso de negociación, pero el actual Dialogo Nacional es un mecanismo distinto, donde los empresarios del COSEP y AMCHAM aparecen como mansos corderos preocupados por la democracia, escudándose y utilizando a los estudiantes y demás sectores sociales como mecanismos de presión social para obligar al gobierno Ortega-Murillo a realizar algunas de las reformas solicitadas en el comunicado conjunto COSEP-AMCHAM-ASOBANP del día 3 de mayo del 2018.

Igual que en 1978-1979, el gran dilema sigue siendo si luchamos solo para reformar al régimen bonapartista actual, o luchamos para cambiar radicalmente todas las estructuras de poder, para que sea el pueblo quien decida como reorganizar el Estado y que tipo de gobierno debe instaurarse.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a continuar la lucha por una salida revolucionaria y democrática a la actual crisis, transformando el paro escalonado en Paro Nacional hasta tumbar al gobierno asesino, encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Esta es la principal tarea, no la participación en el Dialogo Nacional

Se requiere un cambio total en todos los poderes del Estado: los funcionarios deben ser electos directamente por el pueblo, con el derecho a revocar el mandato si la mayoría lo decide. Estos son algunos de los cambios sustanciales que Nicaragua necesita, por eso llamamos a luchar por una Asamblea Nacional Constituyente que elija un gobierno provisional, mientras se realizan los cambios que garanticen el respeto a la voluntad popular.