En un desesperado esfuerzo por mantenerse en el poder, el gobierno Ortega-Murillo combina las maniobras políticas y diplomáticas, con una implacable ofensiva militar a partir de las fuerzas de choque creadas por el FSLN.

En el plano político, hace promesas por aquí por allá, dando pequeñas concesiones a todos, un poquito para las exigencias de cada sector, para mostrarse conciliador ante la comunidad internacional. A los cancilleres de la OEA, y a todos los sectores del Dialogo Nacional, los tiene mareados con la propuesta de elecciones anticipadas, pero sin indicar la fecha de realización. Siempre retoma alguna exigencia de la otra parte, con el objetivo de no ceder en el aspecto fundamental relacionado con la exigencia de su renuncia inmediata.

En el terreno, como experimentado guerrillero, Daniel Ortega sabe que debe mantener siempre la presión militar, para poder recoger los frutos en la mesa de negociaciones. Al comienzo de las movilizaciones, el gobierno Ortega-Murillo utilizaba fuerzas de choque, los “motorizados”, quienes, armados de palos y tubos, atacaban a los estudiantes. Cuando las movilizaciones de protesta se volvieron masivas, tuvieron que replegarse, pero han regresado ahora armados de fusiles de guerra.

Los grupos paramilitares o fuerzas de choque del FSLN son verdaderos comandos fascistas: matan, hieren, secuestran y siembran el terror. Tienen la misión de contener la insurrección desarmada, aprovechándose precisamente de esa enorme debilidad: la ausencia de armamento y de una conducción centralizada. Estos comandos fascistas se nutrieron de elementos lumpenes y están jefeados por oficiales retirados del Ejercito y del Ministerio de Gobernación, militantes de la vieja guardia del FSLN, quienes ocultan su identidad con capuchas, y ante cualquier eventualidad son protegidos por las tropas de la Policía Nacional. La meta es imponer el miedo y el terror, por eso atacaron recientemente a los estudiantes de la UNAN, por eso matan luchadores todos los días en lugares diferentes.

Ante el recrudecimiento de la represión y las matanzas diarias, la estrategia de negociación de Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ) está entre la espada y la pared. Abandonaron como primer punto de la agenda la exigencia de la renuncia inmediata del gobierno Ortega-Murillo, para comenzar a discutir temas de democratización, esperando que la dictadura acepte las elecciones anticipadas. En el ínterin, el gobierno Ortega-Murillo está golpeando salvajemente las bases del amplio movimiento social, debilitando la capacidad de negociación de la ACDJ, cuya fuente es la misma insurrección desarmada. Los estrategas de la ACDJ no se percatan que el gobierno Ortega-Murillo los conduce con los ojos vendados hacia el laberinto de las mesas técnicas, debilitando su capacidad de negociación, metiéndolos a un pantano, mientras el gobierno recupera el aliento, derrota al movimiento de masas y convence a la comunidad internacional de la necesidad que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo terminen su periodo presidencial hasta el 2021.

Esta brutal ofensiva se desarrolla ante el silencio cómplice de Estados Unidos y mientras los organismos internacionales de protección de los derechos humanos se instalan en Nicaragua. El gobierno Ortega-Murillo no va a detenerse, porque quiere cambiar la correlación de fuerzas en el terreno: tiene la misión especial de aplastar la insurrección desarmada, para que no se convierta en una insurrección armada.

Creemos que para derrotar la ofensiva militar del gobierno Ortega-Murillo debemos convocar inmediatamente a un Paro Nacional de 72 horas, con la posibilidad de convertirlo en indefinido hasta lograr la meta de la renuncia del matrimonio presidencial.

Es urgente crear Brigadas de Autodefensa en todos los barrios, un sistema de milicias populares, para protegerse del brutal ataque de las fuerzas de choque paramilitares.