Costa Rica: declive económico y brotes de rebelión social
El statu quo que se estableció a raíz de los Acuerdos de Paz (1987-1996), y que permitió al imperialismo norteamericano montar la ofensiva neoliberal durante casi 30 años, se resquebraja aceleradamente. Casi todos los artificiales Estados nacionales en Centroamérica, con la relativa excepción de Panamá y Belice, se desvanecen lentamente, entrando en una etapa de decadencia generalizada, lo que produce constantes rebeliones e insurrecciones de las masas populares.
En el año 2017 se produjo un levantamiento popular contra el fraude electoral en Honduras. En el año 2018, se produjo la insurrección cívica en Nicaragua, que fue aplastada militarmente por la dictadura Ortega-Murillo. En septiembre de ese mismo año, se inició una huelga general indefinida convocada por la Unidad Sindical y Social Nacional (USSN), un organismo de unidad de acción entre centrales obreras y sindicatos de empleados públicos, especialmente de salud y magisterio, contra el proyecto de ley del Combo Fiscal.
A pesar de que la huelga se mantuvo por casi tres meses, el gobierno de Carlos Alvarado logró cansar y dividir a la dirigencia sindical, consiguiendo imponer la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Exp.20580) dentro de una Asamblea Legislativa controlada por los partidos de derecha.
Una sentencia de la Sala IV Constitucional permitió que Alvarado impusiera su plan con solo 34 votos (cuando debían ser 38 votos), un “salacuartazo” contra los trabajadores: el IVA del 13% se generalizó a todos los servicios y a la canasta básica que antes estaba exonerada, se limitó el endeudamiento y gastos del gobierno, etc. Fue una victoria parcial del gobierno de Carlos Alvarado. En abril del 2019 retomó nuevamente la ofensiva, al presentar el proyecto de “Ley de Reforma al Empleo Público”, una contrarreforma laboral profunda en el sistema de salarios y de empleo público en todo el sector laboral público.
La desesperación del gobierno de Carlos Alvarado por poner en orden las deterioradas finanzas públicas, se debe a la profunda crisis que vive Costa Rica. El modelo económico neoliberal impuesto, como en el resto de Centroamérica, prioriza la inversión extranjera, las exenciones fiscales, no combate la defraudación fiscal, etc. El resultado es que las finanzas públicas se debilitan y no sostienen el gasto social que, en el caso de Costa Rica, es el que ha permitido cierto relativo grado de bienestar social. En las últimas décadas, este cada vez más precario bienestar social se ha financiado con deuda pública, una tendencia general en Centroamérica.
El modelo de Estado de bienestar instaurado después de la revolución de 1948 está agonizando. La máxima expresión de este declive se manifiesta el gravísimo déficit fiscal y el constante endeudamiento. Costa Rica ha dejado de ser la excepción en Centroamérica, para caer cuesta abajo y de rodadas en el barranco de la crisis capitalista. Incluso, su sistema político y libertades democráticas están en peligro por la creciente delincuencia y violencia social, algo que aterroriza a los costarricenses.
Recientemente, el Encuentro Social Multisectorial (ESM) conformado por Asociaciones Nacional de Empleados Públicos (ANEP), la Unión de Transportistas de Cargas de Costa Rica, la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE), el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (SINTRAJAP), la Cámara Nacional de la Industria Palangrera (CNIP), el Sindicato de los Empleado del Consejo Nacional de Producción (SINCONAPRO), las centrales sindicales Rerum Novarum y Juanito Mora, entre otros, con base a un plan de lucha de 18 puntos, iniciaron una lucha nacional a finales de junio, que incluyó bloqueos de carreteras, contra las políticas económicas del gobierno de Carlos Alvarado.
Los bloqueos de carretera paralizaron parcialmente las actividades económicas, causando un profundo impacto entre la población, no solo por la conjunción de sectores sociales que participaron, sino por los métodos de lucha empleados, como fueron los bloqueos de carreteras y los enfrentamientos con la Policía.
El gobierno de Carlos Alvarado logró un respiro al firmar un acuerdo el 1 de julio, trasladando la petición de 18 puntos a mesas de negociación fraccionadas, donde los sectores sociales involucrados pierden la fuerza que da la unidad de acción. Ninguna negociación puede darse por separado y en los oscuros pasillos de casa presidencial, cualquier negociación debe ser publica y que no ponga en peligro el objetivo de la lucha. Negociar sin presión social en las calles, conduce a una derrota segura.
Carlos Alvarado logró disolver la primera gran rebelión social bajo su gobierno, pero algo está cada vez más claro: el declive económico de Costa Rica hará surgir y resurgir nuevas y más poderosas rebeliones sociales, como las que ocurren actualmente en el resto de Centroamérica.