Ya hemos analizado la crisis que devora los cimientos de El salvador. Ahora nos corresponde analizar el caso de Costa Rica, país que cobra mayor relevancia porque en las últimas décadas ha sido el botón de muestra de una democracia estable en la región. El Estado de Bienestar de Costa Rica fue creado después de la revolución de 1948. Sin embargo, comenzó a ser revertido lentamente a finales de los años 70, y la ofensiva liberal de las décadas posteriores han desmantelado sistemáticamente muchas de las conquistas democráticas y los beneficios sociales de las masas costarricenses, pero otros siguen en pie. Estos son los que corren inminente peligro en el futuro inmediato.

Como en el resto de Centroamérica, en Costa Rica la pandemia ha sido utilizada para aplicar planes de ajustes en las empresas y en las instituciones del Estado, reduciendo los niveles de empleo y los salarios, sin la posibilidad que los sindicatos puedan organizar luchas defensivas. La plaga neoliberal ha tenido condiciones propicias para destrozar las conquistas, sin que haya resistencia alguna.

La crónica crisis fiscal y las propuestas de soluciones neoliberales han sido motivo de constantes forcejeos entre la Asamblea Legislativa y los sindicatos del sector público. Cada año, especialmente bajo los gobiernos de Luis Guillermo Solís (2014-2018) y (2018-2020) se han ido aplicando gradualmente planes fiscales que, reducen conquistas laborales, pero no logran revertir el enorme déficit.

Con la pandemia, el gobierno de Carlos Alvarado ha impulsado una reducción del salario de los empleados públicos en un 15%. La crisis económica y fiscal ha obligado a Alvarado a recortar el presupuesto en 307,000 millones de colones, el equivalente a un 1% del PIB. Es el recorte presupuestario más grande de la historia reciente de Costa Rica, lo que augura una oleada de luchas y protestas sociales. Este brutal recorte presupuestario es una exigencia del FMI para otorgar nuevos préstamos por $508 millones y por $2.250 millones, que no son suficientes para reactivar la economía.

La agudización de la crisis económica ha provocado la ira de las cámaras empresariales, las cuales critican la política sanitaria del gobierno de Alvarado, que mantiene parcialmente cerradas ciertas áreas de la economía supuestamente para evitar más contagios. El problema es que la pandemia continúa extendiéndose por toda Costa Rica a pesar del cierre parcial de la economía

Los empresarios agrupados en la Unión de Cámaras Costarricense y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), se han pronunciado por la reapertura de la economía y se oponen a la propuesta de imponer más impuestos a los grandes capitales, como una forma de paliar la crisis fiscal.

La reciente renuncia o remoción del ex ministro Rodrigo Chaves tiene su origen en diferencias sobre el manejo de la crisis. Chaves mira inevitable un duro ajuste económico y fiscal para evitar llegar, según sus palabras, a situaciones como Argentina o Venezuela

Rodrigo Chaves reconoció que la deuda pública de Costa Rica ronda los $42.000 millones de dólares y que, según sus declaraciones, para mejorar la situación fiscal se requiera una combinación de más impuestos, la venta de activos del Estado (como FANAL o el ICE) y el recorte simultaneo de gastos.

Un coctel mortal que el gobierno de Carlos Alvarado por el momento se resiste a aplicar integralmente, quedando a merced de las presiones del FMI, UCCAEP y la propia crisis que amenaza con devorarlo.

Hace falta un factor que puede ser decisivo: que los sindicatos retomen las banderas de la lucha y la movilización social, ante la inminente liquidación de las conquistas del Estado de Bienestar que todavía sobreviven, aunque tambaleantes.