Eliminar los impuestos a los combustibles y nacionalizar la importación y comercialización de hidrocarburos.
La invasión rusa a Ucrania ha detonado una nueva crisis en la economía mundial, que ya venia asfixiada por la pandemia de coronavirus. Una de las consecuencias directas de la invasión rusa, ha sido el alza del precio del petróleo a nivel internacional. Rusia es uno de los principales productores de petróleo y gas.
Las sanciones económicas y financieras impuestas por Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea (UE) contra Rusia, pretenden doblegar al naciente nuevo imperio ruso, pero estas sanciones tienen un efecto de rebote inmediato en el conjunto de la economía mundial. La economía esta tan entrelazada entre los diferentes países, que el bloqueo de los productos rusos (petróleo, gas, cereales, fertilizantes, etc.) se hace sentir en el conjunto del mundo, especialmente en Europa que depende el gas y del petróleo ruso.
La administración Biden se ha cortado los pies para que le quepan los zapatos. En realidad, detrás de la alharaca de las sanciones económicas y financieras a Putin y la cúpula de oligarcas rusos, se esconde la aceptación tácita por parte de Estados Unidos, de que Ucrania es zona de influencia rusa, a pesar que el imperialismo norteamericano estuvo armando y financiado al gobierno derechista que se instauró en el año 2014, alentándolo a formar parte de la OTAN, y dejándolo abandonado a última hora.
El mercado internacional del petróleo es manejado por un cartel de grandes compañías que especulan con los precios, obteniendo fabulosas ganancias. Muchas veces el precio real del petróleo no necesariamente responde al que imponen los especuladores.
En Centroamérica, una zona empobrecida por el saqueo imperialista y la agudización de la crisis del capitalismo semicolonial, el alza del precio de los combustibles ha puesto prácticamente a nuestros países al borde del colapso.
Quienes resienten directamente el alza del precio de los combustibles son los transportistas, una amplia masa de pequeños y medianos propietarios, que son lanzados a la ruina económica. Y, por supuesto, también golpea al ciudadano que necesita trasladarse de un lugar a otro.
Los diferentes gobiernos de la región han clavado muchos impuestos a los combustibles, para obtener un respiro fiscal. Mientras le hacen todo tipo de concesiones fiscales a las transnacionales y grandes empresas, los impuestos a los combustibles representan casi el 25 % del valor que el consumidor paga, esquilmando a las masas populares.
En Guatemala se paga alrededor de un dólar en impuestos por cada galón de gasolina y US$ 0.50 para el diésel. En El Salvador se paga en impuestos US$ 0.80 por galón de gasolina y US$ 0.60 por cada galón de diésel. En Honduras se paga en impuestos US$1.50 de impuestos por cada galón de gasolina y US$ 0.90 para el diésel. En Nicaragua se paga en impuestos US$0.90 por galón de gasolina y US$ 0.70 por galón de diésel. En Costa Rica se paga en impuestos US$1.60 por galón de gasolina y US$ 1.00 por galón de diésel. En Panamá se paga en impuestos US$0.60 por galón de gasolina y US$0.60 por galón de diésel.
La crisis es tan grave, que en Guatemala el gobierno de Giammattei ha decretado un subsidio de 5 quetzales al precio del diésel y 2,50 quetzales al precio de la gasolina, pero solo por dos meses. En El Salvador el gobierno de Bukele ha decretado la suspensión temporal del impuesto de guerra y COTRANS que redujo en 26 centavos dólar el precio del combustible y aumentó el subsidio hasta 8.02 dólar al gas butano, llegando al extremo de intervenir las unidades de transporte, haciendo recaer una parte de la crisis sobre los arruinados transportistas.
En Honduras, la presidente Xiomara Castro ordenó a la secretaria de finanzas absorber el 50% del último aumento del precio del diésel, una especie de subsidio parcial temporal. Todas estas son medidas insuficientes para afrontar la crisis y la inflación. Los gobiernos de Nicaragua, Costa Rica y Panamá se hacen los sordos.
La solución real el acuciante problema del alza constante de los combustibles es que en todos los países de Centroamérica se eliminen los impuestos sobre este rubro, y que el Estado nacionalice la importación y comercialización de los hidrocarburos, bajo el control de los sindicatos.
El hueco que surgirá en los distintos presupuestos nacionales debe ser llenado con un impuesto progresivo a las ganancias de las transnacionales, banqueros y grandes empresas. Es apenas un primer paso para afrontar la crisis capitalista.