Poco a poco el fenómeno natural de auto organización de los jóvenes evolucionó al comportamiento criminal. En el Triángulo Norte, las maras o pandillas asolan y atormentan a la población de los barrios populares: asesinatos, secuestros, prostitución forzada de muchas mujeres, desapariciones, extorsión a pequeños y medianos negocios, etc. En algunos casos han llegado a controlar territorios, como una guerrilla delincuencial.

Todos los gobiernos del Triángulo Norte han fracasado en erradicar el flagelo social de las maras o pandillas. En parte, porque sectores corruptos dentro de los cuerpos policiales o de las fuerzas armadas se lucraban al quedarse con una parte de los “impuestos” cobrados por las pandillas. Las pandillas reflejan la crisis de la sociedad capitalista semicolonial y la crisis del Estado, que es incapaz de garantizar la seguridad pública.

El presidente Nayib Bukele, después de haber fracasado en su tregua secreta con las pandillas, hizo una maniobra espectacular: decretó el “Estado de Excepción en marzo del 2022, que limita los derechos y libertades democráticas, y está librando literalmente una guerra abierta contra las pandillas, enviando a más de 50,000 supuestos pandilleros a una prisión especial que, en realidad, es un campo de concentración. Aunque suene una exageración, Bukele está utilizando métodos de guerra civil para aniquilar a las pandillas, afectando a justos y pecadores. El régimen de excepción se ha vuelto permanente, solidificando las bases de una dictadura.

Un sector de la sociedad salvadoreña está ligada u organizada alrededor de las pandillas, convirtiendo este flagelo en un fenómeno de masas, aunque minoritario todavía. No podemos descartar que, en futuro muy cercano, la Asamblea Legislativa de El Salvador restablezca la pena de muerte, que fue abolida en 1983.

Obviamente, que la maniobra de Bukele pretendía resolver un viejo problema social, y ganar puntos para anunciar, como lo hizo, su reelección. Pero la aniquilación violenta de las pandillas en El Salvador no garantiza la anhelada seguridad, porque la descomposición social hará surgir nuevas y más violentas formas de bandolerismo juvenil.

Los éxitos parciales de Bukele, han animado a doña Xiomara Castro de Zeleya, presidenta de Honduras, a aplicar los mismos métodos utilizados por Bukele, decretando desde el pasado 24 de noviembre un “estado de emergencia” que limita los derechos y garantías, pero de manera focalizada en algunas zonas del país.

En Honduras, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes subió de 38,9 en 2020 a 41,7 en 2021 y con tendencia a seguir subiendo en 2022. La población de Honduras es víctima de crímenes, asaltos, extorsiones, secuestros y desapariciones. Se calcula que se produjeron más de 206,000 extorsiones en el último año, y muchas de ellas no son denunciadas por temor a la represalia de las pandillas.

Tanto en El Salvador como en Honduras, la mayoría de la población clama por una solución definitiva ante la inseguridad ciudadana. Y la solución de Bukele, y también de Xiomara Castro, ha sido la brutal represión y el recorte de los derechos y garantías democráticas. Aunque inicialmente puede dar algunos resultados, esta política de exterminio violento de las pandillas, si no está acompañada de programas y políticas de reinserción social para decenas de miles de jóvenes marginalizados, está condenada al fracaso, y solo provocará una inútil masacre.

En la estrategia de combate a las pandillas se debe diferenciar a las cupulas criminales de la base juvenil que las componen. La organización comunal, con la participación de los familiares, es clave para restar base social a las maras. Hacia este sector deben estar destinadas las políticas sociales. ¿Podrán los gobiernos de Nayib Bukele y Xiomara Castro impulsar estas políticas? Seguramente no, pero las organizaciones populares debemos exigir una estrategia efectiva de combate a las pandillas, que combine las urgentes políticas sociales del Estado con el respeto a los derechos y garantías democráticas